Hay dos puntos de partida para repasar y analizar el desempeño del Sistema Privado de Pensiones (SPP) tras 26 años de operación en el Perú. Dos referencias desde esquinas opuestas que dejan mucho para la interpretación. La primera: para agosto del 2020, un total de 7,2 millones de aportantes tenían ahorrados para su jubilación S/152.890 millones en las AFP, según la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Eso significa que el sistema ha alcanzado un monto previsional equivalente al 21,4% del PBI, lo cual es notable. El otro dato, sin embargo, no lo es.
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Ocurre que, mientras ese avance se ha concretado, en agosto el mismo SPP solo otorgaba en promedio una pensión de jubilación de S/1.080, una pensión por invalidez de S/1.689, y una pensión por sobrevivencia de S/590, también de acuerdo a la SBS. “Claramente, esos no son montos para subsistir –al mes– con calidad de vida”, apunta a Día1 Paul Acosta, docente de la carrera de Ingeniería Económica en la Universidad Científica del Sur. Por esos desbalances es que se requiere una reforma, pero, ¿cómo hacerla?
“Hay que cambiar, pero sin destruir lo avanzado. Sí es necesario contar con un sistema pensionario”, añade el catedrático, en días en que el Congreso de la República promueve más modificaciones y retiros de todo (o parte) de los fondos.
Para que el sistema previsional sea sostenible a futuro, entonces, se necesita una reforma estructural que descanse sobre al menos tres columnas: [1] Mayor competencia, [2] Más flexibilidad, tanto del regulador como de las AFP y la ONP (en lo que respecta al sistema estatal), y [3] Incorporar a estas modificaciones de base, una reforma laboral y una de salud, tal como explican a Día 1 los especialistas convocados para este informe.
Abrir la competencia
Lo primero es permitir el ingreso de más jugadores al SPP. Es verdad que el performance de las AFP ha logrado que los fondos obtengan una rentabilidad anual promedio de 11% en 26 años, “pero que solo cuatro empresas privadas –y la ONP– se repartan el 100% de los aportes no es competitivo”, refiere Acosta. Al fin y al cabo –comenta–, “estamos hablando de un mercado oligopólico, es decir, un mercado imperfecto”. Así las cosas, prosigue, se podría ‘abrir la cancha’ para que entren a competir otras entidades financieras, como las cajas municipales.
Vale la pena recordar que también en esa línea se ha manifestado –en Día1– el profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico (UP) Enrique Castellanos, quien además ha sugerido incorporar –al mercado peruano– instituciones financieras del extranjero, las que podrían traer productos pensionarios que fortalezcan el ecosistema local.
Tomando esa referencia, justamente, es factible el ingreso al SPP de jugadores como las compañías de seguros o las administradoras de fondos mutuos, entre otras, indica a su turno Melvin Escudero, director del CFA Society Perú y CEO de El Dorado Investments.
La cuestión de fondo es que todo lo que signifique mayor competencia va a decantar en “ofertas pensionarias y canales de jubilación más atractivos”, aunque siempre se tendría que garantizar que estos “paquetes jubilatorios se encuentren debidamente regulados”, acota el director de la carrera de Economía y Finanzas de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), Carlos Adrianzén.
Las alternativas : flexibilidad y amplitud
Algo sobre lo que sí han avanzado las AFP con miras a una reforma estructural es hacer más flexibles sus productos, o plantear fórmulas que le den mayor elasticidad al sistema. Con ese objetivo, por ejemplo, Aldo Ferrini, quien es gerente general de AFP Integra, destaca la opción de que los aportantes puedan retirar parcialmente sus fondos cuando alcancen la edad de jubilación, pero siempre que les quede un monto suficiente para garantizarles una pensión equivalente al sueldo mínimo.
“Es una alternativa que podría discutirse”, señala el ejecutivo.
Integra también ha propuesto a la SBS la implementación de la llamada ‘comisión por desempeño’, es decir, que las AFP alineen el cobro de sus comisiones a la rentabilidad que obtengan a favor de sus aportantes, cobrando solo un mínimo base si esta fuese negativa.
