¿Qué debe hacer el Gobierno para avanzar en la reducción de barreras burocráticas?

Las medidas del Gobierno para avanzar en la prevención y eliminación de barreras burocráticas están dando sus frutos. Al término del primer semestre, unas 41 entidades del Estado han eliminado en forma voluntaria 1.244 procedimientos considerados ilegales. La cifra representó el 80% de lo alcanzado por el Estado en dicha materia durante todo el 2016, según el Indecopi.

Esta entidad reveló ayer los resultados de los primeros tres ránkings que elaboró sobre barreras burocráticas en el marco del Decreto Legislativo N° 1256. La primera lista clasificó a las entidades del Estado con la mayor cantidad de trabas eliminadas voluntariamente. Lidera este grupo la Municipalidad de Miraflores, institución que dejó de lado 373 procedimientos administrativos ilegales.

Luis Marcelo, subjefe de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB), detalló que entre las principales trabas que las instituciones públicas suprimieron figuran la exigencia de la copia del DNI, la imposición de plazos mayores para la regulación de habilitaciones urbanas y edificaciones, así como la exigencia de tramitar procedimientos no previstos legalmente y la vigencia de poderes de los representantes legales.

En contraparte, el Indecopi también publicó un segundo grupo de entidades que cuentan con la mayor cantidad de barreras declaradas ilegales o carentes de razonabilidad. Así, de un total de 323 procedimientos burocráticos, los municipios –entre distritales y provinciales– concentraron el 92%, según el Indecopi.
Marcelo dijo que entre las principales barreras identificadas están: el establecimiento de derechos de tramitación en función a factores ajenos al costo del procedimiento y la exigencia de presentar comprobantes de pago.

Además, el Indecopi dio a conocer el ránking sobre las entidades públicas que trabajan en la prevención en materia de barreras burocráticas. De esta manera, el Ministerio de Economía y Finanzas encabezó el listado de un total de 30 entidades públicas.
“Las instituciones realizan distintos esfuerzos, aunque estos están orientados principalmente a realizar capacitaciones y exhortaciones al personal para evitar las trabas burocráticas”, precisó Marcelo.

BUENA SEÑAL
Mauricio Santa Cruz, gerente del Área Legal de EY Perú, indicó a este Diario que los resultados reportados por el Indecopi reflejan que el Decreto Legislativo N° 1256, así como las medidas dictadas por el Ejecutivo para avanzar en la simplificación administrativa fueron decisiones acertadas.

“El avance ha sido contundente en este primer semestre. Se ha educado al funcionario público para que no se incline a solicitar trámites innecesarios. Este es un buen camino, esperemos que esto se mantenga”, sostuvo Santa Cruz.

En la misma línea, César Peñaranda, director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la Cámara de Comercio de Lima, consideró que cualquier avance sobre la eliminación de trabas burocráticas es positivo, debido a que esta problemática obstruye la operación de las empresas y desincentiva las inversiones.

PASOS PENDIENTES
Peñaranda opinó que más allá de la cuantificación de las barreras burocráticas, el Gobierno también debe buscar analizar las características de las trabas eliminadas y sus implicancias en la actividad económica.

“Ojalá que el Indecopi pueda realizar una clasificación de las trabas eliminadas para evaluar la relevancia que tienen y qué sectores económicos se benefician. Esto permitirá responder qué tan trascendente es la supresión de las barreras en términos de costos”, anotó.

No obstante, hay que señalar que el ente regulador divulgó en agosto último un estudio en el cual se afirmó que las empresas y personas ahorraron más de S/278 millones con el retiro de barreras burocráticas en el 2016.

En el mismo sentido, Santa Cruz, de EY, dijo que para profundizar más la eliminación de los procedimientos administrativos ilegales y reducir la tramitología, el Ejecutivo debe instalar mesas técnicas para realizar un trabajo más cercano con los municipios y gobiernos regionales. “También hace falta modernizar los canales digitales de las entidades públicas. Hoy las personas y las empresas padecen para acceder a información sobre la realización de trámites. Esto es un problema acentuado en el interior del país”, afirmó.

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