El ‘compliance’ (cumplimiento de las empresas) y la lucha contra la corrupción son dos iniciativas que definen el modo de hacer negocios hoy en día, sobre todo, en los países azotados por la red de sobornos de Odebrecht. KPMG, firma auditora, anticipó esto y tuvo cuidado de no relacionarse con ninguna constructora en el Perú. Sin embargo, incidentes ocurridos en otras oficinas suyas alrededor del mundo la han inducido a reforzar sus controles. De esto y de otros temas conversamos con Óscar Caipo, socio principal de KPMG en el Perú.
KPMG es una de las cuatro firmas de auditoría que dominan el mercado global, pero ¿cuál es su fuerte en el Perú?
Nuestro foco es la auditoría de estados financieros, la asesoría tributaria y legal, y la consultoría. Sentimos que nos diferenciamos del resto, no solo por la forma como entregamos nuestros servicios –con altos estándares de calidad y consistencia– sino porque nos movemos con propósito y valores.
►Es un buen negocio para las empresas actuar íntegramente”
¿A qué sectores brindan servicios?
Atendemos a todos, pero tenemos una participación muy importante en el sector financiero. Por ejemplo, auditamos el 40% de todos los activos de la banca y las empresas de seguros. También tenemos una fuerte presencia en el sector minero-energético, en consumo e industria.
Uno de los principales cuestionamientos a las empresas auditoras es que suelen ser complacientes con las firmas que analizan. ¿Sucede eso en el Perú?
Yo creo que eso ocurre cuando no hay claridad sobre qué es lo correcto. En nuestro caso, siempre hemos tenido las cosas claras. Los valores son la guía que tomamos como referencia para tomar todas nuestras decisiones.
¿Qué tipo de decisiones?
Nosotros decidimos hace muchos años no ser auditores de empresas constructoras.
¿Esa es una medida adoptada por KPMG a nivel del Perú o Latinoamérica?
Es una decisión de KPMG en el Perú, pero que responde a la realidad. Para nadie es una novedad que el sector construcción está muy expuesto a coimas y cupos. Eso quiere decir que el auditor se encontrará, muy posiblemente, con dinero que no tiene sustento o con mecanismos sofisticados. Entonces, mal haríamos en atender sectores sospechosos de no conducirse bien, solo por afán de hacer negocios o crecer.
¿Cuándo tomaron esa determinación?
Yo trabajo en KPMG desde hace once años, y esa fue una de las primeras decisiones que adoptamos: no enfocarnos en constructoras. Yo venía entonces de Brasil, donde viví siete años, y estaba muy sensibilizado por las muestras de corrupción que veía continuamente.
¿Debido a la corrupción de Odebrecht y otras empresas constructoras?
Así es. No podemos ser complacientes ni cerrar los ojos ante actividades de corrupción que son evidentes. Y en KPMG nos hemos cuidado de que nadie pueda cuestionar algo que hayamos hecho en el sector construcción. En algunos casos hemos brindado pequeños servicios, pero no hemos querido ni siquiera relacionarnos.
¿No auditan a ninguna constructora en este momento?
Los tiempos han cambiado. Hasta los últimos dos años no trabajamos con ninguna. Ahora auditamos una constructora internacional con estándares muy diferentes [a los Odebrecht y otras]. El mapa de empresas se está redefiniendo. KPMG revisa constantemente su cartera de clientes y deja de brindar ciertos servicios, debido a su nivel de exposición a la corrupción.
¿Qué otras actividades han dejado de atender?
Por ejemplo, dejamos de ver temas relacionados con el Poder Judicial y temas migratorios, pero hemos regresado a estos últimos debido a que los trámites son ahora online, lo que evita el riesgo de sobornos.
¿Estas son decisiones que KPMG toma indistintamente en cada país?
Es una forma de pensar de KPMG, pero traída a la realidad peruana, que está muy sensibilizada por los temas de corrupción. Y es una visión de una firma que busca crecer y ser sostenible en el largo plazo con una reputación intachable.
Sin embargo, KPMG se ha visto involucrada en problemas de mala praxis en EE.UU. y Sudáfrica (caso Gupta). ¿Eso no ha impactado la reputación de la firma?
Siempre impacta. Estamos en un mundo interconectado. Pero es importante diferenciar la conducta empresarial de la individual. En EE.UU. tuvimos problemas de conductas individuales, de funcionarios que KPMG denunció a los reguladores. Mientras que en Sudáfrica no supimos deslindar a tiempo con un cliente cuestionado por la opinión pública. Eso nos ha sensibilizado más a nivel global.
¿Los estándares de KPMG se han reforzado por estos incidentes?
Nosotros ya teníamos estándares muy altos. Pero hemos puesto mejores controles, porque un problema en un lugar remoto del mundo puede impactarnos a todos.
¿No ha habido un impacto en el Perú?
No. Lo de Sudáfrica tuvo un impacto rápido a Londres, pero de forma mediática. Felizmente nuestros clientes, el mercado y la opinión pública saben diferenciar una conducta empresarial de más de cien años, versus algunos eventos individuales que nos apenan. Pero reaccionamos frente ello y aprendemos.
Usted también es vicepresidente de Empresarios por la Integridad, iniciativa que busca reforzar los mecanismos de ‘compliance’. ¿Cómo vienen avanzando?
Muy bien. Lo que estamos alentando ahora es implementar sistemas anticorrupción en las empresas. Para ello, estamos otorgando una certificación antisoborno, que permitirá que la gerencia y los accionistas de una compañía estén protegidos legalmente ante actos de corrupción individuales.
¿Ya han otorgado algunas certificaciones?
Hemos anunciado tres empresas certificadas hace un mes: Talma, Aeropuertos del Perú y Dinet. Ahora tenemos diez más en proceso, cuyos nombres daremos a conocer en Cade 2019.
¿Hay alguna empresa minero-energética?
Sí, hay mineras y bancos. Y tenemos más de 40 empresas de diversos sectores que están postulando. Lamentablemente la ley anticorrupción ha demorado en ser implementada, pero estamos avanzando porque la situación lo exige. Hay cifras reveladoras. Por ejemplo, una encuesta a 400 CEO peruanos señala que el 99% de ellos ha oído hablar de sobornos realizados por otros empresarios. Esa es la cruda realidad, en el sector público y privado.
¿No piensan emitir certificaciones antisoborno para empresas públicas?
Nos han buscado dos entidades estatales, pero recién estamos consolidándonos. Por eso, hemos empezado por certificar a las empresas que han implementado los estándares más eficientes o que lideran los sectores económicos. Eso sí, hemos dicho no a las constructoras.
¿A cuántas empresas estiman certificar?
Esperamos certificar a 100 o 200 en los próximos dos a tres años. Y estamos también a la espera del reglamento de certificación para las pequeñas y medianas empresas. La idea es que las grandes compañías extiendan este requerimiento a sus proveedores y principales clientes a fin de generar clústeres de integridad.