Acostumbradas a convivir en una permanente guerra comercial, las ‘telco’ peruanas pelean cada cliente del mercado local como si fuese el último. De esta vorágine, que se hizo más aguda con los nuevos usos digitales que provocó la pandemia del COVID-19, hemos visto varios ejemplos en los últimos meses, algunos incluso en los fueros legales, tal como noticiamos en marzo pasado, a propósito de los procesos que Movistar y Claro iniciaron en Indecopi contra WIN, por competencia desleal, debido a esa famosa publicidad de “ya nos metieron la rata”.
Ahora, casi tres meses después y con aquellos procesos de Indecopi aún en curso, otra batalla legal entre las ‘telco’ inicia su marcha, esta vez en las oficinas del regulador, Osiptel, y enfrentando ya no a Movistar y Claro contra WIN, sino a Movistar contra Claro, y contra Entel y Bitel también.
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De esta nueva confrontación hemos tenido noticia hace dos semanas, luego de que el Cuerpo Colegiado Permanente de Osiptel emitiera una medida cautelar —consecuencia de una denuncia de Telefónica del Perú— que en resumen obliga a las ´telco’ Claro, Entel y Bitel a que no usen ningún aplicativo móvil en la venta de sus ‘chips’ para celulares, salvo que esta comercialización se haga en tiendas autorizadas o por el canal de delivery.
La medida es parte de una fuerte campaña del regulador para combatir la prohibida venta ambulatoria de ‘chips’ en el mercado ‘telco’ (que se hace a través de aplicativos móviles), y con ello reducir los índices de suplantación de identidad, y los consecuentes casos de fraude en la reposición de estos ‘chips’, en la contratación de servicios no solicitados, así como en la portabilidad y el bloqueo de equipos.
Hasta ahí, todo parece coherente. Ningún usuario avalaría que estas fechorías se sigan cometiendo debido al uso indebido de, por ejemplo, nuestras huellas digitales, cuando estas ventas ambulatorias son llevadas a cabo por delincuentes. Sin embargo, hay detalles que permiten cuestionar la decisión de Osiptel, aspectos sobre los que han puesto foco los operadores sancionados, y que han llevado a que impugnen la decisión, esta vez ante el Tribunal de Solución de Controversias del Osiptel.
TELEFÓNICA Y LA VENTA DE ‘CHIPS’
El primer cuestionamiento a la medida tiene que ver con su alcance. “La decisión se da por un reclamo de Telefónica, que indica que esta venta en la que están incurriendo los otros tres operadores está afectando su cuota de mercado, su ‘market share’ (es decir, un argumento de índole comercial). Bien, pero si Osiptel está buscando resguardar la seguridad de los clientes, ¿por qué se permite que Telefónica sí siga vendiendo a través de aplicativos (como si fueran invulnerables)?”, anota al respecto Rosa María Gálvez, directora legal de Claro Perú.
La ejecutiva añade que es Telefónica, justamente, la empresa que más casos de fraude por reposición de ‘chips’ ha reportado en el 2021 y hasta junio del 2022, según la propia estadística de Osiptel. En efecto, de acuerdo a data publicada por el regulador en su página web, durante el 2021 Telefónica registró 495 casos de este tipo de fraude, es decir, el 68% del total de casos que hubo en el mercado peruano. Y, durante el primer semestre del 2022, iba sumando ya el 69,5% de los casos.
Además, Gálvez apunta que es Telefónica la ‘telco’ que más sanciones ha acumulado precisamente por la venta ambulatoria de telefonía móvil, entre los años 2020 y hasta marzo del 2023. En ese, digamos, ‘cuestionable ránking’, Telefónica lidera la tabla con multas por S/7,59 millones; seguido por Claro, con S/6,27 millones; Entel, con S/6,09 millones; y Bitel, con S/5,40 millones.
