Las Bambas: Estallido social en el corredor minero hace sonar las alarmas de conflictos

El bloqueo del corredor minero del sur a la altura de Yavi Yavi (Cusco) tiene en vilo al Gobierno y a la minería.

Desde que los comuneros de Las Bambas (Apurímac) obstruyeron la vía hace 49 días, la mina ha dejado de despachar concentrados de cobre por valor de US$294 millones (US$6 millones diarios), privando al gobierno de Apurímac de S/41 millones en regalías.
Sin embargo, la producción de la unidad minera aún no se ha visto impactada. 

►¿Qué tan graves son los conflictos sociales para la minería?

►Resolución de conflictos sociales costaron al menos US$270 mlls. en últimos 15 meses
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“Hasta ahora, el proyecto está en observación por el mercado del cobre, pero si el bloqueo se extiende 10 días más el foco global se pondrá allí”, anota Juan Carlos Guajardo, director de la consultora chilena Plusmining.

¿Por qué este plazo? Luis Rivera, ex CEO de Las Bambas y presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, explica que las grandes minas tienen dos meses de autonomía para almacenar concentrados in-situ. Eso significa que el inventario de mineral en Las Bambas se agotará la próxima semana y el conflicto empezará a pasar factura a la unidad minera.

“Las Bambas produce 400 mil toneladas anuales de cobre, que representan el 2% de la producción mundial. Su detención se hará sentir en la cotización y la oferta de cobre”, advierte Rivera.

Las Bambas se convertirá, así, en un conflicto de escala global.

LAS BAMBAS Y EL OLEODUCTO

Los sucesos en Yavi Yavi han puesto nuevamente sobre el tapete la amenaza de la conflictividad social en minería, un problema que había pasado desapercibido en los últimos años. “Los inversionistas nacionales e internacionales están mirando con preocupación el tema”, apunta Víctor Góbitz, CEO de Buenaventura.

Según una reciente encuesta de percepción minera elaborada por el BCR, los conflictos sociales vuelven a ser considerados la principal amenaza para los proyectos mineros, por encima de las demoras en el otorgamiento de permisos y los problemas de financiamiento.

Asi lo refrenda la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

“En lo que va del año, vemos con preocupación una creciente espiral de conflictividad, que tiene dos expresiones principales: la rotura del Oleoducto Norperuano en Mayuriaga y el bloqueo de Las Bambas”, remarca Pablo de la Flor, director ejecutivo de la SNMPE. 

¿Son estos casos aislados o parte de un cuadro más grande?

ALARMA EN EL CORREDOR

El último reporte semestral del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú muestra que la conflictividad en el 2018 fue “de baja intensidad”, pero con un sesgo al alza en el último trimestre.
Lo visto en los últimos meses sugiere que esta tendencia se está intensificando.

“El 2019 no será el mismo escenario del 2018. Claramente, la tendencia de los conflictos sociales es al alza”, advierte José de Echave, director de la asociación civil CooperAcción. 

Señala, como casos visibles, el reciente paro en Bambamarca (en demanda de la remediación de pasivos ambientales) y el descontento en el Cusco y Apurímac, donde no solo MMG Las Bambas enfrenta problemas, sino también Glencore (proyecto Coroccohuayco). 

En su opinión, estas mechas pueden prender y complicar el panorama en el corredor minero del sur, alrededor del cual se tejen proyectos de cobre y hierro por no menos de US$12 mil millones.

De hecho, la Defensoría del Pueblo ha contabilizado seis casos de conflictos activos en el área de Las Bambas (el último, en Paruro) y ocho a lo largo del corredor minero.

De ellos, dos corresponden a proyectos programados para iniciar construcción este año, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM): Tía María y la ampliación de Antapaccay-Coroccohayco, mencionada anteriormente.

¿A qué se debe este resurgimiento de la conflictividad?

¿Y DÓNDE ESTÁ EL ESTADO?

Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, apunta que los conflictos sociales no se están incrementando (hubo 362 en el 2010 versus 179 este año), sino creciendo en virulencia.

“Los conflictos sociales nunca han dejado de ser importantes. Lo que ocurre es que cuando se presentan casos con niveles altos de violencia, los empresarios recuperan el interés”, explica.

Ese parece ser el caso con el Oleoducto Norperuano y Las Bambas, operaciones que comparten un nexo en común: se ubican en áreas con clamorosa ausencia del Estado, circunstancia que tiende a radicalizar los conflictos.

Los empresarios mineros coinciden es que el diálogo es necesario para resolver estos problemas, pero sin sacrificar el estado de derecho, acota de La Flor. 

La preocupación es que el Gobierno suscriba acuerdos que “sienten precedentes perversos”, como los firmados en Mayuriaga (Loreto), que premiaron con oportunidades laborales a los nativos que provocaron la rotura del oleoducto. 

“La minería está atenta, porque Las Bambas sentará un precedente que será una lección para todos, para bien o para mal”, observa Góbitz.

Están en juego la autoridad del Estado, la paz social en los proyectos mineros y el interés de invertir de las empresas

►LAS BAMBAS: DEL CIELO AL DESCONCIERTO

Breve historia del conflicto socio-económico en el proyecto más costoso de la minería peruana. Opinan expertos.

Las Bambas fue considerado un modelo de desarrollo sostenible hasta el 2014.

Ese año, la minera chino-australiana MMG adquirió el proyecto a la suiza Glencore (por US$10 mil millones) y procedió a realizar una modificación importante al EIA, de la que devienen muchos de los problemas actuales: canceló la construcción del mineroducto, que iba a transportar el mineral desde la mina hasta el puerto de Matarani, e incluyó, en su lugar, la opción de una carretera.

Desde entonces, la aparente concordia entre la empresa y los comuneros comenzó a diluirse, a pesar de los cientos de millones de soles que MMG entregó a los comuneros a cambio de sus tierras (S/1 millón a S/2 millones por persona).

La población del área de influencia de Las Bambas no se opone, sin embargo, a la minería. Solicita más beneficios: US$32 millones por las 39 hectáreas de su propiedad que atraviesa el corredor minero en el Cusco. 

“Acá no hay un conflicto cultural ni social ni ambiental. Es una situación puramente económica”, remarca Víctor Góbitz. Se trata, en efecto, de un conflicto socio-económico, azuzado por agentes foráneos, reconoce José de Echave. 

“El Estado debe saber identificar y separar las agendas legítimas de las comunidades, de las ilegítimas, caso de las que defienden los hermanos Chávez Sotelo (asesores de los comuneros de Las Bambas), que solo buscan obtener un porcentaje de las ganancias de las negociaciones con la empresa”, remarca.

¿Qué hacer para que no se repitan casos como este? Rolando Luque apunta que el Adelanto Social, planteado por el MEM, puede ser de mucha ayuda para cortar este círculo vicioso.

“El adelanto social proveerá servicios de salud, educación e infraestructura a las comunidades del área de influencia de los proyectos mineros. Esto tendrá el efecto de evitar que las comunidades exijan a las empresas lo que es responsabilidad del Estado”, refiere.

La Defensoría advierte que el conflicto volverá a prender si no se atienden los problemas de fondo, por eso propone un plan de desarrollo integral para el corredor minero, que viabilice los más de US$12 mil millones en inversiones mineras que están en juego..