La Cámara de Comercio de Lima (CCL). (Foto: GEC)
La Cámara de Comercio de Lima (CCL). (Foto: GEC)
/ MANUEL MELGAR
Redacción EC

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) rechazó el dictamen aprobado por la Comisión de Economía del Congreso de la República en el que dispone que el Estado ya no estaría obligado a pagar las facturas de las micro y pequeñas empresas (mypes) en el plazo referido a 30 días, tal como lo establece el Reglamento de la Ley Nº 31362, Ley de pago de facturas MYPE a 30 días.

“Instamos a la referida comisión del Congreso a modificar dicho dictamen, el misma que debilita gravemente a las mypes proveedoras en su pronta reactivación, pues el cambio en el reglamento las limita de participar en la referida ley”, advirtió el presidente del Gremio de la Pequeña Empresa (COPE) de la CCL, Rodolfo Ojeda.

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En ese sentido, indicó que ello afectará alrededor de 1.800 mypes que trabajan con el Estado, cuyas transacciones concentran el 88% de las compras estatales; es decir, ocho de cada 10 empresas son mypes que proveen al Estado.

Cabe precisar que en junio, el Ejecutivo publicó el reglamento para la aplicación del pago de facturas y recibos por honorarios hasta en 30 días, a fin de que las mypes tengan mayor liquidez y así puedan acceder oportunamente a capital de trabajo, considerando, además, que las compras estatales anuales suman alrededor de S/10.000 millones.

Añadió que del total de mypes que tienen contratos con el Estado, solo el 10% cobra de manera inmediata o dentro del plazo establecido, mientras que el resto lo hace entre 45 a 60 días e, incluso, en un plazo mayor a 180 días, debido principalmente a problemas administrativos y trabas burocráticas.

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Dijo que, a pesar de contar con este reglamento, en la práctica el plazo máximo para la cancelación de facturas no se cumple.

“Este dictamen solo agravará la situación de las mypes porque, además, la norma establece que el pagador y el emisor pueden establecer un acuerdo para extender dicho plazo, donde muchas mypes acceden porque no quieren entrar en conflicto con las empresas del Estado o empresas grandes, pues casi siempre están sometidas a sus fechas”, refirió Ojeda.