Doe Run paralizará al cien por ciento por primera vez

Sin caja y sin aliento. Así llega Doe Run Peru (en liquidación) al 2020, tras un oncenio de crisis, iniciada en el 2009 con su ingreso a Indecopi por insolvencia financiera.

Desde entonces hasta ahora, la minero-metalúrgica se había apoyado en el flujo de caja proporcionado por la mina Cobriza (Huancavelica) y en las esporádicas operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO), para pagar los gastos del proceso de liquidación.

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Pero ese escenario se habría desvanecido. El 21 de diciembre de 2019, Osinergmin dispuso la paralización indefinida de Cobriza a consecuencia de un nuevo derrame de relaves (que cobró la vida de otro trabajador).

Y hace solo ocho días, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) resolvió paralizar las actividades en el CMLO, debido a que Doe Run incumplió con constituir “las garantías correspondientes al año 2020 del Plan de Cierre” de esta unidad productiva.

¿Y LA VENTA DE LOS ACTIVOS?

De acuerdo al Minem, se trata de US$11 millones en garantías acumuladas que la minero-metalúrgica debió presentar, a más tardar, el 29 de enero del 2020 (US$1,36 millones fueron adelantadas en 2019).

Como la empresa no pudo hacerlo, funcionarios del ministerio y el Oefa se apersonaron a La Oroya el pasado domingo para verificar el cierre del complejo.

Sin embargo, la medida no se llegó a concretar porque los trabajadores señalaron no haber sido informados de la misma por el liquidador concursar Carrizales.

El temor es claro. De acuerdo a Juan Cangalaya, asesor de los acreedores laborales de Doe Run, la paralización de ambas unidades productivas echará por la borda la venta de la mina Cobriza y alejará a los posibles “socios interesados en hacer negocios con el CMLO” (el cual ha sido ofrecido a los trabajadores de La Oroya como “dación en pago” por sus acreencias).

“Estamos en un riesgo altísimo de que la liquidación en marcha se convierta en una liquidación ordinaria”, apunta Elvi Yupanqui, secretario general del sindicato de Cobriza.

Ello significaría que ambos activos se vendan casi como chatarra.

15 DÍAS DE PLAZO

Para evitarlo, los acreedores laborales y el liquidador concursal Carlos Carrizales se reunieron de emergencia ayer (17 de febrero) por la tarde con el viceministro de minas, Augusto Cauti, y el director general de minería, Alfredo Rodríguez.

De acuerdo a Yupanqui, se llegó a un compromiso: otorgar a Doe Run un plazo de 15 días para constituir las garantías para el CMLO y Cobriza, que también adeuda US$6,5 millones. En total, US$16,5 millones.

¿Cuáles serían esas garantías? En esencia, los muebles e inmuebles que posee la empresa en Lima y La Oroya. Pero habría un problema.

“Desde julio de 2019 a la fecha, Carrizales ha venido insistiendo con la Dirección General de Minería para que acepte la garantía con un paquete de inmuebles. Pero resulta que la autoridad minera se lo rechaza por cuanto cada inmueble tiene en su partida registral inscrito que su propietario está en insolvencia”, explica Cangalaya.

Según Yupanqui, la solución está en manos de la DGM. Pues son ellos los que deben determinar si los inmuebles están “libres de carga y con garantía”.