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La Defensoría del Pueblo solicitó al Osiptel que modifique las normas que regulan el incremento de tarifas de las empresas de servicios de telecomunicaciones. Entre las propuestas destaca que las operadoras mantengan los planes tarifarios por un período mínimo de 12 meses.
Según la adjunta para los Servicios Públicos de la Defensoría, Alicia Abanto, se busca "establecer un periodo mínimo de vigencia de las tarifas, de tal modo que no puedan variar dentro de los siguientes 12 meses de contratado el servicio o de producido el último incremento”.
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Este pedido surge en relación al alza de tarifas por parte de Movistar para sus servicios de Internet. Según la Defensoría, se ha detectado diversas “anomalías” en el accionar de la empresa, tales como la falta de notificación previa a través de mecanismos idóneos, o el envío extemporáneo de la comunicación a las y los usuarios de diversos servicios.
Abanto explicó que en algunos casos solo se envió mensajes de texto que anunciaban la variación de tarifas sin mayor detalle y después de haber aplicado el incremento. Asimismo, que las comunicaciones contenían información incompleta sobre las opciones de reclamo del usuario frente al incremento y los canales de atención.
Para garantizar estabilidad en las tarifas, la entidad ha solicitado también al Osiptel que se establezca la obligatoriedad de las operadoras de informar al regulador los cambios tarifarios y de comunicar al público usuario en un plazo no menor a 60 días de anticipación sobre los mismos.
“Es necesario que, además de las modificaciones normativas, Osiptel realice las acciones de supervisión y fiscalización para comprobar si las operadoras cumplen con la obligación de brindar información oportuna sobre incrementos tarifarios”, puntualizó.
