Agenda laboral 2024: ¿qué proyectos serían debatidos o aprobados por el Congreso?

En total son 10 iniciativas legislativas nacidas en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en agenda del Pleno; dos cuyo debate se encuentra en cuarto intermedio; una fue aprobada en primera votación por la Comisión Permanente; y otras siete están en reconsideración.

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Diversas iniciativas de las bancadas de Perú Libre y Juntos por el Perú se enfocaron principalmente en la reducción del tiempo de la jornada de trabajo o el incremento de costos para la contratación de personal.

Isabel Cortez, parlamentaria de la bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú, presentó dos de ellos: la ley que modifica el trabajo nocturno de la ley de jornada de trabajo y la que incluye el refrigerio como parte de la jornada laboral.

El primero exige el pago de una sobretasa del 35% para los trabajadores de horarios nocturnos. Actualmente los trabajadores de ese turno tienen un piso mínimo salarial que asciende a S/1.383, pero de aprobarse la iniciativa se descartaría esa base y se entregaría un salario 35% superior al que se paga en los turnos matutinos o diurnos por la misma labor.

La ley fue aprobada por el Pleno en primera votación, pero actualmente el resultado se encuentra en reconsideración, es decir, deberá volver a votarse para confirmar o no la primera decisión.

Para Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, la norma ataca las libertades de empresa y del trabajador. Además, incrementaría de un momento a otro los costos de operación de los negocios. “Actividades como los grifos o restaurantes elevarían sus costos de operación y sería inviable que trabajen en horario nocturno”, señala.

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En tanto, el proyecto que incorpora el refrigerio dentro de la jornada laboral se debatió en el Pleno y se aprobó su regreso a la Comisión de Trabajo. Sin embargo, la congresista Ruth Luque pidió que se reconsidere esta decisión y la norma pueda seguir siendo debatida.

Esta establece que “cuando la jornada laboral sea mayor a cuarenta y cinco horas semanales, el tiempo de refrigerio forma parte de dicha jornada”.

Toyama advierte que la productividad de los trabajadores peruanos ya es una de las más bajas de la región y que reducir una hora a su jornada por cada día laborado solo empeorará la situación. “Se va a reducir en gran medida la cantidad de horas trabajadas por un mismo costo”, dice.

Por otro lado, hay dos proyectos de ley que buscan establecer parámetros técnicos para actualizar la remuneración mínima vital (RMV). El primero fue presentado por María Agüero, congresista de Perú Libre, y plantea que no puede aumentarse antes del primer año transcurrido desde su último incremento.

Además, establece que las variables a considerar para calcular el sueldo mínimo son el valor de la canasta básica familiar, los niveles de productividad, la inflación de los últimos 12 meses y la proyectada y las estimaciones macroeconómicas del Ministerio de Economía y Finanzas. La iniciativa se encuentra en agenda del Pleno.

En tanto, el proyecto de ley de Alejandro Cavero, parlamentario de Avanza País, fue debatido en el Pleno el año pasado y se aprobó la cuestión previa para que retorne a la Comisión de Trabajo. El congresista solicitó la reconsideración.

La iniciativa plantea que se evalúe la vigencia del monto de la RMV cada dos años. También considera como las variables que determinen su actualización a la tasa de inflación, la tasa de desempleo, la tasa de crecimiento económico, los índices de productividad, los niveles de informalidad y el ratio entre la RMV y la remuneración promedio.

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Si bien es necesario el establecimiento de parámetros técnicos para determinar la RMV, para Lidia Vílchez, socia del estudio PPU, es improbable que se apruebe en esta legislatura por motivos políticos.

"“La idea de un proyecto que regule cómo se debe incrementar, cuáles son las variables que se deben tomar en cuenta, es positivo, pero se debe considerar que muchas veces se usa este tema como caballito de batalla para las elecciones. En ese caso, para los partidos que impulsan aumentar el sueldo mínimo puede ser más beneficioso congelarlo hasta más adelante”,

explica Lidia Vílchez, socia del estudio PPU.

