"Los contratos temporales aumentaron antes de la sentencia del TC"

El ministro de Trabajo, Christian Sánchez, da a conocer su opinión sobre cómo resolver el problema de la informalidad y los próximos pasos de su gestión para brindar acceso al empleo a los jóvenes.

—¿Cuál es la situación de la administración del trabajo en el Perú?
La administración del trabajo en el Perú se empezó a debilitar. Tiene que ver con el modelo desperdigado y atomizado, y que no se ha afrontado, del servicio civil, que se está implementando ahora con Servir. Tiene que ver también con las deficiencias y la pérdida de la rectoría del servicio civil en el ámbito nacional. Los sectores requieren de burocracia cada vez más profesional. Se necesita una administración fuerte, no necesariamente más grande, pero sí con presupuesto suficiente y con un recurso humano potente como una organización privada.

—¿Pero también hay otros problemas como la informalidad?
Este es un problema del sector trabajo con el mercado de trabajo. Aquí entro con cuatro líneas sectoriales básicas, que hemos reportado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), de cara a la investidura. La primera de ellas es no mirar solo al sector trabajo, porque, lamentablemente, cada vez que entraba un ministro de Trabajo que era laboralista miraba al Viceministerio de Trabajo y olvidaba al Viceministerio del Empleo. Al Viceministerio del Empleo y al tema de empleo, hoy por hoy, hay que darles una mirada. Hay que repensar los programas de empleo.

—¿Cuál es la situación de los programas de empleo?
Nos hemos encontrado con cuatro programas en el sector empleo y, excepto algunos matices, algunos hacen lo mismo. Tenemos Impulsa Perú y Jóvenes Productivos. Ambos podrían conformar un mismo programa potente. Actualmente están segmentados y duplican burocracia, órganos de apoyo y gasto corriente, que se podrían juntar. Trabaja Perú también tiene que ser reestructurado. Hay un problema histórico de clientelaje político en los programas, que tiene que ser contenido y visto con una mirada más técnica. Los programas de empleo queremos reorientarlos para atacar un problema central, que es el acceso de los jóvenes al empleo.

—¿Cuál es el futuro del proyecto del ministro Grados?
Tenemos que sentarnos con el Congreso a escuchar el dictamen de la Comisión de Trabajo. Va a haber espacios y tenemos que pasar a un diálogo político con el Congreso y el mecanismo del CNT, porque si mal no recuerdo, ese proyecto de ley no fue lo suficientemente discutido en este organismo, que hay que reactivar y es una de las prioridades del sector, remitida a la PCM.

—¿Hará cambios a esta reforma?
Tengo que discutirlo con el viceministro, tenemos que discutirlo con Produce y con el MEF. No te puedo hablar más porque es algo que no he podido revisar. En segundo lugar, porque viene de la gestión del ministro Grados. Ya pasó el ministro Barreda y ahora hay otro ministro y a su vez hay otros ministros. Las anteriores experiencias nunca pasaron por las puertas ni por las mesas de partes ni por las ventanillas del sector educación. No conozco el proyecto del ministro Grados.

— ¿Qué plantea para fomentar el empleo juvenil?
En la lógica de fomentar el empleo juvenil queremos formar, capacitar, certificar habilidades y capacidades. Acuérdate de lo que se ha dicho del Servicio Nacional de Empleo en el Perú. Se quiere que sea una organización que intermedie a nivel nacional la demanda y oferta de empleo. Ayer [jueves], hemos estado con la Confiep, hemos discutido ciertas ideas y hemos recogido ideas de los empresarios; también estoy recorriendo los gremios de los trabajadores. Ambos están dispuestos a que el Poder Ejecutivo pueda discutir incentivos tributarios y algunas herramientas que permitan contratar jóvenes al mercado de trabajo.

—¿Qué plantea exactamente?
Por ejemplo, si abres la puerta con una modificación normativa muy sencilla para la entrada de jóvenes en modalidades formativas al Estado y estableces una bonificación para los futuros concursos de aplicación de la Ley del Servicio Civil, estás fomentando y encadenando modalidades formativas con acceso al empleo juvenil. Hablamos de utilizar la contratación pública como mecanismo de incentivo para jóvenes y grupos vulnerables. Otorgas una concesión y en cláusulas de responsabilidad social hay cuotas de empleo juvenil, pero de personas formadas.

