¿Qué tan viable es la propuesta de Fuerza Popular para reducir el ISC a los combustibles?

Y, más recientemente, la iniciativa de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) para reducir el precio del diésel, el combustible más consumido en el país, a través de la rebaja del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

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Así lo ha manifestado la aspirante a la presidencia en un mitin desarrollado el pasado miércoles en Loreto, región petrolera por excelencia.

“Hace unas semanas se hizo un paro nacional de transporte porque el precio del combustible en nuestro país es el más caro en toda la región. Vamos a investigar, vamos a fiscalizar y vamos a bajar el impuesto selectivo al consumo para bajar el precio del combustible”, dijo.

¿Qué opinan los especialistas en energía y medio ambiente sobre esta iniciativa?

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Manuel Pulgar-Vidal, ex ministro de Ambiente, considera la propuesta de rebajar el ISC al diésel como ‘altamente inapropiada’ por sus connotaciones negativas para la calidad del aire, en un contexto en que cada vez más países están tomando la decisión de prohibir la circulación de vehículos a diésel en sus respectivos territorios.

“El mundo está atravesando un proceso de transición para salir de los combustibles fósiles más contaminantes: primero el carbón, y luego el diésel. En ese sentido, la medida va contra la tendencia de una nueva economía del clima”, explica.

El especialista recuerda que el Perú adoptó años atrás (2007) una nueva estrategia para mejorar la calidad del aire, incrementando para ello la carga tributaria (ISC) de los combustibles más contaminantes, como el diésel.

De hecho, el Índice de Nocividad de Combustibles –que se publica bienalmente– considera a este combustible como uno de los cuatro más contaminantes del mercado local, junto al petróleo industrial, el gasohol y el turbo.

Del mismo modo, el exviceministro de Energía Pedro Gamio considera incoherente subsidiar actividades altamente contaminantes cuando “el país incrementa sus compromisos ambientales con la comunidad internacional” para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

“Me refiero al diésel, y cómo en las últimas huelgas de transporte se ha hecho lo que no se debía hacer, que es darle oxígeno a unidades viejas, que consumen principalmente dicho combustible”, anota.

TRABA A LA MASIFICACIÓN DEL GAS

La propuesta de Fuerza Popular apunta a resolver una queja puntual, que es la exigencia de menores precios por parte de los operadores de transporte y carga (buses y camiones), los principales consumidores de diésel en el Perú, con el 80% (el otro 20% corresponde al sector minero, al que no se le devuelve el ISC).

En opinión de Gamio, más útil que alargar la “vida de unidades viejas a diésel” es brindar facilidades a los operadores de estos vehículos para que puedan adquirir unidades nuevas a gas natural, que sirvan para modernizar sus flotas, reducir la contaminación y abaratar sus costos de operación.

“La estrategia tiene que pasar por usar esta necesidad de mejorar la economía de las personas, aprovechando los recursos energéticos mas baratos y menos contaminantes, como el gas natural”, advierte.

De acuerdo al especialista en energía César Gutiérrez, la rebaja o desaparición del ISC a los combustibles quitará el incentivo para que las empresas de transporte adquieran este tipo de unidades y para que los concesionarios de gas natural (Cálidda, Contugas, Quavii y Petro-Perú) inviertan en proyectos de promoción del gas natural vehicular (GNV).

Un ejemplo es la asociación entre Cálidda y Pluspetrol para promover el consumo del gas natural en el segmento de transporte de pasajeros y carga en Lima, para lo cual han destinado un fondo de US$39 millones.

El programa espera incorporar a 3 mil buses y camiones, de un universo de 146 mil con una antigüedad promedio de entre 15 y 25 años.

Estas no son, sin embargo, las únicas consideraciones contra la propuesta de Fuerza Popular. Otra, no menos relevante, es el impacto en la caja fiscal.

IMPACTO TRIBUTARIO

Cuando los gremios de transporte de Lima paralizaron el pasado 7 de abril en protesta por el alza indiscriminada del precio del diésel (37% entre setiembre de 2020 y marzo de 2021), el gobierno se vio en un serio aprieto pues el pliego de demandas venía encabezado por una exigencia exorbitante.

“Están exigiendo el 100% de la devolución del ISC ¿Qué significa eso? Que ya no pagarían el ISC. Claramente es una demanda inaceptable en este país o en cualquier país del mundo que se respete”, exclamó el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza.

Como era de esperar, la exención del pago de ISC nunca aceptada, pues el MEF había estimado que hubiera significado un costo para el fisco de S/60 millones.

César Gutiérrez ha calculado, sin embargo, que el impacto sería mucho mayor. Según el especialista, estamos hablando de US$397 millones al año por concepto de ISC y de US$71 millones por concepto del IGV asociado al ISC.

“La pregunta es: ¿Con qué monto de la caja fiscal cubriríamos eso, cuando la prioridad del Estado ahora es cerrar brechas para revertir los efectos de la pandemia de COVID-19?”, manifiesta el especialista.

Por esta razón, aconseja implementar mecanismos de competencia para bajar el precio del diésel sin tocar los impuestos.

¿Y LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA?

Otra solución, que cae por su propio peso es esperar el reacomodo del mercado de combustibles como consecuencia del ingreso de nuevos actores, como el trader norteamericano Valero, que competirá fuertemente con Petro-Perú y Repsol en la comercialización de diésel, motivando con ello una posible disminución de su precio.

“Eso es mejor que evitar el sacrificio de la caja fiscal. Y, más aún, que dar esa señal errada para el incentivo de un combustible altamente contaminante”, refiere Gutiérrez.

Para Pulgar-Vidal, el problema con este tipo de propuestas tiene su raíz en un asunto clave y es que ninguno de los protagonistas de la contienda electoral tiene una cabal idea de hacia dónde está yendo el mundo en materia ambiental.

En otras palabras, tienen poco o ningún conocimiento sobre conceptos fundamentales como la transición energética hacia una economía global verde, las energías limpias o el Precio al Carbono, empleado para desincentivar el uso de fuentes de energía altas en emisiones contaminantes.

“La propuesta de la rebaja del ISC coincide con la pobreza del contenido ambiental y climático de los dos candidatos que van a segunda vuelta. Ninguno ha tenido ninguna consideración de ese tipo. Eso no está en el discurso político y eso es peligroso para nuestro desarrollo”, anota.

En lo que va de la campaña, en efecto, ninguno de los dos candidatos presidenciales ha hecho una sola mención a la energía, solar, la energía eólica, la electromovilidad o las ciudades inteligentes. Quizás aún haya tiempo.

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