Seis meses después de la aparición de los primeros casos de COVID-19 en el mundo, solo hay 11 países libres de la pandemia. Y, junto con ellos, algunos territorios desconectados de la civilización en donde habitan los últimos indígenas no contactados de la Tierra: Papúa Occidental, el archipiélago de Andamán (India) y la selva amazónica.
Conocidos en el Perú como Poblaciones Indígenas en Aislamiento o Contacto Inicial (PIACI), estos habitantes de la Amazonia se encuentran ahora en la mira del Congreso, que busca dictar medidas para ‘protegerlos’ de la pandemia.
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A ese fin, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos aprobó por unanimidad el predictamen al Proyecto de Ley 4044, que modifica la Ley 28736 o Ley PIACI. Su objetivo es proporcionar intangibilidad total a las cinco reservas indígenas que existen en el país, añadiendo cinco más, hasta un total de diez.
La norma se encuentra en vías de ser debatida en el Pleno del Congreso y ha hecho sonar las alarmas de los sectores extractivos, que ven en ella una amenaza.
¿CAMISEA EN RIESGO?
Así, la Sociedad Peruana de Hidrocaburos (SPH) ha alertado que si la ley es aprobada pondrá en riesgo el 50% de la producción eléctrica nacional, generada con gas natural, y el plan de masificación de este hidrocarburo, además de la producción de petróleo [en la selva norte].
Y es que, según Perú-Petro, dichas reservas se superponen a cinco lotes en producción y exploración, entre ellos el 88 (Camisea), que produce el 90% del gas natural que consume el país.
“Lo que propone el proyecto de ley es la intangibilidad absoluta de las tierras que ocupan los PIACI. Eso quiere decir que todas las actividades formales que se generan en esas zonas tendrán que retirarse”, señala Felipe Cantuarias, presidente de la SPH.
Del mismo modo, el Ministerio de Energia y Minas (Minem) ha declarado, en una misiva enviada al Congreso, que el proyecto de ley tendría consecuencias negativas para el desarrollo de las actividades de hidrocarburos.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), organización que lidera la batalla por los derechos de las PIACI, considera, sin embargo, que dichos temores son infundados.
“El meollo del asunto es que la aplicación de esta nueva ley no es retroactiva”, apunta Segundo Chuquipiondo, coordinador nacional de comunicaciones de Aidesep.
De acuerdo a Silvana Baldovino, directora del programa de biodiversidad y pueblos indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), esto significa que “no se van a afectar” los derechos otorgados a los operadores petroleros y gasíferos, como Camisea.
“De aprobarse la ley, todo lo que rige es para adelante. Camisea no se va a restringir. Creo que los empresarios petroleros no han revisado detenidamente el predictamen, porque allí dice claramente que no tiene efectos retroactivos”, anota.
MODERNIDAD Y AISLAMIENTO
Los operadores petroleros opinan, sin embargo, que el establecimiento de más reservas PIACI no resolverá el problema de fondo, que es proteger a estos pueblos de agentes externos.
Gonzalo Castro de la Mata, ecólogo y gerente de Asuntos Externos de Pluspetrol, apunta que Camisea ha servido de ‘buffer’ para proteger a los PIACI del ingreso de mineros ilegales y madereros.
“Hemos convivido por 20 años con estos pueblos en total armonía. Ellos pidieron que les construyamos viviendas y quieren tener acceso a servicios básicos. Si la ley se aprueba, los condenaríamos a que continúen sus actividades de subsistencia”, señala.
Por el contrario, Aidesep considera que los PIACI no deben nada al Estado ni a las empresas privadas y que su mayor seguridad radica en el aislamiento voluntario, que les permite rehuir a los madereros y mineros ilegales.
Pero no todos los PIACI están de acuerdo. Por ejemplo, las comunidades indígenas en contacto inicial de Flor de Coco, Buena Vista, Shapajal, Bolívar y Urbina (Loreto), han enviado una carta al presidente de la República, mostrando su preocupación por la creación de una reserva PIACI en sus territorios.
Ellos temen que esta área violará sus derechos de aprovechamiento de recursos naturales y su oportunidad de disfrutar infraestructura y modernidad.
¿Qué parte tiene la razón? Queda al Pleno del Congreso escoger lo que es mejor para los indígenas en aislamiento voluntario y el país.