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El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) confirmó esta semana que viene trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) una propuesta para licitar las obras de Chavimochic III a través de un acuerdo gobierno a gobierno (G2G).
“Ya estamos trabajando de manera paralela con el MEF para hacer una propuesta de la mejor fórmula para ejecutar. Estamos proponiendo la contratación de un G2G”, señaló Nelly Paredes, ministra de Desarrollo Agrario y Riego, en entrevista con RPP.
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Esta es la primera vez que el Midagri hace público que prefiere el G2G como método de contratación para la reactivación del proyecto agrario sobre la obra pública o la Asociación Público Privada (APP). Desde que en octubre se resolvió el contrato de concesión con el Consorcio Chavimochic, integrado por Novonor (exOdebrecht) y Aenza (exGraña y Montero), su postura había sido ambigua.
“Lo más eficiente era a través del G2G porque es un proyecto más rápido de sacar, los procedimientos no están sujetos a la Ley de Contrataciones y tienes un ente internacional más capaz de hacer las obras. [...] El tema importante acá será el análisis de cómo está la presa de Palo Redondo, que es una infraestructura compleja”, explica Ronald Fernández Dávila, socio del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.
Si bien la ministra Paredes aseguró que visitó la presa y le pareció conservada a pesar de que su construcción lleva seis años paralizada, una vez el Midagri reciba el control del proyecto , se deberá hacer un peritaje para determinar su situación exacta. En total esta etapa de la infraestructura tiene un avance de alrededor del 70%.
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Una vez recibido el diagnóstico, el Gobierno deberá realizar la licitación del G2G para la culminación del saldo de obra que demorará, aproximadamente, dos años. Para Camilo Carrillo, director del área de Infraestructura en EY Perú, el contrato no solo debe plantear la construcción de la presa, sino también abrir la posibilidad para que el país contratado también se encargue de la construcción del canal madre y del resto de obras del proyecto.
“Se debe contratar un gobierno para que termine la presa y dejar abierta la posibilidad en el contrato de que, si se tienen los medios, ellos también puedan concluir las siguientes obras. Sería un contrato marco que especifique que si dentro de los dos años de contrato el Estado puede entregar los terrenos del canal madre, tú como G2G puedas construir los canales con una inversión de US$450 millones”, refiere.
Carrillo agrega que si se tiene el interés de destrabar el proyecto, los trámites podrían tardar siete meses. “Hay modelos de procesos internos dentro de los ministerios como en los G2G del aeropuerto de Chinchero y de la Carretera Central”, dijo.
De momento, la ministra solo ha indicado que comenzaría los trámites una vez reciba la titularidad del proyecto y que espera que esto se dé luego de que se conozca el resultado del laudo arbitral integrado del proyecto el 26 de enero.
Futuro
Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors, indica que lo ideal sería que se convoque la licitación del G2G, pero que en paralelo a la construcción de las obras también se realice el proceso de APP (Asociación Público Privada) para la operación y el mantenimiento de Chavimochic III luego de que se entregue su infraestructura.
“Una cosa es la construcción y otra es operar y mantener las obras. Por ese motivo hay que hacer dos cosas en paralelo: el G2G para construir y la licitación de la APP para poder operar y mantener la infraestructura del proyecto una vez culminen las obras”, detalla.
La Libertad
Semanas atrás el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, expresó su interés para que la entidad recupere la titularidad de Chavimochic III. En julio del 2020 se firmó el acta que transfería la titularidad del proyecto del Gobierno Regional de La Libertad al entonces Ministerio de Agricultura y Riego.
La ministra Paredes comentó que escuchó el pedido del gobernador regional de La Libertad, César Acuña, y que “está evaluando” su decisión.
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Para Cárdenas sería un error que la titularidad del proyecto regrese al Gobierno Regional, pues el origen del cambio de titularidad se debió a que la entidad no estaba en la capacidad de destrabarlo.
“Los gobiernos regionales no deberían ser titulares por lo menos hasta que se construyan capacidades y competencias para que sean concedentes en APP de esta envergadura”, remarca.