“Telefónica del Perú es, en resumen, la empresa que más casos de fraude ha registrado por reposición y la que más multas ha recibido por la venta ambulatoria de telefonía móvil y, sin embargo, es la única a la que Osiptel le permite continuar con el uso de aplicativos para la comercialización de sus ‘chips’”, refieren desde Claro. “Pareciera que el regulador se ha comprado el pleito de Telefónica”, cuestiona Rosa María Gálvez. “La autoridad ha sido inducida a error”, prosigue.
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Sin embargo, Telefónica explica que su aplicativo móvil se mantiene operativo porque cumple con los requerimientos de Osiptel. “La app desarrollada por Movistar permite cumplir con las disposiciones del regulador. En cambio, la app de venta de Claro carece de control y por ello puede ser usada en ventas de la calle. Bastaría la voluntad por parte de Claro de usar sus herramientas de ventas solo en canales autorizados. Más parece una excusa para seguir vendiendo en la calle e incumplir la norma”, precisa Ana Claudia Quintanilla, gerenta de Regulación de Telefónica.
Sobre el alcance de la medida, Osiptel aclara a Día1 que esta no impide, por ejemplo, que las empresas puedan concretar la venta de sus servicios en todos sus puntos de comercialización a nivel nacional, siempre que estén “debidamente registrados con dirección específica”.
“Pareciera que el regulador se ha comprado el pleito de Telefónica (...) La autoridad [Osiptel] ha sido inducida a error”.
Rosa María Gálvez, directora legal de Claro Perú
“Existen más de 39 mil puntos de venta de las empresas operadoras a nivel nacional donde las ventas pueden continuar, pues todas mantienen plena libertad para seguir usando, no sólo sus aplicativos fijos de ventas, sino sus aplicativos móviles de autoactivación, además del uso en el canal de delivery”, explican en Osiptel.
En ese contexto, por si fuera poco, hay sospechas de ‘lobby’ en el ambiente. “Sabemos que Telefónica ha hecho un trabajo de convencer a Osiptel. Por [el sistema de] acceso a la información hemos pedido las visitas, los videos de las reuniones que han tenido y sí se nota una actividad previa de Telefónica con el regulador y sospechamos que ello le ha jugado en contra al ímpetu de la autoridad, que sí estaba interesada en resguardar la seguridad, y Telefónica ha aprovechado eso para vender un cuento que no se ha tomado con la precaución debida”, destaca Gálvez.
Desde Telefónica responden que tales afirmaciones de Claro califican como una difamación. Al respecto, Quintanilla señala: “Lamentamos las declaraciones de la vocera de Claro y la posición que ha adoptado esa empresa frente a la exigencia de las autoridades competentes para frenar la venta de ‘chips’ en la calle. Claro no sólo reafirma su negativa a cumplir las normas y los mandatos emitidos por las autoridades, sino que, con el afán de seguir incrementando sus ingresos a costa de la seguridad ciudadana y el cumplimiento de las normas, difama a quienes pretenden que, como cualquier otra empresa o ciudadano, cumpla las leyes”.
Además, la ejecutiva de Telefónica precisa que el desempeño que han venido teniendo corresponde a una campaña de comunicación y que contestarán con acciones legales.
“Negamos las acusaciones que tan a la ligera viene formulando Claro y afirmamos que hemos venido sosteniendo reuniones con diversas autoridades para informarles de nuestra campaña de comunicación para la venta en lugares autorizados, así como de nuestro plan de trabajo para el cumplimiento efectivo de las normas emitidas en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Reiteramos nuestra invocación a la población a que adquiera ‘chips’ en lugares autorizados y a las autoridades a que hagan cumplir las normas y sancionen de manera adecuada a quienes se resisten en abierto desacato, sin perjuicio de las acciones legales que iniciaremos contra quienes buscan afectar nuestra reputación en defensa de sus ingresos”, asegura.
"Claro no sólo reafirma su negativa a cumplir las normas y los mandatos emitidos por las autoridades, sino que, con el afán de seguir incrementando sus ingresos a costa de la seguridad ciudadana y el cumplimiento de las normas, difama a quienes pretenden que cumpla las leyes”.
