“Los inversionistas no ven que el Gobierno esté articulando un plan para que el país progrese, sino generando conflictividad”

—La producción de todos los metales, con excepción del hierro, cayó en marzo. ¿A qué se debe este traspié?

Lo que pasa es que estamos cosechando el resultado de una serie de muy malas decisiones que ha tomado el Ejecutivo en temas de conflictividad social. Es, básicamente, el resultado de la gran cantidad de conflictos que son mal atendidos o son atendidos de manera equivocada. La caída en la producción de cobre es, claramente, el impacto de la paralización de Cuajone (Moquegua), que representa el 7% de la producción nacional.

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—¿Por qué el enfoque del Gobierno está equivocado?

En primer lugar, porque considera que las comunidades campesinas deben de tener un tratamiento diferente al de otros grupos de personas. El caso de Cuajone y Las Bambas sirve como ejemplo. En Cuajone, una comunidad campesina de 470 personas privó de agua potable y trabajo a una población laboral de 2.500 personas, más sus familiares y proveedores. Esto es algo que afectará la recaudación de canon y regalías mineras en Moquegua en el segundo trimestre del año.

—¿Este tratamiento diferenciado es algo nuevo o se arrastra desde antes?

Uno puede notar una cierta lentitud por parte del Gobierno, cuando se trata de tomar acciones frente a determinados conflictos sociales. Nosotros notamos eso en Cuajone, y también en Las Bambas. Pero la situación es más delicada en esta mina porque lleva más de un mes paralizada y sus trabajadores han anunciado que iniciarán una huelga de hambre porque están desesperados. Y también los proveedores empiezan a despedir personal. Están en riesgo 75 mil puestos laborales por no solucionar este conflicto.

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—¿Y cómo es la situación en otras minas del Perú?

En otras regiones tenemos información de que se empiezan a activar pedidos que no tienen mucho sentido y que podrían generar más conflictividad social. Y nuestra gran preocupación es que vemos que son los mismos asesores del Ministerio de Energía y Minas (Minem) quienes van a las comunidades a generar expectativas irracionales.

—¿Quiere decir que el Minem atiza los conflictos sociales en vez de solucionarlos?

Un ejemplo que vemos de manera recurrente es que las poblaciones piden formar parte del área de influencia de las operaciones mineras, aun cuando estas se encuentran a más de 200 kilómetros de distancia. Eso está ocurriendo en Las Bambas y en otras zonas del país, pero el Estado no puede ir en contra de sus propias disposiciones.

—¿Este afán del Minem por conceder todo lo que piden las comunidades obedece a desconocimiento o hay otras razones?

Están siendo irresponsables. No quiero elucubrar sobre sus motivaciones, pero me queda claro que no es correcto generar una situación de conflictividad en un país que ya está muy golpeado por los conflictos. En vez de tener la agenda puesta en progresar y aprovechar esta inmensa palanca que es la minería, el Gobierno está poniendo presión para distribuir más fondos [dinero] hacia la población, y esto genera una situación de conflicto social que va de la mano de una actuación violenta.

—Un caso reciente es el incendio del proyecto minera Azuca, en Apurímac.

Exactamente. Allí también se ha visto una mano que busca generar un ambiente de insatisfacción y de fastidio.

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—Es una situación nunca antes vista: minas paralizadas por conflictos sociales que, en algunos casos, son azuzados por funcionarios del mismo Estado.

En el caso de Las Bambas y Cuajone, hablamos del 20% de la producción nacional de cobre [paralizada en un momento]. Es una cantidad tremenda de recursos que se están perdiendo. Pero el otro punto importante es que la minería ha pagado en el 2021 tres veces más impuestos que en el 2020, y más de dos veces y medio que en el 2019. Una pregunta muy pertinente es: ¿por qué el gobierno no usa los recursos de la minería para mejorar la situación de la población en vez de generar tensión y encono entre distintos actores sociales?

—Un ejemplo es Cuajone. ¿El conflicto allí ya se solucionó?

