María Rosa Villalobos

En abril, la agencia S&P decidió rebajar la calificación crediticia del Perú. Fueron –y siguen siendo- malas noticias, y no solamente por el encarecimiento del endeudamiento, sino por la cadena de consecuencias que origina. Además, tal y como lo dictan las reglas de juego, cuando una agencia rebaja la calificación crediticia de un país, no hay que esperar mucho para ver el re-ajuste que esta aplica también a las empresas que operan en dicho destino. Aunque muchos son los factores que analizan y valoran las agencias crediticias para tomar decisiones, resalto la estabilidad política y el manejo de las cuentas fiscales.

Sobre esto último, el año pasado no cumplimos nuestra meta de déficit (’sritke 1′) y este año era probable que no la cumpliéramos tampoco (nuestro techo original era de 2%). Pero, con la aprobación de las facultades delegadas, nuestra nueva meta queda en 2,8% (‘strike’ 2, a medias).

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Lejos de ignorar el cambio en nuestra trayectoria fiscal, las calificadoras tomarán en cuenta las decisiones del Ejecutivo y el Congreso para sus próximas evaluaciones, por lo que debemos cuidarnos de no abusar de nuestros salvavidas ni de nuestra suerte.

Esta semana en el videopodcast “Tenemos que Hablar”, el gobernador de Cusco, Werner Salcedo, hizo énfasis en las enormes brechas que enfrenta su región. Solo para el sector saneamiento se necesitan S/800 millones, y en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional de Gobierno Regionales, dijo que el monto total requerido por las 25 regiones del país llega hasta los S/40 mil millones.

Con tantas necesidades en un país como el nuestro, ¿a quién le importa el déficit, un término tedioso y aburrido? Debe importarnos a todos y más aún a los alcaldes y gobernadores, cuya gestión equilibra las expectativas ciudadanas según sus promesas de campaña y la delgada línea entre el querer y el poder.

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‘Pelear’ por presupuesto y exigir que se cumplan los compromisos es parte de la responsabilidad y el trabajo de una autoridad local o regional, pero ello no la exime de su responsabilidad de mirar el bosque, negociar de manera lícita y transparente sus prioridades, y alejarse de la actitud mesiánica que busca resolver todos los problemas en 5 años. El que pide poco es un loco, pero el que exagera pierde credibilidad. El balance es difícil, pero nadie dijo que ejercer un cargo público sería fácil.

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