En Loreto existen 1.560 comunidades indígenas. En la foto, miembros del pueblo shipibo de dicha región usan tapabocas de hojas. (Foto EFE/Aidesep)
En Loreto existen 1.560 comunidades indígenas. En la foto, miembros del pueblo shipibo de dicha región usan tapabocas de hojas. (Foto EFE/Aidesep)
Manuela Zurita

La pandemia del está replanteando las tradicionales relaciones comunitarias entre las empresas que operan en zonas rurales, alejadas de centros urbanos.

En la , el asunto involucra directamente a los , cuyo acceso al sistema de salud es limitado. En efecto, solo una de cada 10 comunidades indígenas posee un establecimiento de salud en su territorio, según evidencia un informe publicado en diciembre último por la Defensoría del Pueblo.

Esta situación pone en peligro la equidad e igualdad en materia de atención ante la emergencia sanitaria de dichas poblaciones, lo que sumado a la pobreza y extrema pobreza en las que viven, agrava su vulnerabilidad ante el virus y genera posibilidades de contagio masivo.

Así lo advierte Alicia Abanto, adjunta para los servicios públicos, medio ambiente y pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo, quien asegura que las empresas que operan en los territorios amazónicos y las propias comunidades les han expresado su preocupación ante el riesgo.

¿De qué manera minimizarlo? Desde el sector privado, indica, es necesario “adecuar los parámetros de la actividad al nuevo escenario”. “Todas las empresas tienen que garantizar que van a cautelar el distanciamiento social y gestionar las operaciones teniendo en cuenta la seguridad alimentaria de los trabajadores y los pobladores”, anota.

En la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) son conscientes de dicha necesidad. Pablo de la Flor, su director ejecutivo, explica que, además de ajustarse al protocolo del Ministerio de Energía y Minas (RM 111-2020), se han establecido nuevas dinámicas de ‘diálogo’ a través de tecnologías de la comunicación existentes, subutilizadas, como el teléfono y las videoconferencias. Reconoce el reto que esta estrategia plantea en la selva, donde la cobertura es marginal.

Otro desafío no menor, pasada la emergencia, será asegurar el distanciamiento social en procesos como la consulta previa o la aprobación de estudios de impacto ambiental, observa.

OTRO PARADIGMA EN CUESTIÓN

Para Jorge López-Dóriga, director ejecutivo de comunicaciones y sostenibilidad de Aje, la crisis por COVID-19 visibiliza la urgencia de empoderar “desde adentro” a los pueblos indígenas.

En efecto, el grupo mantiene una alianza comercial con comunidades de la Reserva Nacional Pacaya Samiria (Loreto) para la compra de camu camu y aguaje, con los que fabrica bebidas. “No estamos ahí, los que están son las comunidades. Lo que hacemos es recoger los productos”, dice. Aunque la pandemia los tomó por sorpresa y desconocen cuándo podrán iniciar la cosecha anual (que suele comenzar en abril), cuando ocurra, evitarán el contacto. Es una decisión radical para preservar la salud de las personas y del negocio.

Existen más cadenas productivas indígenas en la selva. En Amazonas, los awajún y wampís producen shiringa para calzado. En Junín, los mencoriari, café. “Tienen que ser las comunidades las que manejen su negocio”, afirma el ejecutivo. Con la debida distancia, dicha aproximación no generará menos cercanía.

¿Qué es la covid-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

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