María Rosa Villalobos

Más allá del problema estructural de ejecución de gasto que tenemos, a luz de las torrenciales lluvias que afectan especialmente al norte del país, algo que hemos podido ver con mucha claridad durante el primer trimestre del año es que nos hace falta lo elemental: orden.

Como lo dio a conocer EC Data, existen poco más de 2.000 entidades a nivel nacional que tienen capacidad de gasto para obras de prevención.

Sin embargo, ¿tenemos claro qué institución es la autoridad (máxima) en desastres o qué entidad centraliza y articula este tipo de acciones? Incluso, ¿hay alguna? Aunque el COEN funcionó muy bien en un momento determinado, esta institución es un ejemplo de que no solo se necesita tener las competencias, sino también un espacio visible en el accionar de las autoridades, y que estas empoderen comunicacional y operativamente a las entidades para que respondan como se espera. Sobre todo, en medio de una emergencia.

En ese sentido, y teniendo en cuenta que la prevención está bajo la lupa, el Ejecutivo ha sabido leer la oportunidad de presentar el proyecto de ley que crea la nueva Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), que dependería de la PCM. En términos de ‘timing’, la propuesta llega en medio de una revisión exhaustiva del funcionado de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios (ARCC), y de los cuestionamientos alrededor del accionar de las autoridades respecto a qué se ha hecho para prevenir en lugar de lamentar.

Aunque no se trata de una entidad que solamente se centraría en la atención de desastres, la ANIN se presenta como un gran ente centralizador de obras públicas (¿y próximamente un ministerio o viceministerio?). Y, a diferencia de la ARCC en el momento de su creación, la ANIN sí tendría independencia presupuestal y de decisión sobre las obras a construir.

Temas a analizar sobre esta propuesta: determinar en qué momento, en qué roles y en qué obras intervendrán los gobiernos subnacionales, teniendo en cuenta su verdadera capacidad de gestión; además, haríamos bien en revisar la data sobre la cual se está generando el planeamiento de la política pública.

En un mundo en el que la información es la base para cualquier estrategia, es vital que las bases de datos no solo estén actualizadas, sino también compartidas con las instituciones públicasinvolucradas. Una suerte de CIAF para la infraestructura.

La creación de una nueva institución no es garantía de que las cosas se hagan y se hagan bien, si no se revisa y diseñan los límites de acción, las tareas a realizar y la verdadera capacidad de ejecución. Recojamos lo que funcionó, y apliquémoslo.

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