Apoyo Consultoría

El Marco Macroeconómico Multianual (MMM) para el periodo 2024-2027, publicado recientemente, enciende una señal de alerta: el prevé que el déficit fiscal se aproxime al límite establecido por la regla fiscal en el 2023 y 2024 (2,4% y 2,0% del respectivamente). En otras palabras, la diferencia entre el gasto público y los ingresos recaudados por el Estado se encontraría muy cerca del límite legal.

Esta situación restringirá la capacidad del Gobierno para responder a emergencias, como un posible impacto fuerte del Fenómeno El Niño (FEN) en el verano. Si bien el MEF proyecta un crecimiento económico del 3% para el próximo año, un FEN fuerte podría reducir esta cifra a 2%. En este escenario, el déficit fiscal se mantendría alto, en lugar de reducirse como se plantea en el MMM. Así, tendría que existir un plan de consolidación fiscal creíble hacia delante para evitar que se afecte la confianza de los inversionistas y, en un extremo, que aumenten los costos de financiamiento tanto para el sector público como el privado.

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Para que dicho plan sea posible, se deben atender por lo menos tres retos centrales: i) la baja recaudación de ingresos fiscales, ii) las presiones populistas para incrementar gasto permanente por parte del Congreso y iii) la insolvencia de empresas públicas, en particular Petro-Perú, que ha requerido apoyo fiscal en los últimos años.

Frente a estos retos, desde Apoyo Consultoría sugerimos las siguientes cinco medidas:

  1. Simplificar los regímenes tributarios para las mype: El marco tributario es complejo y desincentiva el crecimiento de las empresas al imponer un salto en la carga tributaria cuando se excede un determinado umbral de ingresos. Actualmente, existen tres regímenes especiales para micro y pequeñas empresas: el Régimen Único Simplificado (RUS), el Régimen Especial de Renta (RER) y el Régimen Mype Tributario (RMT). Planteamos mantener el RUS para empresas que facturen hasta S/ 96 mil anuales y eliminar el RER y RMT. En su lugar, se debería crear un Régimen General Simplificado para empresas que facturen entre S/ 96 mil y S/ 1 millón, límite más alineado con estándares regionales. Este nuevo régimen aplicaría la tasa del Régimen General (29,5%), y permitiría llevar una contabilidad simplificada, solo de ingresos y egresos, y depreciar el 100% del gasto de capital, lo que disminuye los costos de cumplimiento.
  2. Eliminar exoneraciones o gastos tributarios que no tienen sustento económico y evitar aprobar nuevos incentivos tributarios: Las exoneraciones tributarias representan un gasto de aproximadamente 1% del PBI, monto que podría financiar la construcción de 150 colegios de alto rendimiento o 30 hospitales de mediana complejidad. En ese sentido, proponemos eliminar la exoneración de IR para fundaciones sin fines de lucro, que incrementa el riesgo de evasión tributaria, y la exoneración del ISC a la Amazonía que incentiva el contrabando.
  3. Implementar una fiscalización tributaria conjunta y coordinada con la laboral: Según el MEF, la evasión tributaria le costó S/ 64 mil millones al gobierno en 2021, equivalente al 8% del PBI. Si se redujera al promedio regional de evasión (6% del PBI), el Estado recaudaría S/ 15 mil millones más al año. Por esto, es clave digitalizar el 100% del proceso de declaración tributaria. Esta medida permitirá contrastar datos con registros públicos, cuentas bancarias y planilla electrónica para detectar discrepancias. Además, la automatización disminuirá el tiempo y coste del pago de impuestos.
  4. Respetar la prohibición de iniciativa de gasto del Congreso e impulsar el gasto productivo, especialmente a través de la modalidad de APP: El Poder Ejecutivo debería presentar nuevas acciones legales para que se respete esta prohibición y evitar iniciativas legislativas como los aumentos salariales masivos en el sector público, que incrementan el gasto rígido y tienen un impacto dinamizador bajo sobre la economía. Un ejemplo de esto es el proyecto de Presupuesto Público del MEF, que prevé un alza salarial de más del 13% (ajustado por inflación) para el personal estatal (policías, personal de salud y maestros, principalmente), en línea con medidas aprobadas por el Congreso. Por el contrario, es crucial aumentar el gasto de capital, reactivando obras públicas y priorizando la inversión en mantenimiento de vías. Proponemos también aprovechar la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP), para asegurar el mantenimiento de la infraestructura y reducir las presiones de gasto sobre el Estado.
  5. Implementar medidas para evitar mayores presiones financieras sobre Petro-Perú y acelerar la licitación de los lotes petroleros cuyos contratos están por vencer: El año pasado, el MEF transfirió US$ 2.250 millones a la estatal para prevenir que sus problemas de liquidez afecten el abastecimiento de petróleo. Recientemente, el Gobierno se negó a otorgarle US$ 3.200 millones adicionales en préstamos y aportes de capital. Para evitar transferencias adicionales, se recomienda incrementar la transparencia financiera, atraer inversión privada y retornar temporalmente a Petro-Perú al FONAFE con el objetivo de reducir la influencia política y mejorar la gestión. Por su parte, aunque el Minem no cederá directamente a Petro-Perú los tres lotes petroleros con contratos próximos a vencer, le encargará su operación hasta encontrar una nueva concesionaria. Dado que la empresa no cuenta con la capacidad financiera de enfrentar las inversiones que podrían requerir estos lotes en el futuro, resaltamos la importancia de acelerar el proceso de licitación para evitar la necesidad de nuevos rescates por parte del Gobierno.

Estas medidas son necesarias, pero no suficientes para garantizar que el déficit se reduzca en los próximos años. La política más rentable y eficiente es retomar la agenda de medidas en favor del crecimiento económico y la formalización para mejorar la recaudación, fortalecer la confianza internacional y asegurar la sostenibilidad fiscal en el futuro.