Desde su esquina, el gerente general de Prima AFP, Renzo Ricci, añade la necesidad de facilitar un ‘capital semilla’ –por parte del Estado, por ejemplo– para garantizar la universalidad de la pensión.
Bajo ese precepto, ellos han trabajado esquemas como el ‘matching contribution’, junto a la UP y la ONG Innovation for Poverty Action, que demuestran que la fórmula puede funcionar si es que el Estado incentiva al afiliado. ¿De qué manera? Aportando a su fondo la misma cantidad que este se anima a destinarle.
“Que solo cuatro empresas privadas –y la ONP– se repartan el 100% de los aportes no es competitivo. Al fin y al cabo, estamos hablando de un mercado oligopólico”, comenta Acosta.
“Prima busca promover el ahorro previsional voluntario y construir una cultura de ahorro a través de los gastos cotidianos”, explica Ricci. Para esto último, han desarrollado un producto con la cadena Repsol. Además, están gestando otros dos formatos nuevos de ahorro, llamados Cuenta Meta y PaMayo.
Las AFP están trabajando en coordinación con la SBS. Los cambios que promueve el Congreso deberían incorporar ese bagaje, sin duda. No hay que perder de vista, sin embargo, lo que nos dice el contexto. Y el hecho es que el 70% de nuestra economía es informal y, por ende, gran parte de los trabajadores peruanos no son parte del Sistema Privado de Pensiones (SPP) ni de la ONP.
“Ese lastre, que está pendiente de resolver hace décadas, no se elimina retirando más fondos del sistema, sino integrando a la reforma previsional, una amplia reforma laboral y de salud”, reflexiona Melvin Escudero.
Efectivamente, que dos tercios de nuestros compatriotas considere que es mejor subsistir en la ley de la selva que operar bajo la formalidad los condena a solo sobrevivir y, por supuesto, sin ningún tipo de jubilación.
El papel del Estado y los beneficios
La propuesta del Congreso de la República sobre crear un Organismo Público de Pensiones que asuma bajo su paraguas tanto al Sistema Privado de Pensiones (SPP) como a la ONP ha despertado no pocas críticas entre los distintos actores de este mercado, pero también entre una parte de los propios ciudadanos, como hace notar el gerente general de AFP Integra, Aldo Ferrini.
“Es importante escuchar lo que dice el ciudadano de a pie. El aportante y el futuro aportante deben estar subidos al coche de la reforma al sistema previsional”, apunta el ejecutivo a nuestro suplemento.
En esa línea, añade que es una opinión mayoritaria que el Estado no sea administrador de los fondos de pensiones, dada la experiencia que ha mostrado como gestor empresarial.
Así también lo cree Carlos Adrianzén, director de la carrera de Economía y Finanzas en la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC). “Ejemplos hay suficientes, basta con recordar cómo terminó el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS)”, refiere el catedrático.
Otro aspecto sobre lo que toca llamar la atención de la propuesta del Legislativo es que este Organismo Público de Pensiones dependa de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que es un ente político, y cuyos objetivos no necesariamente van a estar guiados, siempre, por factores técnicos, de acuerdo a lo dicho por Ferrini a Día1.
Además, es preciso disgregar cómo se va a financiar el Fondo de Riesgo Compartido que promueven los congresistas. “La ciudadanía ha reaccionado en contra de que esta ‘solidaridad’ se financie con los aportes que cada trabajador entrega a las AFP (y que provienen del 30% de sus sueldos)”, anota el titular de Integra. “La opción de mayor consenso es que se canalice vía los impuestos”, señala.
Sin embargo, sí es preciso que los aportantes cuenten con alternativas de devolución total de sus fondos, sea que estén en el sistema privado o en la ONP, detalla Paul Acosta, de la Universidad Científica del Sur. “Independientemente de cuánto tiempo hayan aportado”, indica el catedrático.
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