Jorge Toyama

Un año electoral, movimientos sociales en países vecinos y una mayor sensibilidad sobre los temas laborales permiten anticipar que tendremos un 2020 con mayor conflictividad, nuevas normas y organizaciones sindicales más activas.

¿Qué esperamos del Estado? Además del incremento de la remuneración mínima, el nuevo reglamento de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y fortalecer la regulación de la seguridad y salud en el trabajo, se espera que refuerce las fiscalizaciones de , implemente la reforma del servicio civil y emita disposiciones sobre teletrabajo, modalidades formativas, etc.

La gran tarea pendiente sigue siendo la informalidad. Pese a los esfuerzos del Gobierno, la tasa de personas que no cuentan con un seguro regular supera los dos tercios de los peruanos. Las normas y políticas públicas deberían orientarse a generar incentivos a favor de la formalidad, persuadir sobre las ventajas del aseguramiento y continuar con la inteligencia inspectiva orientada a la formalización.

Se habla poco de la baja productividad laboral. La apuesta por la formación profesional y la inversión en capacitación debe ser una prioridad. El Perú debe ser competitivo. No lo es. Las empresas peruanas compiten globalmente. Las empresas, sindicatos y el Estado deben generar los incentivos adecuados para que los trabajadores peruanos tengan los más altos estándares técnicos y convertirnos en un referente regional.

¿Qué se espera de las organizaciones sindicales? El incremento de la tasa sindical y la formación de mayores federaciones continuará, así como las actuaciones no coordinadas entre las centrales, que debilitan las presiones sindicales. Si actúan estratégicamente pueden reestablecer la simpatía con la sociedad civil y presionar en conflictos individuales o protestas colectivas, para lograr una mayor atención de las empresas y el Estado a sus demandas. Además, se espera que el nuevo Congreso cuente con varios dirigentes o asesores sindicales.

¿Qué se espera de las empresas? La sociedad demanda un involucramiento mayor de las empresas, que signifique superar los mínimos legales exigidos. ¿Qué podrían hacer los empleadores por sus trabajadores, sus familias y la ciudadanía? Por ejemplo, limitar las horas extras permanentes (sin reducir los ingresos) para contratar más empleados o contar con un comité paritario de solución de conflictos internos. Ya no es una opción, es deber imperativo de las empresas impactar positiva y directamente en los trabajadores y la sociedad.