Deficiencias en expedientes técnicos retrasan obras por más de S/200 millones en Arequipa

El contralor general, Nelson Shack, supervisó las principales obras públicas de agua potable y viales en dicha provincia y pudo verificar una serie de problemas en su ejecución, los cuales fueron originados por deficiencias en sus respectivos expedientes técnicos y es algo que se ve en todas las regiones del país.

“Las entidades públicas licitan las obras con expedientes técnicos que tienen una serie de problemas y luego esos problemas deben resolverse durante la ejecución de cada obra, lo que implica que habrá una serie de adendas, ampliaciones de plazo y al final, todo va a costar mucho más caro”, indicó el funcionario.

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En Caylloma se ubica la obra de ampliación, renovación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del distrito de Chivay, que está a cargo de la Municipalidad Provincial de Caylloma con una inversión de S/13,8 millones, pero que se encuentra paralizada actualmente.

“Este proyecto de agua y desagüe de S/13 millones debió de terminarse antes de la pandemia por la Covid-19 y a la fecha tiene 66% de avance. Aquí hay problemas vinculados al expediente técnico y a la falta de disponibilidad presupuestaria”, señaló el titular de la Contraloría.

En esta obra, el contratista solicitó 14 ampliaciones de plazo, de las cuales seis fueron denegadas por el supervisor y la entidad, y ocho fueron aprobadas por un total de 445 días calendario. Posteriormente, el contratista también solicitó cinco suspensiones de plazo y una paralización de obra. Pese a las ampliaciones de plazo, el avance financiero del proyecto asciende a S/12,8 millones.

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Por otro lado, el contralor supervisó el avance en la obra de saldo del Tramo I de la carretera Viscachani – Callalli, que está a cargo del Gobierno Regional del Callao y tiene un presupuesto ascendente a S/189,8 millones. Esta obra empezó a ejecutarse en setiembre del 2021 pero al mes de agosto de 2022 registra un avance físico de 8%.

“Esta obra de casi S/190 millones tiene una ejecución muy baja de casi 8% a pesar de que empezó el año pasado y eso debido a miles de problemas vinculados a deficiencias con el expediente técnico, o sea la historia de siempre”, subrayó Shack.

Durante la inspección, representantes del contratista informaron al titular de la Contraloría de que empezaron sus trabajos en base a un expediente entregado por la entidad pero que no era el documento definitivo, por lo que al recibir el expediente definitivo se vieron obligados a presentar adicionales de obra al GORE y que están pendientes de aprobación.

Shack Yalta apuntó que la aprobación, por parte del Congreso, de la ley que expande el control concurrente ayudará a que, desde el próximo año, estas situaciones ya no ocurran debido a que la norma vuelve vinculante y obligatoria la implementación de las acciones de mitigación oportuna de riesgos que alerte la Contraloría en la elaboración de expedientes técnicos de obras públicas a nivel nacional.

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“Habrá un trabajo coordinado con los Órganos de Control Institucional (OCI) en todos los municipios provinciales donde la Contraloría ya tiene control de esas oficinas, y seguramente el próximo año también en alrededor de 100 municipios distritales donde, por la envergadura de los recursos que manejan, también la Contraloría va a implementar OCI sus propias”, añadió.

Megaoperativo de Control en Arequipa

Finalmente, el contralor anunció que en el transcurso del mes de octubre se realizará el proceso de rendición de cuentas del Megaoperativo de Control Arequipa que inició la Contraloría en dicha región en abril del presente año.

“Hemos desplegado cientos de acciones de control, la capacidad operativa en la región ha sido fortalecida y casi duplicada con el concurso de funcionarios y auditores de la Contraloría que vienen desde Lima y otras regiones y en el transcurso del próximo mes debemos volver aquí a Arequipa para un proceso de rendición de cuentas y mostrarles todos los resultados en términos de montos involucrados, montos observados, perjuicios económicos identificados y los funcionarios con responsabilidades administrativas, civiles y penales que se han identificado durante este megaoperativo”, puntualizó.