Columna: El efecto coronavirus en el sector eléctrico, por Daniela García Belaúnde

(Daniela García Belaúnde es socia del Área de Energía del Estudio Rubio Leguía Normand)

A partir del segundo día de declarado el estado de emergencia provocado por el COVID-19 en el país, la demanda eléctrica, uno de los principales indicadores para medir la economía, fue descendiendo de manera paulatina hasta en un 30%. Esto se tradujo en una reducción del consumo (básicamente de los grandes usuarios liderados por las mineras) de aproximadamente 2000 MW respecto de lo programado por el operador del sistema para dicha semana.

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Por su parte, la energía generada se redujo en 33%, la que ha estado siendo atendida en gran medida por hidroeléctricas en un 90%, 5% por térmicas y 5% por fuentes de origen eólico y solar. Esto supuso la reducción (aún más) de los precios de energía en el mercado mayorista, el cual no ha superado los 20 S//MWh en un contexto de disponibilidad de recurso hídrico y drástica reducción del despacho de las centrales térmicas.

Si bien la crisis no ha puesto en peligro la seguridad, calidad y continuidad del suministro eléctrico, existen otros posibles efectos colaterales que la reducción de la demanda traerá y que no debemos obviar.

La menor operación así como la reducción de los costos marginales tendrá un impacto en los ingresos del parque generador, lo que dependerá de las estrategias comerciales y contractuales que hayan adoptado; el menor volumen de energía consumida impactará en la remuneración de la infraestructura eléctrica y asignación de costos y cargos asociados del sistema; la postergación o incumplimiento del pago de facturas representa un riesgo para la cadena de pagos entre los agentes; el cumplimiento de las cláusulas de contratación fija a las que están sujetas las empresas de distribución; así como el uso ineficiente del gas natural al incurrir en un gas pagado y no consumido por parte de las centrales térmicas, entre otros efectos.

Igual de importante es la imposibilidad de las empresas de cumplir con la construcción de los proyectos eléctricos dentro de los plazos pactados, e incluso de recibir suministros fabricados en otros países afectados por el COVID-19, tales como China; y la suspensión de los plazos de los procedimientos que afectan la continuidad de la ejecución de proyectos sujetos a fechas determinadas, como los del Plan de Transmisión.

Sin duda alguna, estos efectos serán evaluados y medidos por los agentes una vez superado el estado de emergencia. Mientras tanto, nos corresponde acatar las disposiciones emitidas.