La Encuesta Global sobre integridad en los negocios, desarrollada por EY hace algunos meses, nos muestra una situación adversa. En el Perú, 16% de las empresas ha sufrido un fraude significativo en los últimos dos años, frente al promedio regional de 14% y al mundial de 11%. Por otro lado, ya en el 2014 el control de la corrupción en el país era bajo (con un nivel apenas superior a 30 sobre 100) frente al promedio de América Latina y el Caribe (superior a 50) y al estándar de la OCDE (alrededor de 85).
Asimismo, 82% de encuestados señaló que prácticas como la corrupción o el soborno estaban muy extendidas entre las empresas del país (frente a 74% en la región y 38% en el mundo), aunque solo 20% reconoció al soborno como una práctica muy extendida en su sector (en comparación con 17% en Sudamérica y 11% en el mundo).
Y aunque no hay datos específicos para el Perú, a nivel mundial 1 de cada 5 menores de 35 años justifica los pagos en efectivo si así se ayuda a que la empresa sobreviva a una crisis económica, mientras que opina así solo 1 de cada 8 mayores de 35 años; es decir, a menor edad, mayor disposición a justificar el fraude y la corrupción.
En ese escenario, ¿cuáles son las ventajas de actuar con integridad? En el Perú, volviendo al reporte de EY, las principales razones son que así se logra una percepción positiva por parte del cliente, un buen resultado comercial y una percepción positiva por parte de la opinión pública; aunque el orden varía, en Sudamérica y a nivel global las tres razones se mantienen frente a alternativas como el evitar sanciones y fiscalizaciones, comparación con los estándares globales o contratación y retención de talento.
Es decir, actuar con integridad no solo es una cuestión de imagen ante el público o ante los clientes, sino que además ayuda a tener mejores resultados económicos. A nivel macro, los resultados son evidentes: sea el grupo 1 compuesto por Dinamarca, Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda y Singapur, y sea el grupo 2 constituido por Angola, Chad, Haití, Venezuela y Yemen, no hay que pensar mucho cuál tiene menor incidencia de corrupción y mayor fortaleza en sus procesos de auditoría, como lo muestra el Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial.
Lo anterior nos indica que el diagnóstico ya es conocido. Tanto que el propio sector privado, consciente de la situación, en la próxima CADE, que se inaugurará este miércoles, abordará el tema y planteará sus propuestas sobre cómo enfrentar la situación.