¿Cómo las oficinas de las entidades financieras han ayudado a bancarizar el interior del país?

Justamente la apertura de cuentas de ahorro y el acceso a créditos son las principales herramientas de la inclusión financiera. En nuestro país hay mucho por hacer en este campo, pero en el Congreso, sobre todo, optan por aprobar leyes absurdas que perjudican la inclusión financiera, según los expertos.

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Podemos darnos una idea de la magnitud del desafío —con sus respectivas limitaciones— con la evolución de las agencias colocadoras de créditos y captadoras de ahorros de las entidades financieras.

En el último decenio, el número de oficinas del sistema financiero tanto estatal como privado creció en 31,8%. En el 2011, en promedio, por cada distrito del Perú habían 1,2 oficinas y en el 2020, subió a 2,4. Sin embargo, los promedios ocultan la realidad. En el 2011, las sucursales de las entidades financieras estaban concentradas en el 25,4% de los distritos del país y en el 2020, solo en el 27,2%.

Incluso, si se filtra la información a los distritos ubicados fuera de Lima y Callao, cuya incidencia de pobreza es superior al 35%, en el 2011, de 1.000 distritos que se encontraban en esa situación, solo 147 tenían al menos una sucursal financiera. En el 2020, de esos 1.000 distritos en el mapa de pobreza, solo 164 tiene al menos una agencia.

Aunque la cantidad de distritos pobres con oficinas es menor en comparación con el número de total de localidades que enfrentan dicha situación, la ‘colonización’ de las entidades financieras, en esos lugares, ha permitido, por ejemplo en el 2011, otorgar créditos por un total de S/1.019 millones y custodiar depósitos por S/736,8 millones, según las estadísticas de créditos directos y depósitos por oficinas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Para el cierre del 2020, la oferta de prestamos en estos distritos sumó los S/4.318,6 millones y la captación de ahorros, S/3.175,4 millones.

LOS COSTOS DE LA COLONIZACIÓN

¿Por qué en el país con mejor entorno para la inclusión financiera no se pueden expandir más oficinas?

A decir de Marcelino Encalada, gerente de Negocios de la Caja Piura, la situación obedece a los altos costos operativos que demanda abrir una sucursal en esos lugares. “El costo es alto sobre todo por la mano de obra”, comenta.

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Explica, por ejemplo, que en la zona urbana, se puede captar a 100 clientes en una misma cuadra, pero en la zona rural, por la dispersión, solo se puede alcanzar a esos 100 clientes en un radio de 10 kilómetros, lo que demanda más horas al personal de la caja para visitar y evaluar a los clientes.

“La zona rural está compuesta por caseríos que están dispersos y uno tiene que desplazarse para llegar a los clientes. Al no tener ellos historial de créditos, se tiene que ir a validar la información que te dan y el gran problema es que los domicilios no están numerados. Por lo general, te mueves por referencia a la carretera tal o al camino tal, pero no hay una dirección específica”, detalla.

Dada esas condiciones, Encalada comenta que si en la zona urbana un analista de créditos puede captar a 200 clientes en un mes, en la zona rural apenas llega a 50. Por ello, argumenta que alcanzar el equilibrio o las cifras en azul puede demandar, en promedio, tres años.

“El punto de equilibrio, por lo general, se cubre con S/10 millones en cartera de créditos. Como en esas zonas, el préstamo promedio va entre S/2.000 y S/5.000, y en la medida que van pagando puede llegar a S/20.000. Si dijéremos que S/10.000 es el crédito promedio, eso implicaría que se requerirían de 1.000 créditos para alcanzar el equilibrio. Llegar a ese número de clientes es difícil”, sostiene.

Por dicha razón, según el funcionario, de las 297 sucursales con las que cuenta la Caja Piura, alrededor del 20% reportan pérdidas y mantienen la apuesta por estas porque están en proceso de maduración y presentan potencial para bancarizar. Además, recuerda que la caja ha tenido “gratas experiencias” en la colonización de zonas rurales.

“En [el distrito de] Huancabamba, [en el departamento de Piura], cuando recién entramos estaba solo el Banco de la Nación y una cooperativa, que cobraba tasas bastantes altas. Luego que Caja Piura empezó a operar ingresaron otras entidades. Mira cuántas oficinas había en Huancabamba en el 2000 y cuántas hay ahora”, precisa.

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Que en los distritos más pobres, el monto promedio de los créditos demandados sea más bajo en comparación con las zonas urbanas y que su oferta esté limitada por la menor densidad poblacional o la dispersión de los clientes, conlleva a que el costo operativo de colocarlo en esas zonas sea alto.

“Si tengo que originar un crédito de S/1.000 para un cliente con alta informalidad, el costo de fondeo [captar el dinero] no es lo relevante, tampoco la mora, sino el costo operativo se lo lleva de encuentro”, resalta Javier Ichazo, gerente general de Mibanco.

