En el marco de las potestades otorgadas por el Congreso, el domingo 10 de mayo, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo 1501, a través del cual precisó y amplió varios artículos de la Ley de gestión de residuos sólidos.
En el artículo 24 –sobre el rol de las municipalidades distritales–está la esencia del cambio: la norma que antes animaba a la implementación “progresiva” de programas de segregación de residuos en la fuente, así como a la recolección selectiva de los mismos, ahora es obligatoria.
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¿Qué implica segregar en la fuente? Que quienes generamos la basura –las familias, los restaurantes, los centros comerciales, entre otros– deberemos separar los residuos orgánicos de los inorgánicos, y los municipios deberán gestionar su debido recojo, procesamiento y valorización. Es una política y un negocio que ya funciona en economías como las nórdicas o la japonesa.
¿Por qué ahora? “Esto lo deberíamos haber hecho hace tiempo”, afirma la titular del Ministerio del Ambiente, Fabiola Muñoz, a Día1. “Pero en estas circunstancias no podemos seguir arriesgándonos a tener problemas de salud pública [...] por un mal manejo de gestión de los residuos”, completa.
En efecto, la regulación –publicada un día después del protocolo de seguridad e higiene para la operación ante el COVID-19 del servicio de reciclaje– busca no solo reactivar una actividad paralizada desde inicios de la cuarentena, sino viabilizarla en el largo plazo.
Según Muñoz, la segregación de residuos podría generar al menos 500.000 empleos para recolectarlos, separarlos en centros de acopio y transportarlos a plantas de procesamiento. Así, contribuiría a la formalización de una actividad hasta ahora realizada en la sombra, en condiciones precarias e insalubres.
UN DEBATE EN CIERNES
Aunque, en general, los empresarios vinculados al reciclaje saludan la norma (Día1 consultó a firmas fabricantes de ‘compost’, bebidas, empaques y tratamiento de residuos) y coinciden en la oportunidad que crea para invertir en infraestructura y consolidar la actividad, advierten que su aterrizaje no estará libre de retos.
Para empezar, será necesario sensibilizar a la población y enseñarle a segregar bien, de lo contrario generará sobrecostos en los eslabones posteriores del negocio. En ese sentido, un aspecto técnico no menos relevante del proceso será definir el tipo de bolsa a emplear para cada tipo de residuo, advierte Raúl Valenzuela, cofundador de Lima Compost, que ha capacitado a 1.500 familias limeñas en técnicas de compostaje. El administrador explica que hoy la mayoría de los comercios venden bolsas compostables industrialmente y no para el hogar. “En Perú no existe un lugar donde se pueden compostar esas bolsas. Han hecho un trabajo con la ley del plástico (de un solo uso), pero no la han completado”, subraya.
En la actual emergencia sanitaria, otra pregunta que surge es cómo se segregarán y tratarán los residuos peligrosos como mascarillas y guantes provenientes los hogares, cuya regulación recae en el Ministerio de Salud. “Hay una ausencia tremenda sobre los (residuos) más importante del momento que es esto (los residuos biocontaminantes)”, afirma Antoine Babilotte, director de operaciones de Séché Group Perú, dedicada en nuestro país al tratamiento de residuos peligrosos. En efecto, aunque el volumen de estos materiales ha disminuido durante el aislamiento por menor atención ambulatoria de hospitales y clínicas, hoy los residuos en “bolsa Covid” suponen el 30% del total que trata, precisa el ejecutivo.
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Pero, quizá el aspecto que genera más incertidumbre sea el modelo de gestión que permitirá la sostenibilidad financiera de la actividad, toda vez que hoy está respaldada por el cobro de arbitrios que suelen ser insuficientes por impagos. Muñoz señala que el DL 1501 promueve la creación de incentivos para buenos segregadores, pero esta propuesta no termina de convencer en el sector privado.
