El Ministerio del Ambiente dispuso hoy la paralización de todas las actividades de carga y descarga de hidrocarburos por vía marítima a cargo de la petrolera Repsol, empresa investigada por el derrame de más de 11 mil barriles de petróleo en el mar de Ventanilla.
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Esto, mientras la empresa española “no brinde las garantías técnicas de que no se va a volver a producir otro derrame en el mar de todos los peruanos”, señaló el ministro Rubén Ramírez. ¿Qué significa esto en la práctica y que consecuencias acarrearía?
TENSIÓN LOGÍSTICA
Gustavo Navarro, ex director general de Hidrocarburos del Minem, advierte que la prohibición de importar combustibles significa, en la práctica, que la refinería de La Pampilla dejará de operar pues “recibe el cien por ciento de lo que procesa por mar”.
A su entender, esto va a poner en tensión todo el sistema logístico petrolero y portuario, pues la única forma de compensar la paralización de esta refinería será importando más combustibles (la nueva refinería de Talara no estará lista hasta abril del 2022).
“Eso quiere decir que vamos a depender, para el caso de Lima, de los terminales de Callao y Conchán; y para el resto del Perú, de los terminales de Talara, Supe, Etén, Pisco, Mollendo e Ilo”, precisa el especialista.
Y es que la paralización de La Pampilla no representa poca cosa. No solo hablamos de la refinería de crudo más grande del país, con una capacidad de producción de 117 mil barriles por día (más que la nueva refinería de Talara, diseñada para procesar 90 mil), sino de la única gran refinería que abastece de diésel y gasolinas a Lima.
En líneas generales, La Pampilla proporciona el 40% de los combustibles que se consumen en el país y el 100% de lo que demanda la capital.
“Su paralización podría dejar a Lima desabastecida, incluyendo el norte chico, el sur chico y el centro del país hasta Cerro de Pasco”, señala José Mansen, experto en seguridad de hidrocarburos.
Pero, ¿cuándo ocurriría esto?
¿PETRO-PERÚ AL AUXILIO?
Mansen estima que La Pampilla debe tener almacenado petróleo crudo para 15 o 20 días de refinación, además de productos terminados para ser comercializados en un lapso de 15 días.
“Luego de eso, podría comenzar el racionamiento, lo que alentaría la especulación y el desabastecimiento de diésel y gasolinas y, por ende, también el racionamiento e incremento de precios de los alimentos (que son transportados en camiones que consumen diésel)”, indica.
Advierte que, para aminorar este problema, el Gobierno se verá precisado a redoblar la importación de productos terminados (gasolinas) en grandes volúmenes, pero con el agravante de que no existe suficiente capacidad de almacenamiento.
De acuerdo a Navarro, esto implica que Petro-Perú y los importadores de hidrocarburos tendrán que hacer esfuerzos para “reemplazar esa parte que no estaría entregando Repsol”.
Para el Instituto Peruano de Ingenieros de Gas y Petróleo (IPIGP) se trata de una situación dramática, pues prefigura una “emergencia energética que se añade a la emergencia climática, en plena crisis política”, apunta su presidente, Freddy Morales.
Frente a esto, Petro-Perú informó el último sábado que dispone de reservas suficientes para “garantizar el abastecimiento de combustibles a nivel nacional”, como ha ocurrido en otras situaciones de grave complejidad, como en el terremoto de setiembre de 2007 en Paracas y el Niño Costero.
Como prueba de ello, la estatal señaló que en los últimos tres meses han recuperado su liderazgo en el mercado de combustibles líquidos, alcanzando una participación de 56% en gasolinas y 40% en diésel.
Nota: Al cierre de este artículo, Repsol emitió una nota de prensa expresando su desacuerdo con la resolución del Minam, considerándola desproporcionada e irrazonable. Remarcó que realizará los mayores esfuerzos para evitar el riesgo de desabastecimiento de “productos esenciales para los ciudadanos peruanos y el desarrollo del país”.
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