Según un estudio de los economistas del Banco Central de Reserva, Marylin Choy, Eduardo Costa y Eloy Churata, el costo del crédito, en el Perú, está conformado por los intereses en que tienen que pagar las entidades por el financiamiento que toman para prestar. También, forman parte los gastos operativos, el costo en que se incurre en las reservas por malos créditos y el margen de ganancia o costo de capital.

A decir de Ichazo, de los cuatro componentes del costo del crédito, el operativo es el más importante por el personal que se necesita para otorgar un crédito. Explica que, por ejemplo, para brindar un préstamo de S/1.000 a un cliente informal, su entidad debe enviar a una persona al negocio del emprendedor para ayudarle hacer un inventario de las mercaderías que posee, le revise las boletas de compra que pueda tener y el cuaderno de ingresos, para junto con el cliente elaborar un flujo de caja y determinar si va poderXEJQ5WDRTNHPPDOEFAC34CVQJ4 afrontar la deuda.

“Nuestro modelo de negocio al ser relacional, hacemos que nuestro asesor visite al cliente en el lugar de residencia y donde tienen el negocio. Por ello, el primer costo que nos pega duro es el del personal, porque se le tiene que pagar salarios competitivos y solventar su desplazamiento”, indica Luis Germán Linares, gerente general de la Financiera Confianza, entidad de la Fundación BBVA Microfinanzas.

Linares estima que el gasto del personal puede representar el 60% del total de costos.

También dentro del costo operativo, según Ichazo, existe otro no menor como el de operar la infraestructura. Así, cita como ejemplo el presupuesto que demanda transportar efectivo a las agencias: “mientras la oficina es más alejada, las empresas transportadoras te cobran más por ‘milaje’ y ‘millaje’, es decir, por los miles de soles transportados y las millas recorridas”.

CASI CERO ‘PERRO MUERTO’

Contrariamente a lo que se pueda esperar, el costo que demanda a las entidades hacer reservas por los créditos malos no es tan alto en las zonas rurales.

Encalada precisa que la población en la zona rural no conoce la práctica de ‘perro muerto’, vale decir, no cumplir con sus pagos, porque no quieren dejar mal parado al pueblo. Él señala que dichas localidades están organizadas por rondas campesinas que se encargan, muchas veces, de decirles a los deudores que tienen que honrar sus obligaciones para evitar dejar mal a la comunidad.

“El tema de ‘perro muerto’ lo descalifica a un pueblo, por ello, pueden existir algunos clientes malos, pero no es la norma”, menciona encalada.

Asimismo, Ichazo sostiene que en estas localidades, por lo general, las personas son honestas, con lo cual, si dejan de pagar es porque algo les pasó: “Se les incendió el puesto, le robaron o alguna otra cosa, pero no es usual encontrar sinvergüenzas ahí”.

DETERMINACIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS

Las tasas de interés que se cobran por los créditos deben cubrir sus costos que, además del operativo y de riesgo de incumplimiento de pago, se encuentran el de conseguir el dinero para prestar (conocido también como fondeo) y la rentabilidad que buscan las empresas.

Ichazo menciona que el costo de fondeo tampoco es tan oneroso.

De acuerdo con Encalada, en el caso de las cajas municipales es algo superior frente a la banca, por la prima de riesgo que deben pagar al tener como accionistas a una municipalidad. Señala que, en promedio, su costo de fuentes de financiamiento es de entre 3% y 4% del capital accedido.

Sobre el retorno que buscan las empresas, Guillermo Fajardo, expresidente de la otrora Financiera Edyficar, afirma que para abrir una oficina en una zona rural es clave la utilidad de la empresa; “porque no solo se trata de prestar por bancarizar y punto, sino tienen que generarse utilidades”.

Así, por todos los costos que involucra otorgar un microcrédito en el sector rural, Fajardo comenta que las tasas de interés pueden llegar al 100%, pero este préstamo se termina pagando con los altos márgenes que obtienen las mypes tras invertir el capital. Además, agrega que en la medida en que los montos de crédito aumentan, los costos de colocación disminuyen y, con ello, las tasas de interés.

“Cuando estaba en [la ONG] Care hice un ejercicio. La señora que me vendía cigarrillos por unidad generaba un retorno del 100%. Le pregunté cuántos cigarrillos vende y me contestó dos o tres cajetillas al día, pero que vendería más si tuviera más plata para comprar otras marcas. Le prestamos y empezó a vender 7 cajetillas al día, con lo cual, pagar S/120 de cuota mensual le resultaba rentable”, precisa Fajardo.

Que al cliente le va vaya bien y empiece a demandar créditos de mayor monto, no es la única forma que dispone para acceder a menores tasas de interés, también están los beneficios de la competencia, asegura Encalada.

El representante de la Caja Piura explica que una vez que las mypes son bancarizadas, empieza la disputa entre las entidades de microfinancieras y de bancos por llevárselas a cambio de tasa de interés menores.

“En la actualidad estamos enfrentando esa agresiva competencia de los bancos que compran las deudas de nuestros clientes a tasas de entre el 7% y el 7,5% y nosotros no podemos competir con esos precios. Lo que hacemos las cajas es renunciar a esos clientes y salir a buscar nuevos mercados”, comenta.

