¿Hay presupuesto para los anuncios realizados por Kuczynski?

Las medidas de la nueva administración para cumplir sus promesas electorales y la meta de hacer crecer el PBI en 5%, a partir del 2018, enfrentan el desafío de ser aprobadas por el Congreso, del que el presidente Pedro Pablo Kuczynski solo dispondría del apoyo de la minoría.  Pero, no sería lo único relevante, según los economistas consultados por Día1.  

El presupuesto del 2017 brindaría poco margen al Ministerio de Economía (MEF) para llevar a cabo las políticas planteadas, debido a los ingresos comparativamente bajos, frente al 2015, que obtendría el gobierno, para dicho ejercicio, y al cumplimiento de las reglas fiscales, que establecen un menor techo al déficit público para los próximos años. 

Los ingresos del gobierno, en el 2017, alcanzarían entre el 19,3% y 19,6% del PBI, por debajo de los niveles del 2015, asociado a las medidas de reducción y devolución de impuestos decretada por el gobierno de Ollanta Humala en el 2014, según el BCR y el MEF. Ello, a pesar de que proyectan que, en dicho año, la economía crecería a una tasa de 4,6%. 

Asimismo, las reglas de disciplina fiscal imponen al MEF la reducción del déficit (estructural), de 2,5% para este año a 1,5% para el 2017 y de 1% para el 2018, con la finalidad de mantener la deuda pública en niveles de 25,9% del PBI. 

De esta manera, ambos componentes del presupuesto empujarían a la nueva administración a reducir sus gastos. “La situación es bastante restrictiva por el déficit que ya hay y por la caída de ingresos que hubo el año pasado, con lo cual, el margen de la nueva administración es muy poco”, dice el ex viceministro de Economía, Carlos Casas. 

El ministro de Economía, Alfredo Thorne, ha adelantado que solicitará al Congreso la expansión del déficit fiscal a 2,5% del PBI, sin embargo, tampoco le serviría de mucho, explica el director de la Maestría en Economía, Juan Mendoza. 

Dice que, según el BCR, para que la economía crezca 4,6% el 2017, el déficit (estructural) tiene que mantenerse a una tasa de 2,5% del PBI potencial, con un nivel de deuda pública de 26,6% del PBI, dado que si se disminuye tal como plantea la regla fiscal, la demanda interna disminuiría entre 1,2% y 1,8% del PBI.  

No obstante, pese al poco margen de maniobra, el presidente Kuczynski ha anunciado que adelantará las bonificaciones de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, a partir de setiembre próximo, y hará que formen parte del sueldo pensionable de dichas autoridades, lo que aumentaría, según Casas, el gasto del gobierno. 

Asimismo, el mandatario anunció que reducirá el IGV en un punto porcentual, a partir del 2017, lo que disminuirán los ingresos del próximo año, agrega Casas. 
“Es un plan bastante avezado el que están proponiendo”, dice por su parte Carlos Oliva, ex viceministro de Hacienda. 

Cuestionamientos
Oliva señala que la nueva administración corre el riesgo de que las medidas reactivadoras no funcionen y tenga que retroceder en las promesas que ha hecho, para evitar que el déficit se le dispare. “Si no hay reactivación, lo más probable es que no puedan atender muchas de las promesas que están haciendo. Si las atienden, el déficit se va a 4% o 5%”, alerta. 

Además, Oliva cuestionó que el plan de formalización del Gobierno no contemple la flexibilización laboral.  

Por su parte, Casas, afirma que la situación que enfrentan las cuentas fiscales solo permite a la nueva administración aumentar el gasto o disminuir los ingresos, pero no los dos al mismo tiempo, como se pretende con el aumento del gasto corriente y la rebaja del IGV. 

“Lo que deberían hacer es renunciar a cualquier contratación de personal y dejar de lado los aumentos de sueldos que han anunciado, al igual que la reducción del IGV. La propuesta sensata sería aumentar el gasto de inversión”, dice.  

De otro lado, Mendoza, explica que una reducción de los impuestos afectaría el gasto en inversión pública, debido a que es más complejo bajar el gasto corriente, ya que “podría armarse un motín”.  

El economista recomienda al nuevo gobierno renunciar al ‘activismo’ fiscal y destrabar proyectos privados rentables, que no requieran el desembolso del Estado. De igual manera, destrabar proyectos mineros, cuyo ‘adelanto social’ sea financiado por las empresas.   “Es un plan bastante avezado [la solicitud de aumentar el déficit fiscal a 3% del PBI potencial]  el que están proponiendo”, dice Carlos Oliva, ex viceministro de Hacienda.

“Si no hay reactivación, lo más probable es que no puedan atender muchas de las promesas que han hecho”, añade.