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Diez años han transcurrido desde que el Gobierno de Ollanta Humala otorgó la buena pro del gasoducto surperuano al consorcio Odebrecht-Enagás.
Eran los tiempos en que el Estado peruano planificaba el desarrollo del gas natural a lo grande. Muestra de ello el planteamiento del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para construir otro gasoducto, esta vez, entre Camisea y Lambayeque.
“En este momento estamos estudiando el gasoducto al norte que, probablemente, saldrá del Cusco, seguirá la ruta del valle del Mantaro y subirá hacia Trujillo y Chiclayo”, anunció Eleodoro Mayorga, ministro de Energía y Minas en aquel entonces.
Era julio de 2014, y el Minem proyectaba la construcción de más obras de infraestructura, como el ducto de Marcona hacia Matarani, con la finalidad de desarrollaruna red nacional de ductos integrada.
Una década después es poco lo que queda de esta aspiración.
Redes de acero
Bien entrado el 2024, el Perú solo cuenta con un gasoducto troncal, el de Camisea hacia Lima (TGP), y con varios gasoductos virtuales que transportan el gas natural en camiones hasta las principales ciudades del sur y el norte.
Se trata, a decir de Tomás Delgado, CEO de TGP, de algo absolutamente inusual para un país con el potencial de hidrocarburos que tiene el Perú.
Y es que nuestra Nación es la única en el mundo que tiene abundancia de gas natural pero que no ha construido una malla de gasoductos para masificar este energético, anota Álvaro Ríos, socio fundador de la consultora Gas Energy.
“Esto, que parece obvio en todo el mundo, no lo es en el Perú”, manifiesta Delgado.
En efecto, las estadísticas muestran que los países con mayor penetración del uso del gas natural son aquellos que cuentan con más gasoductos (de acero). Es el caso de Argentina, país que ha llevado este hidrocarburo al 60% de su población a través de 20 mil kilómetros de ductos; y también de Bolivia, donde el 41% de las viviendas están conectadas al gas natural gracias a una red de acero de 4 mil kilómetros.
Por el contrario, el Perú, con apenas 1.500 kilómetros de gasoductos, solo ha conseguido conectar al 25% de la población.
“Todos los países que han desarrollado el gas natural han construido tubos. No podemos pretender que en el Perú exista un solo gasoducto troncal y que el resto del país se masifique con camioncitos”, anota Luis Espinoza, ex viceministro de Energía.
Como bien explica Eleodoro Mayorga, el transporte en camiones puede sostener un proyecto de gas “cuando recién empieza o cuando se orienta a mercados pequeños” (Huacho o Huarmey, por ejemplo), pero no cuando se trata de abastecer industrias, plantas eléctricas y grandes ciudades (como Arequipa o Trujillo).
“La única manera de mover volúmenes importantes de gas natural es a través de ductos”, sostiene.
¿Por qué no se han construido, otros gasoductos troncales, como el de Camisea a Lima?
¿Subsidios o ductos?
Para nadie es un secreto que el escándalo de corrupción de Odrebecht, operador del gasoducto surperuano, trajo abajo todos los planes de construcción de gasoductos del Estado peruano.
Eso y “el menor crecimiento de la economía en estos últimos años”, precisa Mayorga.
Para Espinoza todo esto demuestra la falta de planificación institucionalizada del Estado y su dependencia del uso de subsidios (caso del Fise) para llevar el gas natural a las regiones, lo cual lleva a “olvidarnos de los ductos”.
Prueba de ello, refiere, es la insistencia de los últimos dos gobiernos en la aprobación de la ley de masificación del gas natural (P.L. 679), norma que “lo único que hace es subsidiar el transporte del gas natural a través de camiones”.
Como se recuerda, dicha iniciativa busca equiparar las onerosas tarifas de gas natural de las concesiones norte y sur (las cuales reciben gas natural en camiones) con las módicas tarifas de Lima a través de un subsidio (mecanismo de compensación) que deberán pagar los usuarios de esta última concesión.