Sí. La mina ya está operando a plena capacidad. Y también hay una mesa de diálogo, que ha sido instalada hace dos semanas con un rol muy positivo del equipo de gestión social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a quienes agradecemos este esfuerzo.

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—Eso es contradictoro: por un lado el Minem azuzando, y por otro, la PCM ayudando a encontrar soluciones.

Da la impresión de que no están comunicados entre ellos porque es ilógico que, en un caso, tengamos autoridades tratando de solucionar un problema y, en el otro, tengamos asesores del Minem que buscan generar una situación de efervescencia social y de conflicto.

—Algunos especialistas arguyen que el Minem buscaría ahuyentar a las empresas mineras para tomar las minas y crear una empresa estatal del cobre. ¿Tiene sentido que el Estado se dedique a eso?

No tiene mucho sentido. La experiencia mundial y peruana ha demostrado que cuando el Estado interviene en la operación y producción de metales básicos, no lo hace tan eficientemente como el sector privado.

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—¿Y si ese fuera el caso?

Si se comprueba que un grupo de personas ha generado una situación de conflicto para que una compañía privada entregue sus concesiones y equipos al Estado, eso es ilegal. Pero, además, creo que están leyendo mal el ADN de los mineros. Las empresas mineras y sus trabajadores tienen un ADN muy resistente contra la adversidad y van a defender su sustento. Los empleos mineros van a ser defendidos por las compañías mineras y sus trabajadores.

—¿Como en Cuajone?

Como hemos visto en el caso de Cuajone, Ayacucho, Antamina y, ahora, en Las Bambas, donde los trabajadores mineros han marchado en tres ciudades del país y han tomado la decisión, además, de empezar una huelga de hambre ante la falta de atención del Gobierno. Estamos llevando las cosas a un límite que resulta inconcebible respecto a lo que hemos visto en el pasado.

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—La competitividad minera del Perú cae año tras año y eso se refleja en las últimas encuestas del Fraser Institute.

Sí. En estos días he participado en una conferencia internacional con fondos de inversión y, lamentablemente, la mirada que se está transmitiendo sobre el Perú es de gran preocupación. Los inversionistas no ven que el Gobierno esté articulado un plan para que el país vaya hacia adelante sino generando conflictividad, que no nos va a llevar a un buen puerto.

—Esto es contradictorio, porque el Gobierno pide que las inversiones vengan al país, pero crea las condiciones para ahuyentarlas.

Muchos inversionistas comentan que ellos pueden considerar una inversión, pero les entra la duda de si van a poder operar la mina cuando ésta se construya. Si una empresa minera busca presentar un proyecto minero a su directorio, la primera pregunta va a ser: ¿Qué nos asegura que tres o cuatro meses después de construir el proyecto no estaremos en una situación parecida a la de Las Bambas? ¿O similar a la de la mina en Ayacucho que fue incendiada?

—¿En estas condiciones, cuántas posibilidades hay de que la cartera de proyecto mineros se materialice?

Es muy difícil que los directorios de las empresas aprueben proyectos en las circunstancias en que nos encontramos. Yo creo que lo que van a pedir es, básicamente, un clima de tranquilidad y, más aún, si no hay la garantía de que el inversionista va a poder operar la planta en condiciones adecuadas o recuperar su inversión. Ese es el riesgo que se percibe en este momento.

—¿En la SNMPE han hecho una estimación de cuanto se invertirá en minería este año?

Teníamos un estimado, pero vamos a revisarlo a la luz de los últimos acontecimientos.

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—¿Lo revisarían a la baja?

Si. Lamentablemente, al igual que la tasa de crecimiento del PBI, es muy probable que lo revisemos a la baja.

—¿Qué pedirían al Gobierno para enderezar esta situación y aprovechar los buenos precios de los metales?

Empezar a actuar de otra manera respecto a los conflictos sociales. Hay dos elementos. El primero es actuar de manera preventiva e inmediata cuando suceden los conflictos. Y la segunda cosa es que no se genere un ambiente en el cual los asesores del Minem acaben siendo los que alientan el inicio de las protestas. Este ya es un país difícil de gobernar como para que se eche más gasolina al fuego.