“(La nueva regulación) requiere mayores esfuerzos, porque va a ser más costoso. El real problema es que muy poca gente paga esos arbitrios. Lo que se tiene que hacer es ampliar la base que paga y al que no hace, cobrarle un poco más”, opina Philip Reiser, cofundador de Sinba, dedicada a la fabricación de alimento para cerdos y compost a partir de residuos orgánicos.
“El tema es cómo voy a obligar a las municipalidades a que ya no tengan un camión, sino que pasen tres camiones. ¿Cómo voy a pretender que haya una optimización de costos? Hay una consecuencia en los costos de recolección que alguien va a tener que pagar. Hoy la municipalidad con la sola recolección de residuos no logra pagar las cuentas", afirma Babilotte.
Lo cierto es que la actualización normativa es solo el disparador de un debate que tomará forma con su reglamentación. “Quisiéramos que estuviera en 60 días y tener un proceso participativo con las municipalidades”, espera Muñoz.
¿INVERSIÓN EN PLANTAS DE SEGREGACIÓN?
Desde el sector privado aseguran que la nueva regulación, al generar un mayor volumen de material para procesamiento, podría alentar la inversión en infraestructura para el reciclaje, como plantas de segregación (donde se hace una segunda separación -más precisa- de los residuos). Hoy en el país existen cuatro instalaciones de este tipo: en Ate, Surco y La Molina (Lima) y una en Yanahuara (Arequipa), gestionadas por sus respectivas municipalidades, anotan en la asociación civil Recíclame.
“Hacer obligatoria la segregación en la fuente abre una oportunidad para incrementar las inversiones en el sector, fortaleciendo la cadena de valor del reciclaje”, sostiene Sandra Alencastre, directora de asuntos públicos, comunicaciones y sostenibilidad de Coca-Cola Perú en ese sentido. Vale recordar que la firma comercializa una de sus marcas de agua en botellas 100% recicladas, un formato que le exige contar con resina de PET de segundo uso.
En Séché Group Perú, cuya casa matriz diseña, construye y opera plantas de segregación en Francia, no descartan la oportunidad. “Donde lleguen los materiales segregados, eso es posible, si los materiales llegan segregados en la fuente. Si es el camino y las buenas intenciones se transforman en una red logística que permite levantar el desarrollo industrial, en esa dirección (iremos) para acompañarlos”, condiciona Babilotte. ¿Qué niveles de inversión alcanza una planta de segregación? No existen cifras concluyentes al respecto, salvo que demanda “millones”, estima el ejecutivo.
No obstante, para que dicha inversión se concrete será clave garantizar la oferta de stocks formales de residuos reciclados en el largo plazo, indica Ricardo Echegaray, gerente general de Pamolsa. “Hoy Pamolsa compra a recolectores grandes de última línea. La idea sería que en un nuevo modelo de negocio los (pequeños) recicladores pudieran llevar los materiales a Pamolsa y aumentar la cantidad de reciclaje que se puede procesar”, indica.
Del lado de los emprendedores, como Reiser de Sinba, el desafío para ampliar volúmenes y capacidad está en la otra vereda, la de los generadores. Según explica, de acuerdo al artículo 34 del reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, los grandes productores de residuos (que superan los 500 litros al día) deben contratar un servicio de recojo y procesamiento privado, pero no lo estarían haciendo. “Lo que pasa en la práctica es que las municipalidades siguieron recogiendo. Si quieres estimular soluciones creativas tienes que hacer cumplir lo que dice la norma”, comenta y asegura que podrían hacer crecer su planta, siempre que aumente la oferta de residuos orgánicos en Lima. De momento, el plan inmediato de la pyme es adaptarse a la coyuntura. “Hemos acelerado algo que queríamos hacer hace tiempo: desarrollar una solución para hogares y lo estamos empezando a ofrecer a municipalidades”, anticipa.
DATO
- En el Perú, existen 108 mil recicladores, de los cuales el 30% es mujer según la ONG Ciudad Saludable.
¿Qué es el covid-19?
El COVID–19 es una enfermedad infecciosa que se originó en Wuhan, China. El primer caso se dio a conocer en diciembre del 2019.
El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.
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