La magnitud del desastre ambiental ocasionado por el derrame de 6 mil barriles de petróleo en el mar de Ventanilla está llevando a que el Gobierno considere fuertes sanciones legales y administrativas contra la multinacional española Repsol.
Ayer, precisamente, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, dio a conocer que el Ejecutivo está revisando los ‘contratos’ con la empresa petrolera para evaluar las sanciones que correspondan.
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“Queremos informar que nuestros procuradores están trabajando en la parte legal, para establecer responsabilidades administrativas e identificar responsabilidades penales (…) Independientemente de eso, también estamos convocando a un grupo de expertos para la revisión de los contratos que tiene el Estado con la empresa”, señalo la ministra.
¿Qué contratos son esos?
¿CONTRATO DE LA PAMPILLA?
Queda claro para la ciudadanía, que la funcionaria hacía alusión al ‘contrato’ entre el Estado y la refinería La Pampilla, instalación en donde se originó el fatal derrame de crudo.
Lo cierto, sin embargo, es que ese contrato no existe, debido a que la refinería “no es un lote petrolero, no es una concesión”, indica Gustavo Navarro, ex director general de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
“Existe un error de apreciación porque Repsol compró la refinería [por US$180,5 millones en 1996] y es la dueña de los activos. Por tanto, no hay un contrato de concesión. Lo que hay es una licencia o registro, que le da autorización para operar”, anota el especialista.
Víctor Murillo, exviceministro de hidrocarburos, precisa que la refinería de La Pampilla funciona con un registro de hidrocarburos, que es “una especie de permiso o licencia” que la habilita a funcionar.
Se trata, explica Murillo, de la misma dinámica que se aplica a los grifos, camiones y locales de distribución de combustibles, todos los cuales funcionan con un permiso similar.
“Repsol adquirió La Pampilla en los años 90, pero para poder operarla ha tenido que requerir la aprobación de un registro, que Osinergmin debe verificar continuamente para comprobar si cumple o no con la norma”, añade el exfuncionario.
La Pampilla, queda claro, no opera con un contrato, sino con un registro de hidrocarburos. ¿Pero que ocurriría con la refinería si se demuestra que Repsol incumplió las normas?
SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA
De acuerdo a Navarro, una refinería funciona como un grifo o una tienda que tiene autorización para operar bajo determinadas condiciones.
“Si no cumple esas condiciones, el municipio las puede sancionar o cerrar. Acá es igualito”, señala.
Murillo sostiene que Osinergmin está facultado para cerrar una operación de las dimensiones de La Pampilla y “quitarle el registro” si concluye, después de realizar un concienzudo análisis, que la empresa operadora ha infringido las normas técnicas en sus instalaciones.
“Eso significa que se suspende la refinería. Y no sería la primera vez que algo así ocurre porque hay una serie de grifos suspendidos, camiones [cisterna] suspendidos, locales [de combustibles] suspendidos y ahora podríamos tener [toda] una refinería suspendida”, anota.
El especialista asegura que esto puede hacerse “bajo las funciones ya previstas de Osinermgin”.
Ejemplo de ello es la paralización de actividades, ordenada días atrás por el ente regulador, en el terminal N° 2 de La Pampilla, donde ocurrió el derrame de crudo.
“Osinergmin puede hacer lo mismo con el resto de las instalaciones [de La Pampilla] si comprueba que incumplieron las normas. Tiene esa autoridad por ley”, remarca Murillo. Sin embargo, una sanción de estas características tendría sus bemoles.
LA PAMPILLA Y LOS COMBUSTIBLES
Navarro advierte que La Pampilla es la refinería más grande del país (más aún que la nueva refinería de Talara) y que su suspensión traería negativas consecuencias.
“Si La Pampilla se detiene, implicaría importar combustibles en forma masiva. Y los puertos peruanos no están preparados para que el país dependa de la importación de productos”, señala Navarro.
La Pampilla, de acuerdo a información de la misma Repsol, tiene una capacidad de producción de 117mil barriles por día. Esto es, el 45% de la demanda nacional de combustibles, que asciende a 250 mil barriles por día.
Se trata de la única refinería de petróleo del centro y sur del país, lo que significa que de ella depende el abastecimiento de combustibles en Lima, el Norte Chico, Huancayo, Ica, Ayacucho y demás regiones sureñas.
Navarro anota, además, que si el Gobierno revoca la licencia de Repsol, no podría conseguir rápidamente otro operador, porque la refinería seguiría siendo propiedad de la petrolera española.
“Ellos solo estarían impedidos de operar, pero no dejarían de ser los dueños de la refinería”, precisa el especialista. Por tanto, sería Repsol el único que podría decidir si cierra o vende su propiedad.
Cabe señalar que la petrolera española tiene tres contratos firmados con el Estado peruano: el contrato del lote 56, el del lote 57 y el del lote 88. Todos ellos productores de gas. Ninguno está relacionado con la refinería La Pampilla.