Cerca de 500 personas ingresaron a las instalaciones de la empresa Apumayo y causaron destrozos en la mina aurífera. (Foto: Coracora TV)
Cerca de 500 personas ingresaron a las instalaciones de la empresa Apumayo y causaron destrozos en la mina aurífera. (Foto: Coracora TV)
Redacción EC
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La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) criticó al Gobierno por su falta de reacción frente a los recientes actos vandálicos que se han producido en algunas mineras de Ayacucho, Áncash y otras regiones del país.

“Lamentamos profundamente que frente a estos actos vandálicos no exista una condena explícita y una reacción oportuna por parte del gobierno, para mantener el diálogo y asegurar la tranquilidad de las comunidades y los trabajadores, la protección de la propiedad privada y el libre tránsito, y el respeto al Estado de Derecho”, dijo el gremio empresarial en un comunicado.

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El pasado jueves 28, los pobladores de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara iniciaran un paro indefinido para pedir el retiro de las empresas mineras de sus territorios. Cerca de 500 personas ingresaron a las instalaciones de la empresa Apumayo y causaron destrozos en la mina aurífera.

Por otro lado, la compañía Antamina decidió suspender sus operaciones en Áncash por un paro campesino que bloquea una de sus rutas de acceso a las instalaciones. Los manifestantes alegan que la empresa usurpó terrenos, además de exigir mejores condiciones sociales.

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“Exhortamos al gobierno a realizar todas las acciones necesarias que conduzcan a restablecer la paz social en las regiones afectadas en beneficio de sus comunidades”, añadió Confiep.

Por otro lado, la confederación pidió al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, que se rectifique por sus “declaraciones tendenciosas y parcializadas” para tener “un diálogo que nos conduzca a la solución de los problemas”.

Torres señaló en la víspera a un programa de TV que se debe investigar a los accionistas de Antamina para saber si es que estos buscan promover la vacancia presidencial contra el presidente de la República, Pedro Castillo.

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