AFP: ¿Qué han generado los retiros de fondos de pensiones a los usuarios y al sistema?

La Comisión de Economía del Congreso presentará una propuesta integral para modernizar el Sistema Previsional Peruano, destacando el otorgamiento de una pensión mínima financiada por el Estado como uno de los aspectos más importantes. Esta medida garantiza un nivel de vida digno para los jubilados del país, promoviendo su seguridad y bienestar en la etapa de retiro. Además, la reforma incluye la implementación de un sistema no contributivo, semi contributivo, contributivo y voluntario, abarcando la diversidad laboral de los peruanos. 

La propuesta aborda varios aspectos cruciales que requieren de un amplio debate técnico, pero también del diseño de un modelo más agresivo y responsable para garantizar la viabilidad y efectividad del sistema previsional en el largo plazo. La introducción de las cuentas nocionales en el sistema público asegura que cada jubilado reciba una pensión acorde a sus aportes, mientras que la pensión por consumo busca la inclusión de los trabajadores informales en el sistema.

Esta reforma también considera como una disposición complementaria el retiro de  2 hasta 4 UIT’s, cuestión necesaria para paliar la actual recesión económica que vive el país.

Estas propuestas representan un paso adelante en la construcción de un sistema de seguridad social más justo y equitativo para todos los peruanos.

Aprobar un nuevo retiro de fondos en el SPP va a reducir aún más las bajas pensiones que brinda este sistema y va a generar mayores presiones fiscales en el futuro. Actualmente, las pensiones del SPP representan en promedio un tercio del salario, y esto es bastante bajo comparado con otros países de la región. Además, si se analizan los últimos 20 años, se observa una tendencia decreciente de éstas como porcentaje del salario, lo cual evidencia que el sistema no está siendo capaz de brindar pensiones adecuadas que reemplacen los ingresos laborales y permitan a los adultos mayores seguir consumiendo en la vejez.

En este contexto, los retiros tempranos de fondos han sido una mala idea desde el comienzo y van a reducir aún más las pensiones del SPP. La primera medida partió del propio Poder Ejecutivo como un alivio frente a la pandemia del COVID-19, y luego el Congreso, a través de diversas leyes, fue copiando esta política.

Como resultado, y como el dinero en efectivo es más atractivo que tenerlo en el fondo de pensiones, más de 6 millones de afiliados (70% del total) retiraron casi S/88 mil millones a diciembre de 2022.

En consecuencia, el fondo de pensiones se redujo en más de 10 puntos del PIB y pasó de representar 32% en 2019 a 21% del PIB a finales de 2022. Esto es grave porque este dinero tenía que haberse guardado para la vejez y no gastarse como se ha hecho. Además, esto va a generar presiones fiscales en el futuro para brindar más pensiones mínimas, proporcionales y no contributivas a los trabajadores que retiraron todo o parte de sus fondos (de hecho, esto ya se observa en la propuesta de reforma de pensiones que el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso).

¿Cómo se va a financiar esta mayor demanda por pensiones? Las vamos a pagar todos los peruanos con nuestros impuestos.

A pesar de haber sido advertidos por absolutamente todas las entidades técnicas que han desfilado por las distintas comisiones del Congreso, se sigue insistiendo un séptimo retiro. Incluso José Arista, recientemente nombrado ministro de Economía, alertó que “hay que parar la mano” cuando fue consultado sobre este tema.

Un nuevo retiro de 4UIT generaría una salida potencial de S/30 mil millones, equivalente al 25% del total administrado. Lo más preocupante es, sin duda, el impacto que se genera en la futura pensión. Cada S/1.000 que retira un afiliado de 30 años equivale a más de S/12.000 al momento de la jubilación. Adicionalmente, continuar por la senda de los retiros reduce significativamente la posibilidad de llevar a cabo una reforma potente, pues no habría más pensiones por gestionar.

El contexto económico actual está lejos de ser el ideal; sin embargo, tampoco se trata de una situación extraordinaria (como lo fue la pandemia), y ello supone que las medidas a adoptar tengan una visión a largo plazo, priorizando el futuro de los peruanos a través del fomento de una cultura financiera responsable.

El Estado debe actuar responsablemente en beneficio de los ciudadanos, priorizando el bienestar presente y futuro de todos, optando por la sostenibilidad ante cualquier medida populista y cortoplacista. 

Los retiros iniciales se aprobaron en el contexto de la emergencia sanitaria y económica del 2020. Retiros subsiguientes, sin embargo, ya no tenían esa justificación, y más bien desnaturalizaron la razón de existencia de cualquier sistema previsional. El problema central es la desprotección en la vejez, con más de la mitad de los afiliados con menos de una UIT en sus cuentas de AFP.

Desde el punto de vista macroeconómico, movimientos de esta dimensión crean otras distorsiones. Los retiros totales han sido cercanos al 10% del PBI, una cifra enorme. En esa medida, han causado impactos negativos sobre la conformación de la cartera de las AFP –que vendieron instrumentos más líquidos para atender los retiros–, sobre el tipo de cambio –que se deprecia ante la menor liquidez del mercado de capitales local–, sobre los bonos del Gobierno Peruano –que se hacen más inciertos para inversionistas extranjeros– y sobre la mirada de las calificadoras de deuda soberana –que han reflejado su preocupación por los retiros de los fondos de AFP en diversos comunicados–. Eso sin mencionar el pasivo contingente fiscal que implica tener una población mayor sin ingresos para sostenerse.

El principal impacto negativo, pues, es sobre los propios afiliados, pero las consideraciones macroeconómicas de más retiros tampoco pueden soslayarse.