Por otro lado, Luis Santa Cruz, socio del área laboral de Miranda & Amado, asegura que en el corto plazo podría haber un aumento de la RMV, pero no mediante un mecanismo aprobado a través del Congreso. “Estamos en un año con recesión, entonces será muy difícil que se llegue a un acuerdo en un punto tan sensible. En años más tranquilos no se pudo. Yo creo que habrá un incremento de la RMV, pero como siempre, el Ministerio de Trabajo lo impondrá en lugar de que sea a través de una fórmula”, asegura.

Así como estas iniciativas, el Congreso tiene muy avanzados proyectos como el que extiende el cese laboral hasta los 75 años, previa evaluación médica que certifique sus condiciones de salud (presentado por Podemos Perú); la Ley que deroga el Decreto Supremo 001-2022-TR que prohíbe la tercerización laboral en áreas nucleares del negocio (Avanza País); la Ley de relaciones colectivas y que garantiza la libertad sindical (Cambio Democrático - Juntos por el Perú), la Ley que modifica la ley de relaciones colaterales de trabajo (Perú Libre), entre otros.

“Los proyectos de Juntos por el Perú y Perú Libre referidos a las huelgas y el manejo sindical son los más deficientes técnicamente. Están muy orientados a abrir de manera muy poco técnica el tema de las huelgas y las fiscalizaciones. Incluso tienen exigencias ilegales, como el pago obligatorio de la cuota sindical”, advierte Vílchez.

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A pesar de la extensa agenda, los especialistas consultados coincidieron en que las propuestas legislativas no enfrentan el problema de fondo en el país: la informalidad y las dificultades para la creación de empleo formal y productivo.

“Los proyectos que podrían salir este año pueden ser los más populares o atractivos para la población, pero no atacan el problema de fondo. Hace años venimos arrastrando las problemáticas como la informalidad, la falta de productividad, pero es muy complicado que este año haya cambios estructurales”, indica Santa Cruz.

Por ello, los proyectos de ley planteados por el parlamento solo atacarían al reducido porcentaje que trabaja dentro de la formalidad.

“En comisión hay 98 proyectos de ley laborales por discutir y con dictamen pendiente de votación hay 57. Son números realmente altos, pero todos tienen como iniciativa regular a quienes trabajan en la gran empresa. Eso es alrededor del 10% del total. No hay ningún estímulo para la contratación de nuevos trabajadores y ninguno fomenta la productividad. No se avizora en el futuro que la tendencia vaya a cambiar”,

concluye Toyama.

En tanto, el congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo, presentó el proyecto de ley que autoriza a los trabajadores la disposición del 100% de su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) hasta diciembre del 2025. El pasado 22 de febrero la iniciativa fue trasladada a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Parlamento.

Según el proyecto, se busca utilizar el beneficio para solventar el “aumento significativo” del valor de la canasta familiar. “Merece una atención especial y urgente la autorización excepcional para el retiro del 100% de la CTS para que los trabajadores puedan afrontar la inflación, recesión y bajo crecimiento económico”, señala la propuesta.

Esta iniciativa se suma a la de Raúl Doroteo, congresista de Acción Popular, quien el 7 de febrero pasado presentó su proyecto de ley que plantea el retiro voluntario de la CTS hasta diciembre del 2024. Como se recuerda, la posibilidad de disponer del 100% de la CTS estuvo abierta hasta el 31 de diciembre del 2023.

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Para Luis Santa Cruz, socio del área laboral del estudio Miranda & Amado, es casi seguro que una de estas iniciativas será aprobada este año. “No se puede retirar la CTS desde diciembre y creo que antes de mayo se podría de aprobar nuevamente el beneficio, porque se condice con el siguiente depósito de la CTS. Es la ruta que parece tomar el Congreso”, afirma.

A pesar de esto, advierte que no es positivo que se continúe liberando el beneficio, ya que desvirtúa su concepto inicial: darle un dinero adicional al trabajador en caso pierda su empleo.

“No es una medida que genere más gastos para el empleador, pero sí desvirtúa el concepto de CTS. Se pierde la protección que tiene el trabajador al momento de finalizar su vínculo contractual con la empresa”, explica.