Proyectos ponen en riesgo a la educación privada: ¿De qué tratan las iniciativas y qué impacto tendrían?

Estas propuestas han generado rechazo en diversos gremios empresariales, así como en profesionales del sector Educación, ya que estas redundarían en la regulación existente, y contravendrían las leyes vigentes.

MIRA: Cerca de 5.000 colegios cerrarían en el 2020: ¿Qué factores los han puesto en jaque?

EDUCACIÓN SUPERIOR

Una de las aristas de las iniciativas legislativas es la que busca regular el pago de matrículas y pensiones en universidades y colegios.

La propuesta de dictamen, que recoge 11 proyectos de ley y que será debatido en la Comisión de Educación, propone que las universidades y escuelas de posgrado que dispongan el inicio de su semestre académico de manera virtual durante la emergencia nacional o sanitaria deberán ajustar el valor de la pensión o del crédito de manera proporcional a la reducción de sus gastos.

“En ningún caso el valor del crédito o pensión puede aumentar por la aplicación de esta modalidad (virtual)”, se lee en el documento.

¿La postergación de pagos también se está contemplando? Sí. Todas las instituciones de educación superior estarían obligadas a ampliar el plazo para cobrar las pensiones y matrículas al menos 30 días después del reinicio del semestre lectivo.

Por si no fuera poco, los legisladores contemplan la posibilidad de que, a pedido del alumno, las entidades de estudios superiores prorrateen el pago de las deudas generadas en el primer semestre del 2020 en todas las pensiones futuras del estudiante hasta que este culmine su carrera.

MIRA: Universidades peruanas y Sunedu: ¿Será posible estudiar a distancia en los próximos años?

En esa línea, el dictamen señala que las instituciones educativas deberán enviar al Indecopi un reporte sobre el nuevo valor del crédito educativo o de la pensión en un plazo máximo de 20 días naturales desde que se promulgue (siempre que sea aprobada).

Si las entidades educativas omiten la información solicitada o el reporte es declarado inválido por el Indecopi, estas deberán reducir el valor del crédito o de la pensión en 20%.

Juan Manuel Ostoja, CEO de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) y presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (Fipes), señala que la obligación de exonerar del pago de matrículas y pensiones, de ajustar el valor del crédito y de la pensión, así como de reducir el valor de estas, configura un control de precios, lo cual contraviene lo dispuesto en la Constitución.

“Esto viene a ser un control de precio que es inconstitucional. Lejos de solucionar el problema, puede agravarlo, ya que pondría en riesgo la sostenibilidad de las universidades”, indica.

Si a los problemas financieros generados a raíz de la pandemia, se le suman estas medidas, el presidente de Fipes estima que alrededor de diez universidades cerrarían a fin de año.

COLEGIOS

Para los colegios privados también habrían nuevas reglas de juego. El proyecto de dictamen propone que cualquier alumno que se traslade de un colegio privado a uno público durante una pandemia o estado de emergencia nacional o sanitaria podrá hacerlo sin perder la vacante en la institución educativa de origen, en un lapso de hasta 180 días posteriores al término de la emergencia sanitaria.

En la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, hay otros proyectos que buscan prohibir a los colegios, cuyas clases son virtuales, incluir en las pensiones los pagos por servicios que hace la entidad.

Jorge Camacho, vocero del grupo de asociaciones de colegios privados, señala que estas iniciativas pretenden prohibir, por ejemplo, la inclusión del pago del local donde opera el colegio, arbitrios u otros impuestos, luz, agua, internet,el servicio de vigilancia, entre otros.

“Es absurdo. Nadie dice quién va a pagar las obligaciones que tenemos. Estas iniciativas están mostrando un profundo desconocimiento [en los congresistas] sobre el sector educativo”, indica Camacho.

Debido a la crisis económica, alrededor de 2.000 colegios han dejado de operar. Aproximadamente, 3.000 escuelas harán lo mismo al cierre del año, según la Asociación de Colegios Privados de Lima (Acopril).

