Perú estaría muy cerca de perder su valiosa posición como el segundo mayor productor mundial de cobre, puesto que viene ocupando sostenidamente desde el 2009 y que lo coloca en boca de todos los grandes inversionistas mineros.
Ahora, esa distinción pasaría a manos de la República Democrática del Congo, país cuya producción del metal rojo viene creciendo sostenidamente, al extremo de que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) la equipara ya a la del Perú.
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Es más, un reciente informe del Fondo Monetario Internacional – reseñado por Bloomberg en febrero pasado - advierte que la nación africana podría desbancar al Perú si continua con su ritmo anual de crecimiento económico (mayor al 6%), impulsado por la minería de cobre y cobalto.
“Congo nos puede ganar. No es un sueño sino una pesadilla que se volvería realidad”, apunta Iván Arenas, experto en conflictos sociales mineros, en una columna publicada en El Montonero.
El analista cita las últimas cifras del Banco Central del Congo, que señalan un crecimiento de 23,6% en la producción de cobre congolés, para un total de 2,36 millones de toneladas en el 2016.
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Esto es, una diferencia de menos de 100 mil toneladas respecto a la conseguida por el Perú en el mismo año: 2,44 millones de toneladas, volumen, este, que apenas se ha movido en los últimos seis años.
Por el contrario, la producción de cobre del Congo se ha triplicado en el mismo periodo. Y se espera que siga creciendo fuertemente este año y el siguiente, fundamentado, principalmente, en la inversión de la minera estadounidense Ivanhoe Mines, la cual busca duplicar la producción de su mina Kamoa-Kakula, de 300 mil a 600 mil toneladas, para el 2024.
“El detalle de todo lo anterior es que Congo ha empezado una movilización nacional para fortalecer las áreas débiles en cuanto a infraestructura, seguridad y el agua para la generación de energía para las nuevas inversiones”, escribe Arenas.
En contrapartida, los conflictos sociales y las demoras en la aprobación de los permisos ambientales para minería, frenan el desarrollo de esta industria en el Perú.
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Se trata, en el primer caso, de una “guerra abierta que una minoría activa, movilizada y extremadamente ideologizada le ha declarado a la minería moderna”, precisa Arenas.
Y, en segundo término, está el propio Estado, que ha generado una maraña de ‘permisología’ y que es “incapaz de utilizar el enorme presupuesto de la tributación minera (para proyectos sociales) y de imponer el Estado de derecho”, agrega el especialista.
Precisamente, para lidiar con la maraña de permisos que impiden el normal desarrollo de los proyectos mineros, el gobierno ha anunciado el inicio de una cruzada para simplificar los procedimientos administrativos y promover las inversiones mineras sostenibles, la cual será liderada por la PCM.
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