Inversión pública. (Foto: GEC)
Inversión pública. (Foto: GEC)
Redacción EC

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, que preside la congresista Rosangella Barbarán Reyes (FP), aprobó por mayoría el dictamen que propone la Ley que impulsa a la inversión pública regional y local con participación del sector privado.

El mencionado dispositivo se sustenta en los Proyectos de Ley 1072/2021 y 2411/2021 propuestos por Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu (FP) y Diana Gonzales Delgado (AvP) respectivamente; así como el Proyecto de Ley 3085 del Poder Ejecutivo.

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La norma fue aprobada con 12 votos a favor, dos votos en contra y dos abstenciones. La iniciativa legislativa modifica diversos artículos de la mencionada Ley 29230.

En cuanto a la ejecución de inversiones de las entidades del gobierno nacional autoriza la ejecución de proyectos de inversión en materia de salud para la reducción de la anemia y la desnutrición infantil y además la construcción de viviendas rurales en zonas de friaje extremo declarada por el gobierno central.

Durante el debate, la congresista Diana Gonzales Delgado sostuvo que los inversionistas privados no van a cerrar las brechas en infraestructura por sí solos, sino que deben convertirse en “actores estratégicos para disminuir las brechas en infraestructura”.

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Mientras que Lizarzaburu enfatizó el hecho de que con esta iniciativa se dinamizarán los proyectos de inversión, y ello debe traducirse “en generación de empleo y lograr la realización de las obras”.

Señaló que el dictamen tiene como objetivo central dar un impulso al mecanismo ya existente, de manera que se transforme en una verdadera oportunidad para que el sector público y el sector privado trabajen unidos en la reducción de la brecha de infraestructura existente en el país, especialmente en aquellas zonas declaradas en emergencia o con mayor necesidad de inversión pública.

“Mediante este mecanismo, las empresas privadas adelantarán el pago, no únicamente de su impuesto a la renta si no de sus obligaciones tributarias en general, para financiar y ejecutar directamente, de forma rápida y eficiente, proyectos de inversión pública que los gobiernos subnacionales y las entidades del gobierno nacional priorizan”, explicó.

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