Ana Claudia Quintanilla, gerenta de Regulación de Telefónica Perú
Osiptel también rechaza las insinuaciones de lobby. “Expresamos nuestro absoluto rechazo ante estas desafortunadas afirmaciones que pretenden afectar la imagen del regulador, pues plantean cuestionamientos subjetivos e infundados sobre la objetividad, imparcialidad, el profesionalismo y criterio técnico que guían todas las decisiones de nuestra institución. Nos reservamos el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes”, señalan.
“Como organismo regulador del sector, mantenemos comunicación con los diferentes actores del mercado como asociaciones de usuarios, empresas operadoras e instituciones del Estado. Y tal como lo reconocen las empresas, no sólo Osiptel, sino el Indecopi, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República [donde recientemente la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (Codeco) aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley 3481 que prohíbe expresamente, a nivel de ley, la venta de servicios de forma ambulatoria o en la vía pública, estableciendo responsabilidades administrativas y civiles para las empresas y las personas que promuevan o intervengan en dicha venta prohibida], estamos todos interesados y comprometidos con eliminar la venta ambulatoria de servicios públicos de telecomunicaciones, dadas sus graves implicancias para los derechos y seguridad de los usuarios y de la sociedad en general”, precisan.
¿UNA MEDIDA CONTRA LA TENDENCIA DE LA VENTA DIGITAL?
En este punto vale la pena aclarar, sin embargo, que es posible combatir la venta ambulatoria de ‘chips’ sin la necesidad de llegar hasta el punto de prohibir la comercialización de estos a través de aplicativos móviles. Sobre ello se ha manifestado Entel Perú.
En un comunicado público difundido la semana pasada, esta compañía ha precisado que cumple con la medida cautelar de Osiptel pero que se adscriben el derecho de “cuestionar las decisiones de la autoridad”, sobre todo considerando que “afectan los derechos de Entel”, básicamente en lo que respecta al acceso a sus servicios vía herramientas digitales “que no se relacionan con la venta ambulatoria, lo que podría generar distorsiones irreparables a la leal y libre competencia en el mercado móvil”.
Aquí también hay un cuestionamiento de Claro sobre una medida que va en contra de la tendencia de comercialización digital a la que hoy apunta no sólo el sector ‘telco’, sino la mayoría de las actividades económicas en nuestro país y el mundo.
“En nuestro sector, las ventas digitales superan el 50% de las ventas totales. A través de las aplicaciones se venden todos los servicios ‘telco’: telefonía e Internet fijo, prepago, postpago, las recargas, etcétera”, explica Rosa María Gálvez. Y añade que, por ejemplo, en el ámbito financiero, “las operaciones móviles en el mundo de la banca duplican a las de las agencias”.
Es decir, destaca: no hay necesidad de prohibir la venta por aplicativos para evitar el fraude.
Finalmente, está el problema de la brecha digital. Según Claro, en muchos casos los aplicativos móviles son la única vía para que una ‘telco’, cualquiera sea su marca, pueda ofrecer sus servicios en las zonas rurales, allá donde los pobladores no tienen ningún tipo de conexión a Internet.
En el caso particular de Claro, Gálvez precisa que, a través del sistema de Canon por infraestructura, y en colaboración con Pronatel, ellos han participado con el despliegue de redes en el proyecto Lima Región, que involucra a las provincias de Huaral, Huarochirí, Huaura, Cañete y Barranca, Canta, Cajatambo, Oyón y Yauyos. Se trata de un proyecto que beneficia a 291 localidades y 185 mil habitantes, valorizado en US$96,7 millones.
“Es una red de última generación que ya se entregó, tenemos toda la zona cubierta, pero que estará subutilizada, porque no vamos a poder vender el servicio, ya que la única forma de hacerlo es vía los aplicativos”, indica la ejecutiva de Claro.
Al respecto, desde Osiptel señalan que las empresas de telecomunicaciones “pueden continuar vendiendo sus servicios (en zonas rurales) con entrega de los SIM Card en todos sus agentes multimarcas que tengan registrados, sea de manera presencial o mediante ventas por Internet, siempre que usen el mecanismo de autoactivación”.
Todo indica que esta nueva batalla ‘telco’ tiene para rato.