La desigualdad en el acceso de los peruanos a los servicios básicos en nuestro país es uno de los problemas más graves que nos ha hecho notar la pandemia del coronavirus en los últimos 14 meses. Eso, a estas alturas de la emergencia sanitaria, ya lo tenemos claro. Por ello, suele ser mejor valernos de algunas cifras para demostrarlo, y, en el servicio básico de las telecomunicaciones, hay números muy expresivos.
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Por ejemplo, vemos esa desigualdad en las notorias diferencias que tenemos para conectarnos al Internet en casa, no a través de nuestros teléfonos móviles, sino vía una conexión fija, un servicio que se ha vuelto fundamental en estos meses de encierro forzoso, porque nuestros hogares se han convertido en ‘hubs’ de conectividad, sea para el trabajo, para la escuela, para tener una teleconsulta médica, o incluso para todo eso junto y más.
Sucede que, según data publicada por el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), mientras el 81% de los hogares en la costa peruana cuenta con Internet fijo, solo el 16% tiene esa posibilidad en la sierra, y apenas un 3% accede a ella en la selva.
Vale preguntarnos, entonces, ¿cómo se están conectando los escolares de la sierra y selva a sus clases este año?, o si es posible que las atenciones telemédicas puedan desarrollarse (y masificarse) en estas regiones.
ELEFANTE BLANCO
Una alternativa para mitigar este problema hubiera sido la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), un coloso de 13.500 kilómetros que fue construido por la empresa Azteca Comunicaciones, tras haber ganado su concesión –otorgada por el Estado peruano– en el 2014, y cuyo valor supera los US$320 millones. El objetivo de esta infraestructura era, justamente, proveer de una ‘autopista de conectividad’ para las poblaciones a las que este servicio no llega.
Habría sido una solución, decimos, porque en este momento la RDNFO es considerada un ‘elefante blanco’, tan es así que, ahora, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Azteca se encuentran en un proceso para resolver su contrato, algo que debería ocurrir en julio próximo.
De acuerdo al MTC, hacia diciembre del 2020 solo el 3,2% de la capacidad instalada de esta red estaba siendo utilizada, y había generado ingresos que solo cubrían el 7,7% de sus costos, por lo que Azteca desistió de seguir a cargo de su concesión.
Así las cosas, y en tanto el Estado resuelve qué hacer con la RDNFO (algo que abordaremos en la nota complementaria a este informe), una serie de proyectos de redes dorsales regionales, y otras importantes infraestructuras, esperan en el partidor para ver la luz, con carácter de prioridad, como refiere a Día1 Álvaro Canchaya, gerente regional de Optical Networks.
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UNA LISTA DE URGENCIAS
Para tener una idea del tamaño del tejido de redes que se necesita, es útil remitirnos a un documento compartido en el 2018 por el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (Fitel), hoy convertido en el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel).
Según este ‘dossier’ (ver infografía), el Perú requiere por lo menos 21 proyectos de redes regionales, los que involucran un despliegue de 30 mil kilómetros de fibra óptica a escala nacional, y cuya implementación precisa de una inversión cercana a los US$2.000 millones.
Algunos de estos proyectos ya están ejecutados, otros encaminados, pero el grueso todavía no se concreta. ¿De qué forma llevarlos adelante, así como a aquellos que tienen el mismo objetivo?
CUESTIÓN DE PRIORIDADES
Canchaya considera que, además de resolver cómo se usará la RDNFO, hay que comenzar con la infraestructura más básica, es decir, con dotar de redes de transmisión eléctrica a los lugares más alejados, pues estas también servirían para implementar, en el mismo ‘tendido’, la fibra óptica.
Por otro lado, señala que es necesario desarrollar más sinergias entre el Estado y las empresas privadas, y anota como ejemplo el plan Vive Digital que implementó el gobierno colombiano en el vecino país, entre el 2014 y 2018, lo que les ha permitido, añade, mejorar su conectividad de forma sostenida.
Otro aspecto a resolver es el tema regulatorio, indica a su turno el gerente central de Legal, Regulatoria y Relaciones Institucionales de Entel, Nino Boggio. “Un camino es la creación de una ventanilla única de trámites para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones”, explica, y precisa que eso permitiría centralizar, en una única entidad, la mesa de partes de municipalidades, ministerios y demás entidades vinculadas a la permisilogía, bajo un sólo criterio y sin burocracia extra.
En esa línea de agilizar proyectos, desde Osiptel apuntan la importancia de repotenciar a la Red Nacional del Estado Peruano (Rednace), cuyo aporte sería vital frente a la emergencia sanitaria. Caminos hay, como vemos, lo que no hay es tiempo.
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BONNUS TRACK: ¿QUÉ FALTA HACER CON LA RED DORSAL?
Estaba previsto que se convirtiera en “el mayor salto tecnológico de las últimas dos décadas”, como la presentó ProInversión en su momento, pero en cambio, la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) se terminó convirtiendo en un elefante blanco, como la han descrito los especialistas.
Las altas tarifas que se definieron para que la usen los operadores de telecomunicaciones: desde los US$27 por megabit utilizado cada segundo (Mbps), fueron el principal escollo para el aprovechamiento de esta infraestructura, como refiere a Día1 el gerente regional de Optical Networks, Álvaro Canchaya. Así las cosas, como hemos adelantado, para diciembre del 2020 apenas si se aprovechaba el 3,2% de su capacidad.
El desenlace, en tales circunstancias, era previsible. Por eso, este 2021, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y el actual concesionario de la RDNFO, Azteca Comunicaciones, han decidido darle fin a su contrato, que debía durar 20 años, hasta el 2034. Ello debería estar resuelto en julio próximo. Luego, ¿qué futuro le espera a la Red Dorsal? ¿Tiene futuro?
UNA APP EN EL TINTERO
Hay alternativas, pero el modelo con el que se debe llevar adelante la gestión de esta infraestructura tiene que ser muy distinto al de su predecesor, explica Ramón Huapaya, socio de Derecho Administrativo y Regulación de Telecomunicaciones del estudio CMS Grau.
“Pronatel y el MTC deben enfocarse en realizar un solo proyecto de asociación público privada (APP), que sea cofinanciado por el Estado, para retomar todo esto. Además, licitarlo entre los grandes operadores de telefonía móvil, para que estos puedan desarrollarlo”, detalla el ejecutivo a nuestro suplemento. Añade que –incluso– se podría pensar en el modelo de Gobierno a Gobierno para sacar adelante esta infraestructura, y las que están en espera.
Sin desmedro de los dicho por Huapaya, Canchaya apunta que un aspecto a no perder de vista es la necesidad de sacar adelante proyectos, estatales y privados, sobre todo en las zonas rurales, justo en aquellos lugares donde no es atractivo en estos momentos invertir.
En este punto vale decir que varios de esos proyectos podrían conectarse a las ramificaciones de la Red Dorsal, para así sacarle su mayor provecho.
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