(Foto: El Comercio)
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A pesar de que las no son personas, la ley trata a las compañías como tales bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando delinquen. Obviamente, no pueden ser puestas en prisión o castigadas como las personas, pero pueden ser afectas a fuertes multas económicas, perder la licencia o ser reguladas de tal forma que las terminen destruyendo. Con ello se afecta todo el entorno de la empresa: el personal, los proveedores, los bancos y toda la actividad económica que gira alrededor de la empresa y que poco o nada tiene que ver con la razón del delito y menos del castigo.

La historia del mundo corporativo está llena de situaciones similares. La lista de empresas o corporaciones que se han declarado culpables de uno o varios es inmensa, incluyendo muchas de gran prestigio logrado a través de los años. El caso emblemático es el de Siemens, reconocida empresa alemana, que fue multada por más de US$1.500 millones por delitos de y iniciados a finales de lo 80 y hasta la primera década de este siglo. Financiaron campañas presidenciales y sobornaron a funcionarios públicos en los países en que actuaban. Lo ilícito de sus actividades se destapó con escándalos en Japón, Grecia, Argentina, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica. Fue parecido al Caso que hoy nos toca conocer a los peruanos.

El escándalo removió, como era de esperar, a toda la clase ejecutiva de la empresa y obviamente al directorio, que fue acusado y procesado. Como consecuencia, la empresa se comprometió públicamente a adoptar un comportamiento ético distinto. Adoptó una cultura gerencial de cumplimiento ético y de transparencia desde la más alta gerencia. Fue un esfuerzo de años y hoy Siemens es una compañía exitosa, reconocida por el mundo como una empresa de correcto proceder.

Este caso es importante porque, a partir de este escándalo, se genera una serie de cambios en el ámbito legislativo de los países y en el comportamiento de las empresas. En Alemania, se permitía en los 80 deducir como gasto para el pago de impuestos los pagos realizados a gobiernos extranjeros, práctica que en cierta forma llevó a Siemens al caos que comentamos. Hacia finales de los 90, los países miembros de la OCDE adoptaron una serie de regulaciones para impedir que esas prácticas se repitan en el futuro. Lo mismo hace el mundo corporativo creando al interior de su estructura organizativa una serie de mecanismos que prevengan consecuencias ilegales en su comportamiento. Hay muchas empresas del mundo moderno que, con responsabilidad, adoptaron por iniciativa propia modelos de prevención, sin la necesidad de que fuera obligatorio.

Es obvio que muchas otras no lo hicieron y hoy a nosotros nos toca vivir un gran escándalo, que afecta gran parte de la actividad política y económica del país. Sin embargo, desde este año ha entrado en vigencia una ley en el Perú, en concordancia con los mandatos de la OCDE, que regula y sanciona a las empresas, pero que también permite que se exima de responsabilidad si es que cuenta con un modelo de prevención adecuado y operativo. Hoy lo conocemos en las empresas como ‘compliance’, que es el término en inglés para cumplimiento. Es decir, el proceso de hacer lo correcto, lo que se ordena para prevenir y detectar oportunamente los fraudes corporativos. Es, en esencia, el mecanismo de autorregulación de las empresas para prevenir y evitar la comisión de infracciones legales.

Lo cierto es que la empresa, independiente del tamaño que tenga, es responsable cuando cualquier persona en su nombre comete un delito. Este puede ser un abogado externo, un servicio externo de tramitación, un vendedor, un accionista, un director o un gerente. Cualquiera que use el nombre y que la acción delictiva le genere una ganancia a la empresa o le resuelva un problema. No se trata únicamente de enunciar los procedimientos, se trata en verdad de un sistema de comportamiento nuevo, de adoptar una cultura distinta, transparente, de valores y conducta, y que la misma fluya en toda la organización.

Esta organización tiene que ser capaz de poder identificar, de evaluar y de mitigar cualquier riesgo que conduzca a la comisión de un delito. Se trata de tener la difusión y capacitación permanente, pero por sobre todo, se trata de enseñar con el ejemplo. La ley hoy da la oportunidad y, si mañana existe una empresa en el Perú que corrompe, es sencillamente porque quiere.

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