Trabajadores de Cuajone: “En la secretaría de Palacio nos dijeron que nos iban a dar una respuesta en tres o treinta días”

De acuerdo a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el conflicto con cuatro comunidades campesinas ha privado al país de US$75 millones en divisas y S/127 millones en impuestos, correspondientes a 7 mil toneladas de cobre que no se han podido producir ni vender.

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Desde del otro lado, situación de las cinco mil personas que pueblan el campamento minero, es decir, de los trabajadores y sus familias, entre ellos, más de 500 niños, se vuelve cada vez más complicada.

“Recordemos que Southern Copper tiene dos campamentos (en Cuajone y Toquepala) que son netamente familiares, donde hay hospitales, bancos, mercados y un colegio con educación primaria, secundaria y jardín”, refiere Javier Acosta, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Toquepala y Anexos (STTA).

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Acosta arribó a Lima el domingo pasado con una delegación de doce trabajadores mineros para pedir al Gobierno que “tome cartas en el asunto” y libere a las cinco mil personas que no pueden salir del campamento desde el pasado 28 de febrero.

Consecuencia de ello, señala, es que tanto la mina como el campamento minero están impedidos de acceder al agua potable, debido a que los comuneros han capturado y cerrado las válvulas de la única fuente de abastecimiento disponible: el reservorio Viña Blanca.

“El temor ahora es que las familias de los trabajadores quieran ir al reservorio a abrir las llaves. Y lo que preocupa es que vaya a haber un enfrentamiento y ocurra una desgracia de la cual nos vamos a arrepentir todos”, explica Acosta.

Por esta razón, los trabajadores mineros han venido a presentar al Gobierno un pliego con tres pedidos, el principal de los cuales es el restablecimiento del servicio de agua potable.

En paralelo, solicitan también las garantías respectivas para “evitar que Southern Copper plantee una suspensión perfecta”, y la atención del Ejecutivo para implementar una mesa de diálogo.

Un primer intento de instalar una, precisa Acosta, se malogró en días previos debido a que se negó a aceptar las exigencias de las comunidades campesinas, en especial, el pago de US$ 5.000 millones como indemnización por una supuesta usurpación de sus tierras.

“Desde allí no hay ninguna autoridad presente. En la secretaria de Palacio nos dijeron que nos iba a dar una respuesta en tres o treinta días. Pero nos hemos tenido que poner fuertes, porque si el problema no se resuelve, en 30 días nos van a encontrar a todos muertos”, advierte Acosta.

Cuajone genera el 7% de todo el cobre que se produce en el país.

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