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La última conversación: lo que Sheyla no sabía del policía asesino que la esperaba en Comas [CRÓNICA POLICIAL]
La semana pasada, el Perú rompió la barrera de los 10 mil decesos y 290 mil contagios por COVID-19, convirtiéndose en el sexto país más afectado por la pandemia en el mundo.
En este aciago contexto, el Gobierno finiquitó una larga negociación con las clínicas, sindicadas de cobrar cifras astronómicas (S/200 mil a S/300 mil) a los pacientes de COVID y de mirar con poca empatía los sufrimientos de la población, atribulada por la falta de empleo.
“Dejen un momento de sacar cuentas y concentrarse en sus márgenes de ganancia. Es el momento de la vida”, dijo el ministro de Salud, Víctor Zamora.
Ese mismo día (24 de junio) ambas partes limaron sus diferencias y acordaron establecer una tarifa plana de S/55 mil, con vigencia hasta noviembre de 2020, para los pacientes de UCI referidos por EsSalud y el SIS a las clínicas.
Asimismo, convinieron en que estas proveerían 50 camas UCI en todo el país: 15 en Lima, 15 en Callao y 25 en el resto del país.
LAS DOCE CLÍNICAS
Sebastián Céspedes, presidente de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP), explica las razones que indujeron a fijar esta cantidad, a simple vista pequeña.
“Una es que, afortunadamente, empezamos a ver una tendencia a la baja en la disminución de nuevos casos diarios de COVID-19, y otro es que el Ministerio de Salud (Minsa) ha venido habilitando más camas UCI”, refiere.
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Doce clínicas han accedido a suscribir el contrato de tarifa plana con el Gobierno.
Hasta el miércoles pasado, 12 clínicas (de un total de 64 agremiadas) habían aceptado firmar el acuerdo, pero muy pocas lo habían suscrito.
De acuerdo a la ACP, esta demora no se debe a falta de voluntad, sino a que los interesados en firmar estuvieron actualizando los poderes de sus representantes, los cuales vencieron durante la prolongada cuarentena.
Hecho esto, varias clínicas habrían acercado a estampar su firma el viernes pasado. Según la ACP, seguirían otras 50 o 60, incluyendo muchas no agremiadas.
La demora en llegar a este punto ha dejado, sin embargo, un sabor amargo en la opinión pública.
DESCONFIANZA Y DESACIERTOS
Carlos Zúñiga, director de la Asociación de Defensa del Consumidor Elegir, considera que las clínicas han obstaculizado las negociaciones para suministrar el menor número posible de camas UCI.
“Siendo así, debemos aplicar el artículo 82 de la Ley General de Salud a menos que el gremio ponga a disposición, con cargo a regularizar posteriormente el trámite, todas las camas en función a los pacientes que vayan llegando”.
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El Gobierno y las clínicas demoraron mes y medio en ponerse de acuerdo en una tarifa.
El artículo 82 establece que la Autoridad de Salud está facultada para disponer la utilización de todos los recursos médico-asistenciales de los sectores público y privado en situación de pandemia.
Flor de María Philips, directora del MBA en Salud de la Escuela de Postgrado de la UPC, opina, en cambio, que no ha habido mala voluntad, sino desaciertos por el lado del Gobierno y las clínicas.
A su entender, ambas partes se sentaron a negociar con bastante desconfianza, derivada del hecho de que ninguna había desarrollado una experiencia de intercambio prestacional público-privado, como la que se estaba intentando.
En efecto, la especialista recuerda que ambas partes ya se habían puesto de acuerdo en fijar un paquete de S/90 mil por 21 días (S/4.000 al día), cuando un nuevo jefe del SIS complicó las negociaciones al sacar una norma que fijaba la tarifa en S/35 mil por 21 días.
“Tratandose de un problema de carácter técnico, ambas partes debieron sentarse a hallar una solución. Pero se perdió la oportunidad y el asunto llegó al despacho presidencial con las consecuencias que ya todos conocemos, y que pudieron resolverse mes y medio atrás, sin tanto desgaste y crisis reputacional”, señala.
¿DISTRACCIÓN DEL GOBIERNO?
No obstante, y aun cuando lamenta la demora, Janice Seinfeld advierte que la firma del contrato constituye un hito importante en la colaboración público-privada.
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Las clinicas aumentarían su oferta de camas UCI, de 250 a 275.
“Este debería ser el primer paso para la firma de más acuerdos prestacionales entre las clínicas y el sector público, pero con una dinámica de mayor confianza”, indica la directora ejecutiva de Videnza Consultores.
Sin embargo, observa que se trata de una medida limitada para el esfuerzo de la lucha contra el COVID-19, debido a que el mayor peso lo tiene el sector público.
De hecho, la ACP estima que todos sus asociados manejan alrededor de 250 camas UCI frente a 1.200 del estado.
Por esta razón, el médico y profesor de Esan, Guillermo Alva, considera que las críticas del Gobierno hacia las clínicas son una forma de desviar la atención de su mala gestión en los hospitales.
“Mi lectura es que Gobierno busca distraer a la opinión pública, porque la capacidad que tienen las clínicas, hablando en número de camas, no es tanta para el tamaño de la población que tenemos”, refiere.
Por esto, aconseja mejorar la gestión de los hospitales para evitar muertes innecesarias.
Es más, apunta que el Gobierno haría bien en dar la gestión de estos a los privados, como ocurre actualmente con los hospitales Alberto Barton y Guillermo Kaelin, que son administrados por privados bajo la modalidad de ‘bata blanca’.