—¿Qué preocupaciones válidas o no válidas tienen los empresarios de la Confiep?
Hemos coincidido plenamente y es una preocupación de ellos también el enfoque de fomentar el acceso a empleo de jóvenes. Hemos coincidido también en la necesidad de atacar la informalidad laboral. Eso se cae de maduro, es ineludible, tanto trabajadores como empleadores coinciden. Hay elementos para una agenda. La informalidad la queremos atacar con una política que hemos denominado “una caja de herramientas”.

—Los economistas Pablo Lavado y Gustavo Yamada sostienen que para el PBI per cápita que tenemos en el Perú, la informalidad laboral es muy alta y esto producto de la rigidez en la legislación laboral…
¿El ingreso per cápita es PBI dividido entre la población? O sea, como tenemos un ingreso per cápita de determinado nivel, la informalidad debería ser menor.

—Eso dice el estudio. Incluso una reciente investigación de Miguel Jaramillo concluye que la abundante regulación laboral termina siendo compleja de cumplir por las pequeñas y medianas empresas. ¿Coincide con las conclusiones de los académicos?
Te respondo en dos niveles. Hay un régimen especial vigente desde el ministro Fernando Villarán, que dio la ley del régimen especial para la microempresa. Para la microempresa, que es la de mayor bolsón de informalidad, hay un régimen especial. ¿Por qué no se han formalizado las microempresas? La pregunta queda en el aire. Al parecer, habría que preguntar por qué ese régimen no ha permitido mayor formalización. Hay un estudio interesante, que después lo puedo compartir, de OIT, Banco Mundial y Grade, de cuatro economistas que dan algunas luces de por dónde debe ir el tema de la formalización.

—¿Cuál es su segundo argumento?
Hay muchas disputas genuinas. Hay posiciones distintas, una disputa, y no aparece con claridad cómo inclinar la balanza hacia uno u otro lado, porque en el mundo entero hay también una disputa económica y jurídica. Los sobrecostos laborales son la herramienta suficiente o ponemos también énfasis en la productividad. El ministro de Economía ha dado declaraciones interesantes con las cuales yo también concuerdo.

—Según Jaramillo, la reforma del Tribunal Constitucional que aumenta el costo del despido ha generado incentivos a las empresas para sustituir el contrato indeterminado por el temporal, con lo cual ha ocasionado perjuicio a los trabajadores. ¿Coincide con ello?
Los contratos temporales son las tres cuartas partes de la planilla electrónica. Las teorías de la causalidad, en el mundo, en la filosofía, te dicen que para seleccionar una causa en fenómenos complejos se tiene que pasar por una prueba ácida, y parte de esta es el contrafáctico. Hay estadística de que apenas entra en vigor el Decreto Legislativo 728 y sus contratos temporales empieza a subir la contratación temporal. Aparece la sentencia, en un segundo momento y la contratación temporal sigue subiendo, esto es un problema contrafáctico, porque antes de la sentencia ya venía subiendo la contratación temporal.

—¿La sentencia del tribunal no tiene que ver con el aumento de los contratos temporales?
No podemos decir que no tiene nada que ver. No apunta a eso, apunta a que quizás esa sentencia no sea la razón necesaria y suficiente para explicar el aumento de los contratos temporales.
Esto es una inferencia, es altamente probable que eso no lo explique, porque el contrafáctico parece indicar que no era la causa, que puede ser una causa que concurre con otras. Mi respuesta es meramente filosófica. Pero no sé si los economistas lo enfocan así, porque la otra vez un economista me dijo: esto ha sido hecho con un estudio econométrico y los estudios econométricos no son inferencias sobre el mundo.

—¿Qué otros factores podrían estar explicando el aumento de los contratos temporales?
Productividad, bajos niveles de comunicación, falta de una política estatal y potenciar este ministerio para que investigue.