El Pleno del Congreso de la República aprobó por insistencia los proyectos de ley N° 1046/2021-CR y N° 1292/2021-CR que establecen una nueva Ley del Teletrabajo. La votación fue realizada en la madrugada de hoy y los resultados fueron 97 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones.
La norma delimita la definición de teletrabajo como una modalidad de prestación de servicios caracterizada por el uso de plataformas tecnológicas digitales y que el trabajo se realiza sin la presencia física del empleado en el centro de labores.
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Para que se realice este tipo de empleo, ambas partes deben pactar el contrato de trabajo al inicio a durante la relación laboral. El trabajador puede solicitar a su empleador el cambio de sus condiciones de trabajo, que pueden ser aceptadas o denegadas. El empleador también puede hacer “uso de u facultad directriz” para variar la modalidad de prestación de servicios de presencial a teletrabajo o viceversa.
Asimismo, la ley establece como obligaciones de la empresa contratante la entrega de “equipos y el servicio de acceso a internet, o asignar las compensaciones económicas por la provisión de estos al teletrabajador, además de la compensación del consumo de energía eléctrica”.
Además, el empleador está obligado a respetar la desconexión digital de sus trabajadores, que asciende, al menos, a 12 horas diarias. Los plazos máximos de la jornada laboral son los mismos “aplicables al trabajador que labora de manera presencial”.
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Esta norma reemplazará a la Ley de Teletrabajo, que fue aprobada en el año 2013, y a la Ley de Trabajo Remoto, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2022. El proyecto establece que una vez publicado el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo debe reglamentar la ley en un plazo máximo de 90 días calendarios desde su emisión. Luego de esto, las empresas tendrán un plazo máximo de 60 días calendarios para adecuar a sus empleados que realicen teletrabajo y trabajo remoto a la nueva ley.
“Hasta el año 2019 [la Ley de Teletrabajo] solo había logrado poco más de 2.000 personas pudieran acogerse. El país requiere una ley que otorgue seguridad jurídica, confianza y predictibilidad para los trabajadores y para los empleadores durante la pandemia”, señaló Adriana Tudela, congresista de Avanza País y autora del proyecto.
Cabe recordar que en julio el Ejecutivo observó esta ley indicando que deja abierta la posibilidad de que sea el trabajador el que compre o emplee sus propios equipos de labores, asumiendo él los gastos. Asimismo, advirtieron que la compra de equipamiento digital afectaría la estabilidad presupuestaria para las entidades públicas.
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