Sobre igualdad salarial y condiciones laborales

Un Informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre la participación laboral de las mujeres en el Perú señala que, hasta antes del inicio de la pandemia, las mujeres peruanas tenían una tasa de participación en el mercado laboral alta y estable en el tiempo, aunque con trabajos precarios y de baja calidad, debido a la informalidad laboral. El referido informe indica que “por cada 100 soles ganados por un hombre, una mujer con las mismas calificaciones y características ganaba 74.1 soles”, evidenciándose así la desigualdad salarial existente en el Perú.

En el 2017 se publicó la Ley 30709 con la finalidad de prohibir la discriminación remunerativa entre varones y mujeres. Sin embargo, como todas aquellas normas que imponen obligaciones a las empresas, la Ley 30709 es cumplida por empresas del sector privado que operan en la formalidad, quedando así fuera del ámbito de protección de la referida ley una gran mayoría de trabajadoras en el país (la tasa de informalidad en el Perú es del 78%).

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En una medición efectuada por el Banco Mundial en el 2021, donde analizaron cómo afectan las leyes a las oportunidades económicas de las mujeres, el Perú obtuvo un puntaje de 95 sobre 100. El Perú también obtuvo un puntaje favorable en el Women ́s Workplace Equality Index , al ubicarse en el puesto 34 de 189 países a nivel global y en el puesto 6 en América Latina y el Caribe, dentro de un ránking que analiza obstáculos legales formales para la participación laboral de la mujer.

Se observa que si bien el Perú cuenta con regulación que promueve (o no obstaculiza) la participación laboral de la mujer, no se obtiene la misma evaluación si se comparan las condiciones laborales que experimentan las mujeres en comparación con los hombres en el empleo. Y ello se debe, principalmente, a la gran brecha salarial todavía existente entre hombres y mujeres y a la baja proporción de mujeres que ocupan puestos profesionales o técnicos, pese a los más de cuatro años que han transcurrido desde la vigencia de la Ley 30709.

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Es tarea del Gobierno establecer una regulación que promueva la participación laboral de las mujeres en igualdad de condiciones, pero sobre todo la implementación de políticas públicas enfocadas en reducir la informalidad laboral, que permitan que la regulación laboral que busca promover la igualdad de hombres y mujeres sea realmente efectiva.

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