En opinión de Álvaro Ríos, se trata de un proyecto de ley que no incentiva la construcción de gasoductos, sino que “favorece la ineficiente masificación del gas por camiones”.
A su entender, si el Perú persiste en esta línea de acción, los subsidios que pagamos todos los peruanos continuarán elevándose, ocasionando un alto costo para el país en el largo plazo.
En todo caso, comenta Espinoza, el Gobierno podría dedicar ese subsidio a construir nuevos gasoductos troncales, porque son más eficientes y abaratan las tarifas de gas natural, como ocurre en Lima e Ica.
¿En dónde debería construirse este nuevo gasoducto?
Gasoducto al sur
Los especialistas en hidrocarburos son unánimes en señalar que la región que necesita con más urgencia un gasoducto es el sur. Esto, a finde activar con gas natural (barato) las centrales térmicas de Ilo y Mollendo, que desde hace dos años vienen quemando diésel (caro) de forma reiterativa.
Hablamos de una problemática que ha costado US$3.000 millones al país por las “3 mil horas que tuvimos que prender la reserva fría debido a la crisis hídrica”, anota Martín Mejía, CEO de Cálidda.
Para El Mehdi Ben Maalla, CEO de Engie Perú, se trata de una situación insostenible para un país con nuestro potencial de gas natural y energías renovables, pues “podría hacernos perder nuestra competitividad en producción de cobre”.
Con el fin de conjugar esta amenaza el Gobierno tiene dos opciones: relanzar el gasoducto surperuano - que atraviesa selva, sierra y costa - o facilitar el tendido de un gasoducto entre Marcona y el nodo del sur (gasoducto costero).
El factor determinante, arguye Espinoza, son los tiempos de desarrollo de ambos gasoductos.
“Eso significa que el único gasoducto viable en este momento es el de Ilo a Marcona porque los ductos por la costa requieren estudios de impacto ambiental más sencillos y se construyen más rápido”, explica.
Por el contrario, el gasoducto surperuano enfrenta problemas judiciales y desafíos técnicos más complejos, por lo cual “demorará cuatro años en ser armado, pero el gas lo necesitamos con urgencia”, apunta Luis Fernández, socio de Gas Energy.
De acuerdo a estimaciones de Contugas, la construcción del gasoducto costero demandará entre 18 y 24 meses, descontando las autorizaciones y permisos.
Para desarrollarlo hay, por lo menos, un interesado: TGP, empresa que ha expresado su deseo de construir el proyecto a cambio de que el Gobierno amplie por diez años más su contrato de concesión, que expira en el 2033.
Según el Minem, se trata de una iniciativa privada, que “la empresa todavía no formaliza ante el ministerio”. ¿Pero, se trata de la única opción?
Plan de ductos
En opinión de Espinoza, el gobierno no necesita negociar nada con TGP porque existen muchas empresas que pueden construir el ducto costero.
“Lo que se requiere es armar un concurso donde todos los interesados puedan participar y se ofrezca al operador un esquema seguro de pago. Y lo mismo para el caso del gasoducto al norte”, sostiene.
Agrega que esta es la mejor opción en un contexto político como el actual, donde el Gobierno carece de fortaleza política y los ministros lo pensarían dos veces antes de fajarse en una negociación.
Por el contrario, Fernández arguye que la licitación es una mala opción porque requerirá la implementación de algún mecanismo de subsidio para remunerar al operador del proyecto por la inversión que realizará.
En lo que todos sí están de acuerdo, empero, es en la urgencia de construir más gasoductos, sobre todo, a lo largo del litoral, donde se concentra el 75% de la población.
Consultado al respecto, el Minem señaló a Día1 que es consciente de la necesidad de construir ductos principales. Por ello, aseguró que está elaborando un Plan Nacional de Ductos “a fin de que se cuente con este recurso a nivel nacional para el desarrollo económico y social”.
