Se sumaron 63 mil trabajadores a la planilla pública en el 2020 por la crisis sanitaria

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En la presentación del “Informe de las Características del Servicio Civil Peruano 2021″, la funcionaria anotó que, al cierre del 2020, la planilla electrónica registró 1 millón 514 mil servidores estatales. Además, dijo que las nuevas contrataciones a nivel nacional se concentraron principalmente en el personal asistencial de salud, a fin de reforzar la atención de la emergencia sanitaria originada por el COVID-19. La mayor parte de las contrataciones se realizaron bajo el Régimen CAS (que se incrementó de 317 mil trabajadores en el 2019 a 377 mil en el 2020).

Reforma lenta

Consultada por El Comercio sobre las principales razones del lento avance de la reforma del servicio civil, la ejecutiva señaló que, para llevar a cabo una reforma de gran envergadura como la del servicio civil, es necesario contar con tres ejes: la voluntad política, presupuesto y un organismo técnico que esté en condiciones de impulsar la implementación de dicha reforma.

Sobre el primer punto, Boyer señaló que debe haber un lineamiento político desde el más alto nivel. “Nos hemos encontrado en estos últimos cinco años con presidentes con distintas voluntades para impulsar esta reforma, y es importante que la voluntad política esté alineada en el sentido de impulsarla, y lamentablemente, se han impulsado nomas que han perforado la reforma”, dijo.

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En cuanto al segundo aspecto, dijo que la mejor forma de “matar” normas es desfinanciarlas. “A inicios de la reforma el presupuesto asignado fue importante, pero ha tenido altibajos, posiblemente por temas de pandemia en los últimos años”, añadió.

Germán Lora, socio del Estudio Damma, señaló que una de las razones por las que la reforma del servicio civil ha sido lenta, es porque las instituciones públicas no le han dado la debida importancia y no se han involucrado seriamente. Además, la reforma no solo resulta muy complicada y costosa, sino que falta voluntad política para sacarla adelante.

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“No hay conciencia política, es muy trabajoso llevarla a cabo y como consecuencia cuesta mucho y hay personas a las que no le conviene que haya una carrera administrativa seria porque en el sector público pasan desapercibidos”, señaló.

Jorge Toyama, socio del Estudio Vinatea & Toyama, coincidió en que para avanzar con la reforma se requiere de presupuesto porque supone equiparar beneficios y agregó que, desafortunadamente, existe un temor hacia la meritocracia.

“La reforma presupone transparencia en la gestión de personas y funcionarios de tal manera que los mejores sean los que ingresen al sector público. Creo que hay un temor político a la meritocracia”, anotó.

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Traspaso de servir

Sobre la intención de adscribir Servir al Ministerio de Trabajo (MTPE), Boyer señaló que la institución que lidera se encuentra en desacuerdo ya que, según el informe de la Secretaría de Gestión Pública (SGP), Servir es la única autoridad competente para definir este tipo de transferencia, ha señalado que ambas entidades tienen funciones totalmente distintas.

“Servir tiene como principal misión asegurar que los servicios que se prestan al ciudadano sean de calidad y ello será posible con mejores personas en el Estado, que sean profesionales e idóneas para los cargos que ejerzan. En cambio, el MTPE tiene una gestión sectorial que apunta a la promoción del empleo privado”, señaló.

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Para Boyer, es importante entender que -como consigna el informe de la SGP-, Servir es una autoridad autónoma y al pasar al Ministerio de Trabajo podría perder autonomía, debilitarse o podría perder el propósito para el que fue creado.

Toyama coincidió y destacó que no se puede subordinar la entidad al MTPE y debe mantener su autonomía.

“El Ministerio de Trabajo debe seguir concentrándose en el sector privado cuya mayor problemática es la informalidad, seguros, incumplimientos y Servir se concentra en el sector público cuyos problemas son la meritocracia y el liderazgo en la gestión pública”, señaló.

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Reformas laborales

Para Lora, actualmente el Estado es muy complicado y para iniciar una integración de los regímenes laborales debe iniciarse por sincerar las planillas y sus necesidades.

“Existen direcciones con 15 personas cuyos objetivos pueden lograrse con 3. Se debe seleccionar qué gente necesito y a partir de ahí trabajar una reforma del Estado”, dijo.

Toyama comentó que las normas ya están hechas y hay entidades preparadas para ya aplicar el servicio público al 100%, y, aunque es un tema progresivo que tomará de cinco a diez años, lo único que falta es una decisión política y económica.

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Régimen CAS

Respecto a los servidores que forman parte del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), éstos se incrementaron de 317 mil en el 2019 a 377 mil en el 2020, especialmente en el sector salud. El incremento se ha dado de forma sostenida en el 2020, y al mes de diciembre el número de servidores públicos CAS se incrementó en 32% respecto a inicios de ese año.

En cuanto al nivel educativo, el porcentaje de servidores públicos con educación superior universitaria culminada no mostró mayor variación en los años analizados: 2013 y 2020. Un comportamiento similar se presentó en los servidores con educación superior no universitaria, manteniendo niveles alrededor del 28%. Al 2020, el 18% contaban solo con educación secundaria.

Costos

El costo total de la planilla estatal en el 2020 ascendió a más de S/ 61 mil millones, y el incremento respecto al 2019 fue del 11%. En tanto, la contratación CAS representó el 19% del costo total de la nómina, mientras que, en referencia a las carreras especiales, el mayor costo se concentró en el personal de la Carrera Pública Magisterial (23%).

Respecto al gasto en personal y obligaciones sociales, solo del Gobierno Nacional el incremento comparado con el 2019 es mayor en los sectores, como la Junta Nacional de Justicia (32%), el Jurado Nacional de Elecciones (12%), Salud (11%) y Poder Judicial (11%).

Por otro lado, en el 2020 se mantuvo los mayores gastos en los sectores: Interior, Educación, Defensa y Salud. Así también, se evidenció que sectores como Comercio Exterior y Desarrollo e Inclusión Social, así como el Congreso de la República, disminuyeron sus gastos por este concepto en porcentajes mayores al 11%.

Finalmente, analizando la participación de los servidores públicos por sexo, se evidenció que un 53% fueron hombres y un 47% mujeres. Y, comparando la participación de los servidores por grupo etario se reveló que de tres o cuatro de cada diez trabajadores se encontraban entre los 30 y 44 años, una proporción similar a los de 45 a 64 años.

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