De aprobarse estos proyectos, Camacho menciona que más colegios podrían dejar de operar al cierre del 2020. Los más afectados serían los que pertenecen al 96% de escuelas privadas cuyas pensiones son menores a S/500 y que se dirigen, sobre todo, a los sectores C y D.

“En los colegios privados estudian alrededor de 2 millones de personas y trabajan cerca de 300.000 personas. Ellos podrían verse afectados si se aprueban estos proyectos”, dijo Camacho.

El congresista Carlos Mesía de la bancada de Fuerza Popular es autor de la iniciativa que busca prohibir a los colegios incluir algunos costos, como los antes mencionados, en las pensiones.

MIRA: Gobiernos regionales: ¿Cómo las empresas pueden ayudar a mejorar la educación pública?

Mesía afirma que no se está proponiendo un control de precios, sino que se está regulando.

“Si un periódico, por ejemplo, tiene un vigilante, entonces tiene que poner en el costo del periódico cuánto gana el periodista, no el vigilante del edificio porque no forma parte del servicio de la información”, explica Mesía.

Sobre la posibilidad de que su proyecto genere el cierre de más colegios, el parlamentario afirma que de eso se debe encargar el Gobierno y asegura que ningún colegio va a cerrar porque “ganan muy bien”.

CAMBIOS EN EL DICTAMEN

Al ser consultado por Día1 sobre los posibles vicios inconstitucionales que tendría el dictamen, el presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Luis Dioses, indicó que el jueves 30 de julio se hicieron modificaciones a la primera propuesta del dictamen a partir de las observaciones que habían presentado algunos gremios, instituciones o especialistas en la materia.

“Hemos tratado de ajustar el contenido de manera que no haya ningún artículo que [atente] contra la libertad de empresa. Sin embargo, en algunos artículos, de todas maneras, se va a tener que precisar qué facilidades deben dar las entidades educativas a sus alumnos en estos momentos de emergencia”, dijo Dioses.

Asimismo, el legislador indicó que han recogido nuevos comentarios sobre el proyecto de ley, que serán revisados esta semana.

“Se ha recomendado que el equipo técnico centre los artículos [del proyecto] en el marco constitucional y en el respeto a las normas que existen sobre la materia en este caso”, agregó.

A su turno, Marilú Martens, extitular del Ministerio de Educación (Minedu), señala que la rectoría de la política educativa debe estar en manos de ese ministerio.

“Es importante el trabajo que puede hacer la Comisión de Educación del Congreso, pero siempre de acuerdo a sus competencias, que son velar por la mejora educativa y fiscalizar que el Ejecutivo realice un buen trabajo con las políticas de Estado”, dijo Martens.

PROPUESTAS

Para Ostoja, de Fipes, la solución al problema la debe dar el Estado, asumiendo su rol de garante de la educación, otorgando bonos de emergencia.

En ese sentido, Ostoja se muestra a favor del anuncio hecho por el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, en el que indicó que se evalúa la creación de un crédito estudiantil a nivel escolar y universitario.

Martens, además, hizo un llamado a la Comisión de Educación para que dentro de sus funciones aporte a la propuesta de los órganos técnicos para mejorar la educación rural, “que es 100% competencia del Estado”.

“La solución no está en poner en riesgo la sostenibilidad de las universidades privadas licenciadas. La solución está en manos del Gobierno”.

TE PUEDE INTERESAR

• ¿Cómo la pandemia ha impactado en los negocios de la zona?
• La estrategia de GAP, The North Face y otras marcas de Komax Perú ante la pandemia
• ¿Qué pasará con quienes aún tienen pendiente la devolución de sus depósitos?
• “Hay mucha gente que ha sido dejada de lado de la historia de crecimiento del Perú”
• Latam Airlines: vuelos suspendidos por cuarentena focalizada podrán ser reprogramados sin penalidad

MIRA TAMBIÉN