Defensoría del Pueblo pide investigar presuntas conductas delictivas durante la construcción de Vías Nuevas de Lima

La Defensoría del Pueblo presentó el informe “Vías Nuevas de Lima otorgada a Rutas de Lima. Lecciones que debemos aprender”. El documento contiene 364 páginas y narra con detalle los procesos de selección, construcción y operación del proyecto que hoy administra los peajes de la Panamericana Sur y Norte.

Por ejemplo, detalla que al contrato original, suscrito el 13 de febrero del 2014, tuvo una adenda y 32 actas de acuerdo para modificar los términos iniciales. En ese sentido, califica como un cambio “notable” la modificación del monto a recibir por el concesionario Rutas de Lima como peaje de vehículos pesados en la Panamericana Norte. En el contrato original se debía pagar S/1,74 por eje y tras la adenda del 2014 se consideró el pago de S/1,74 por vehículo.

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“Cabe indicar que a la fecha no se ha encontrado un registro que indique el destino y uso de la diferencia resultante entre lo recaudado por concepto del peaje y lo entregado al concesionario durante el periodo antes señalado, o si fue asignado a la cuenta correspondiente del Fideicomiso Rutas de Lima. Dicho monto habría alcanzado aproximadamente los S/6 millones”, agrega el documento.

Por otro lado, se señala que en el contrato de concesión se estableció un monto de inversión de US$515 millones de los cuales, hasta julio del 2023, solo se invirtió S/261 millones. Añade que debió de realizarse en un plazo de 52 meses y ya transcurrieron alrededor de 10 años.

Además, indica que el contrato de concesión “establece un redondeo ilegal de las tarifas perjuicio actualizado ha sido estimado en S/22,9 millones”.

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Estos y otros datos resultaron en que la Defensoría halle una “afectación al interés público” en distintas etapas de la concesión. Asimismo, recomendó que la Contraloría General de la República investigue la posible comisión de irregularidades en el financiamiento de las expropiaciones y liberación de interferencias, así como las sumas asumidas por el concedente y los importes efectivamente gastados por el concesionario en dichos rubros. Además, exhortó al Ministerio Público a investigar los hechos para determinar si las decisiones asumidas por el sector público y el privado “configuran conductas delictivas”.

Como se recuerda, Rutas de Lima dejó de cobrar peajes en las garitas de la Panamericana Norte desde el 30 de enero pasado luego de que se anunciara una acción de amparo del Poder Judicial que los exhortaba a hacerlo. Un año antes, la Municipalidad de Lima buscó caducar unilateralmente el contrato de concesión con ellos. El caso actualmente está suspendido mientras se resuelve en un arbitraje internacional.

El informe no cuenta con descargos o información proporcionada por Rutas de Lima.