Carlos Hurtado de Mendoza

Por mucho tiempo se recordará lo que pasó el lunes 16 de marzo en nuestro país. Un ‘lunes negro’ para empresas y consumidores en el amplio espectro de la actividad económica, cuya sombra se ha extendido los siguientes días, hasta hoy y, probablemente, todavía por varias semanas (o meses) más. Tal será el alcance de la necesaria impuesta por el Gobierno, un que ha dejado varias cuestiones sobre el tapete; por ejemplo: ¿cómo fiscalizar el encarecimiento de los servicios y la especulación sobre los precios de la canasta básica, que acabamos de ver?

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Y es que nadie quiere lidiar –otra vez– con pasajes de aerolíneas (o buses) cuyos costos se multiplican por cinco en tiempo récord, o que algo similar ocurra con el valor del kilo de limón. “En estos casos de emergencia se justifica que el Estado fije rangos de precios para determinados productos y servicios esenciales, por lo menos en el caso de aquellos que están listados en el Decreto Supremo que emitió hace una semana, cuando declaró la cuarentena”, apunta a Día1 Carlos Zúñiga, presidente de Elegir Perú.

El especialista añade que los problemas de acaparamiento y especulación que hemos experimentado ya no son punibles actualmente, y por lo tanto no se pueden sancionar, “por eso es que deberían volver a tener la categoría de delito”, refiere. Una propuesta avezada y popular con la que, sin embargo, no todos están de acuerdo.

Uno de los que se opone es el abogado Pierino Stucchi, socio senior del estudio Muñiz. “Ya hemos vivido lo que provoca fijar precios. Cuando intervienes de esa manera en un mercado de libre oferta y demanda, lo único que consigues es estimular la escasez y el contrabando, porque los productores, intermediarios y vendedores van a dejar de ofrecer sus productos y servicios”, explica, y precisa que esta excepción solo cobra sentido cuando tenemos un proveedor único, sin competencia.

Esta foto del 20 de marzo muestra a una mujer mirando un estante vacío en un supermercado en Potsdam, Alemania. (Foto: Reuters)
Esta foto del 20 de marzo muestra a una mujer mirando un estante vacío en un supermercado en Potsdam, Alemania. (Foto: Reuters)

¿Cuál es la solución, entonces? Para Stucchi estos problemas se enfrentan con información, con mucha data sobre los importes ‘reales’, en paralelo con asegurar el constante abastecimiento de los proveedores, una fórmula con la que está de acuerdo Carlos Zúñiga, aunque aclara que sería como complemento de la (necesaria) fijación de precios.

RESPONSABILIDAD DE TODOS

El Gobierno ha optado por informar. De hecho, el último miércoles el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, destacó que la web del Sistema de Información de Abastecimiento y Precios (Sisap) está disponible para que los ciudadanos corroboren cuánto deben pagar por la canasta básica.

Poco después, el jueves, Indecopi señaló que se mantendrá supervisando en actividades como publicidad, distribución de alimentos y de productos básicos y financieros, entre otros rubros priorizados por el estado de emergencia. Además, acotó que están trabajando a través de sus canales ‘online’ para recabar denuncias de los consumidores, quienes podrán reportar afectaciones a sus derechos vía formularios electrónicos que la entidad ha puesto a disposición, en línea.

“Indecopi está actuando correctamente, pese a que sus oficinas están cerradas y han tenido que soportarse en el teletrabajo. Es muy importante que continúen de esa manera y que todas sus comisiones se mantengan operativas, porque deben emitir decisiones en máximo 30 días”, apunta Pierino Stucchi. Una tarea crucial que, de todos modos, por sí sola no será suficiente. A la población peruana le toca hacer el resto, y esto es algo que será muy valioso.

¿De qué forma? Sucede que buena parte de la escalada de precios que vimos, sobre todo el lunes y martes últimos, tuvo que ver con la ‘histeria colectiva’ que, antes, inundó los supermercados, anota Carlos Zúñiga. Ojo que sobre ello ya nos había alertado el Minagri, cuando explicó que las compras excesivas generaron encarecimientos. Entonces, es importante preguntarnos qué tanto estamos haciendo para cuidarnos, como colectividad. Esa también es nuestra tarea, aunque algunos la están olvidando.

BONNUS TRACK: “HAY QUE HACERLE SEGUIMIENTO A LOS BANCOS Y AFP”, APUNTA CARLOS ZÚÑIGA

Como es de suponer, el efecto del estado de emergencia no se limitará a los 15 días que ha dispuesto el Gobierno. Sus consecuencias económicas se van a extender más tiempo, dependiendo de los sectores y de las medidas de reactivación que se tomen, tanto en el ámbito estatal como en el privado, explica Carlos Zúñiga, presidente de Elegir Perú.

En ese contexto, añade, son valiosas las medidas que se han tomado en el sector financiero, que en coordinación con el Ejecutivo ha pospuesto el pago de los créditos de consumo; pero se debe monitorear un aspecto complementario nada desdeñable como parte de esta medida: ¿se suspenderán también los pagos de intereses? Porque de nada serviría posponer los créditos si, al final, las cuotas mensuales se multiplicarán con los intereses acumulados.

Otro aspecto a revisar es la reforma de las AFP, apunta, porque en este trance pierden miles de soles de los afiliados, mas no sus comisiones. “Ojo con eso”, destaca.