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El pleno del Congreso aprobó un proyecto de ley que establece una prórroga de dos años los procesos concursales que se encuentran en etapa de disolución o liquidación en marcha. Con esto, los trabajadores de Doe Run cuentan con dicho plazo para completar la compra de los activos de la minera junto a su socio Samsel Group.
El citado proyecto de ley introduce modificaciones a la Ley General del Sistema Concursal. En detalle, plantea que "en el caso de empresas titulares de concesiones se podrá prorrogar excepcionalmente por el plazo de dos años y por única vez" los procesos concursales en etapa de disolución o liquidación en marcha.
También señala que, si no se consigue la venta de activos de empresas comprendidas en procesos concursales luego de tres convocatorias a remate, la Junta de Acreedores podrá optar por la venta directa o subasta pública y privada.
La norma fue aprobada en primera votación con 70 votos a favor. Luego, a solicitud del congresista Miguel Elías Ávalos, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, la norma fue exonerada de segunda votación con 68 votos a favor, 5 en contra y 15 abstenciones. Durante el debate, el parlamentario Marco Arana se mostró en contra de la iniciativa.
COMPRA EN SETIEMBRE
El plazo de la liquidación en marcha de Doe Run vencía el lunes 27 de marzo. Después de esa fecha, se iba a pasar a liquidación simple y con ello se habría dado el cese de más de 2,500 trabajadores.
"Saludamos la decisión. El Congreso ha evitado que la empresa entre en liquidación simple", dijo Luis Castillo, delegado titular de los trabajadores de Doe Run ante el Indecopi.
Como se sabe, los trabajadores solicitaron la adjudicación de los activos de Doe Run -la mina Cobriza (Huancavelica) y el complejo metalúrgico de La Oroya (Junín)-, y para concretar esta compra se asociaron con Samsel Group.
La Junta de Acreedores estableció que por ambos activos los trabajadores deben desembolsar US$70 millones por la mina Cobriza y US$68 millones por la planta metalúrgica de La Oroya.
Castillo afirmó que Samsel Group ya inició los procedimientos para transferir US$250 millones al Perú a fin de financiar la compra de los activos de la minera; mientras que las acreencias de los trabajadores ascienden aproximadamente a US$70 millones.
"El cierre de la compra de los activos de Doe Run no debe pasar de la primera quincena de setiembre", sostuvo Castillo.
Además, comentó que tienen previsto con Samsel Group inyectar US$100 millones para reanudar las labores en la planta metalúrgica de La Oroya y fortalecer las operaciones en la mina Cobriza.
"Ya hay acuerdos definidos. Samsel Group va a recontratar a todos los trabajadores y respetará los convenios colectivos. Pero el ingreso de los trabajadores al complejo de La Oroya va a ser paulatino", acotó.
