La fortaleza del sistema financiero junto a las medidas implementadas por las autoridades económicas han permitido la recuperación rápida que hoy se observa en la economía peruana, después de la crisis generada por el coronavirus.
El economista peruano y profesor de Economía en Rutgers University, en Nueva Jersey, en Estados Unidos, y profesor de macroeconomía avanzada en la maestría en Economía de la PUCP, Roberto Chang, sostiene que, en los mercados emergentes, los países que pudieron reaccionar mejor ante el impacto de las medidas sanitarias son aquellos en los que sus bancos centrales y sus ministerios de finanzas estaban mejor constituidos y el Perú ha sido un ejemplo.
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Con el confinamiento se generó un problema de liquidez en las empresas que, si no se hacía nada, pudo convertirse en un problema de insolvencia y de bancarrota.
“La pandemia es un problema temporal, por lo que queremos que las firmas y los empleos asociados a ellas sobrevivan. Pero la subsistencia de las firmas depende del financiamiento del mercado y este último de las expectativas de si las empresas van a sobrevivir”, explica Chang.
“Ante un escenario de crisis, se generan expectativas negativas sobre las empresas, lo que les impide conseguir créditos, con lo cual, no pueden pagar sus planillas y entran en bancarrota, lo que justifica que el gobierno les de plata para que sobrevivan”, agrega.
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De acuerdo con el Banco Mundial, un poco más de un tercio de las acciones que hicieron los países, en el mundo, para hacer frente a las medidas sanitarias fue la ayuda financiera. La diferencia recayó en programa de apoyo a las planillas, ayuda en términos impositivos y programas de reducción de costos para las empresas.
En el Perú, la respuesta de política requirió una acción rápida y efectiva y la coordinación de las tres autoridades económicas, el Banco Central de Reserva (BCR), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS); según Chang, dentro de los límites institucionales.
Así, el BCR tomó medidas monetarias y financieras sin precedentes. Por un lado, redujo, desde abril, su tasa de política monetaria a un mínimo histórico del 0,25%, y por otro, utilizó un conjunto de instrumentos para inyectar liquidez por un equivalente del 9% del PBI.
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Según la autoridad monetaria, el programa Reactiva, mediante el cual el Gobierno garantizó el crédito a las empresas en el sistema financiero, cuya cartera luego pasó a manos del banco central para dotar de liquidez al sistema, tuvo una incidencia importante en el empleo.
Las más de medio millón de empresas que accedieron a Reactiva generan, a la fecha, 2,8 millones de empleos. Además, el programa permitió que el crédito a las empresas se expandiera en 23%.
Más aún, la confianza sobre las autoridades económicas y en la estabilidad de la economía peruana, que crecía ininterrumpidamente desde el 2000, permitieron que, en abril y noviembre del año pasado, el Perú pueda financiarse en el mercado de capitales a tasas muy competitivas y a plazos largos.
No obstante, ello no impidió que seamos la economía que más cayó y que en un momento lideró la proporción de muertos en el mundo a causa del COVID-19. “El Perú había crecido muy rápido en términos macroeconómicos, pero el subdesarrollo está muy vigente”, afirma Chang.
REFLEXIONES DE LA PRIMERA OLA
Combatir los choques de la pandemia dependía de medidas sanitarias y políticas, además de económicas, y en las primeras se cometieron muchos errores, sostiene el exministro de Economía, Alonso Segura.
Por ello, en un contexto de segunda ola y en la búsqueda de corregir los errores del pasado, Segura indica que se requiere una estrategia de test y rastreo por parte del Estado, así como que cuente con las pruebas adecuadas y suficientes para los meses en que tardará en llegar la vacuna.
Según el BCR, las medidas de política para esta segunda ola deben enfocarse en el cumplimiento de protocolos sanitarios enfocados en la realización de actividades en espacios ventilados, más que en la imposición de confinamientos estrictos, porque afectan principalmente a los sectores más vulnerables.
También, Carlos Casas, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, coincide con Chang y Segura sobre la necesidad de que el sector público y el privado trabajen en conjunto para afrontar la pandemia.
María Isabel León, presidenta de la Confiep, manifiesta que el sector privado debe participar de la planificación estratégica que emprenda el Gobierno para enfrentar la segunda ola.
Sostiene que el sector privado está organizado gremialmente y por sectores y pueden poner a disposición sus capacidades de organización y eficiencia para atender las necesidades del país.
“Podemos ayudar a repartir los bonos con toda la plataforma de la banca privada [...]. Para cuando lleguen las vacunas al país se podrían activar playas de estacionamiento de centros comerciales en el ámbito nacional para instalar centros de apoyos temporales. Hay distintos ejemplos que pueden sumarse”, menciona León.
Esta convocatoria debe alcanzar a otros stakeholders, señala Chang, como al gremio de trabajadores para que pongan de su parte. “Estamos en una situación de guerra y todos debemos poner el hombro”, precisa.
Son varios errores que este gobierno de transición debe enmendar o tendremos los mismos resultados, concluyen los entrevistados.
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