LA BANCA ESTATAL EN LA INCLUSIÓN FINANCIERA

En el 2011, por cada diez agencias de las entidades financieras, cinco pertenecían a la banca, dos a las cajas municipales, una a las cajas rurales, una a las financieras, una a las edpymes y una a la banca estatal, sobre todo al Banco de la Nación.

No obstante, si el número de oficinas se reduce a los distritos del interior del país más pobres, por cada diez agencias, la mitad pertenece a la banca estatal, dos a las cajas municipales y una al resto de subsistemas.

Luis Matías Sternberg, gerente de Banca de Desarrollo e Inclusión Financiera del Banco de la Nación, explica que el papel de inclusión financiera de su representada se concentra en la búsqueda de herramientas que permitan incluir al sistema financiero a los beneficiarios de los programas sociales.

También, en los lugares en que el Banco de la Nación es única oferta bancaria (unas 380 agencias) brinda la posibilidad, a los usuarios de la zona, de abrir una cuenta de ahorros. No obstante, la mayor cantidad de depósitos de personas que capta la entidad es de los trabajadores del sector público. Incluso, únicamente puede colocar créditos a estos trabajadores.

Además, un tercer camino en el papel de inclusión del banco es el convenio que hace con las entidades financieras privadas para compartirles su infraestructura y ayudarlos a bancarizar.

Fajardo señala que estos convenios han sido claves para que las tasas de interés que se cobran en las zonas con mayor participación del sistema financiero se puedan cobrar también en las zonas rurales. Esto, debido a que los convenios, mediante un alquiler, permiten a las entidades privadas usar la infraestructura, los recursos, los sistemas, la seguridad y, en algunos casos, líneas de financiamiento del Banco de la Nación, reduciendo el costo de abrir una oficina desde cero.

Así, una vez que la entidad testeó que es posible crecer en la zona, se separa del banco estatal.

“Este convenio nos permite poner a uno o dos de nuestros ejecutivos dentro del Banco de la Nación. Nosotros llegamos a través del banco a localidades en que el tamaño del mercado no nos da como para poner una oficina propia. Nos apalancamos del rol subsidiario del Banco de la Nación para brindar servicios financieros a través de ellos. Esta es una de las maneras de llegar sin tener que incurrir en pérdidas enormes”, indica Ichazo.

EL MITO DE LA TECNOLOGÍA

Se ha habla mucho del papel de la tecnología para reducir los costos del crédito en las ciudades más alejadas. Ichazo busca romper mitos sobre el tema.

El ejecutivo afirma que si bien se puede usar la tecnología para llegar a los segmentos más pobres a bajos costos, la realidad del Perú es que la adopción de la tecnología está en proceso, porque dicho segmento de la población no está habituado a esta, ni tampoco todos tienen un smartphone y pueden abrir cuentas con reconocimiento facial.

“Esto es un proceso de educación de los clientes. No es que todos sean nativos digitales”, menciona.

A este problema se suma, según Nancy Goyburo, especialista en microfinanzas, la falta de ecosistema que existe para poder usar la tecnología. Cita por ejemplo el caso de la billetera electrónica BIN, que no tiene la cobertura que se necesita para incluir financieramente, por la falta de un ecosistema que permita ser aceptado por todos.

Por ello, Goyburo asegura que se necesita decisión política que permita ejecutar la estrategia nacional de inclusión financiera que posee el país y ha sido consensuada por todos los actores.

Para Fajardo es más importante encontrar mecanismos para reducir los costos de bancarización más que fijar topes a las tasas de interés, porque “si se ponen topes a las tasas de interés, sin duda alguna, no se podrá atender a la microempresa de sobrevivencia”.

“Fijar topes a las tasas de interés tendrá efectos demoledores en la bancarización y erradicación de la pobreza en el Perú”, precisa Suárez, de Confianza.

“Con los límites a las tasas se va a afectar la bancarización, sin ninguna duda. Me da pena de que los legisladores lo sepan y aun así hayan insistido por una ley tan absurda. No hay un técnico en ese país que haya dicho que eso está bien”, menciona Ichazo.

Lo peor es que la norma del Congreso de fijar topes a las tasas de interés de los créditos empeorarán la situación de la bancarización en las zonas rurales, que ha sido golpeada por la pandemia. Por ejemplo, Encalada, de la Caja Piura, sostiene que en los últimos cinco días su institución tuvo que cerrar 22 oficinas en las zonas de riesgo extremo de contagio, debido a la infección de su personal.

A ello se suma, según Encalada, que los consultores de negocios o el personal de las entidades temen a ser contagiados por salir a trabajar. “Tenemos un plan de expansión, pero por el momento lo hemos dejado en ‘stand by’. No podemos seguir creciendo porque la pandemia nos ha restringido”, subraya.

Así, hay una serie de factores que conllevan a que sea costoso bancarizar en el Perú, pero este no se puede reducir fijando topes a las tasas, ya que solo generaría la exclusión. Además, la bancarización ha sido golpeada por la pandemia y requiere de medidas sensatas de las autoridades para ayudar a revertir el problema.

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