Cónclave minero, por María Rosa Villalobos

A luz de los que se escuchó y expuso en la Ciudad Blanca la semana pasada, una de las conclusiones más claras del cónclave minero fue que se debe, desde todos los frentes, apoyar e impulsar a este sector de la economía.

Desde el Ejecutivo, Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, aseguró que se promoverán las exploraciones mineras. Este mensaje estuvo acompañado, además, de un estimado en pérdidas: los conflictos sociales han costado alrededor de S/20 millones al país. Esto es, alrededor de 2,3 puntos porcentuales de crecimiento del sector minero metálico. Así, el Gobierno muestra claridad y lucidez respecto al entendimiento de la importancia de este sector para que el motor económico siga funcionando. No obstante, como he repetido más de una vez en este espacio, continúa siendo imperativo que el decir se condiga con el hacer, tarea en la que el Ejecutivo tiene aún mucho por delante si tiene como objetivo realmente generar la confianza suficiente para impulsar las inversiones en este sector.

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El titular de la PCM hizo hincapié en que la riqueza que genere la minería debe visualizarse en mejores oportunidades para sus zonas de influencia y el Perú. Difícilmente alguno de los asistentes a la convención minera podría pensar lo contrario. Y es que, la minería formal es una de las industrias que más ha avanzado en tecnología, pero también en ESG. La generación de bienestar es ya un objetivo casi trasversal en la industria por una razón: la evidencia relacionada a la gestión de conflictos. Sería poco estratégico y poco eficiente que teniendo ejemplos vivos y aún en procesos de solución como son Tía María y Las Bambas –y nos vamos más atrás, Conga- la industria no preste la suficiente atención a la relación que se tiene con las comunidades, y más aún, con los gobiernos regionales y locales. Incluso, el nivel de discusión está un poco más avanzada. Ya no se trata solamente de generar bienestar, sino de medirlo de manera constante, pues es esa la única manera de realizar ajustes oportunos. ¿Por qué? Porque las relaciones entre las empresas extractivas formales, los tres niveles de gobierno y las comunidades son de largo aliento. Se trata de una convivencia que, por lo general, se extiende por más de 10 años.

No es que el sector no haya cometido errores, pero si se mira el bosque completo, el Ejecutivo tiene una tarea aún más retadora que impulsar la exploración minera: continuar la lucha contra la minería informal e ilegal, que no solo es más dispersa, sino también más difícil de gestionar en términos políticos.