Doe Run Perú dio a conocer el reinicio de producción en su mina Cobriza (Huancavelica) cuando se cumplen 100 días del desastre ocasionado por el colapso de su presa de relaves.
Como se recuerda, el derrame inutilizó la subestación eléctrica que abastece de energía a la mina, llegando en su carrera de destrucción hasta el río Mantaro.
“La reanudación se ejecuta con el visto bueno de Osinergmin, luego del reforzamiento de los taludes de contención de la relavera, la recuperación de la subestación eléctrica (inutilizada por el derrame) y la implementación de las medidas de seguridad correspondientes”, explicó la empresa en un comunicado interno dirigido a sus trabajadores.
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Detalló que los tres meses de detención en Cobriza han ocasionado una pérdida acumulada de US$10 millones para Doe Run, además “del diferimiento de gratificaciones y salarios” de los 800 trabajadores, sacrificio que estos “han asumido”.
Carlos Carrizales, administrador concursal, explicó a Día1 que el derrame de la relavera se debió a una clamorosa falta de reinversión en la mina: US$70 millones que fueron reorientados en los últimos años a solventar las planillas de los trabajadores suspendidos del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO).
De allí, el plan del administrador, de dividir ambos activos en dos empresas separadas que emitirán acciones: Nueva Cobriza S.A. y Nueva La Oroya S.A. Se trata de una determinación que ha suscitado el apoyo de los trabajadores de Cobriza y el rechazo de los obreros de La Oroya.
PUGNA POR LA OROYA
En efecto. El pasado 9 de octubre, la Junta de Acreedores de Doe Run aprobó la separación de Cobriza, pero tuvo que posponer la separación de La Oroya debido a la férrea oposición de los trabajadores del CMLO.
En opinión de estos, el esquema societario planteado por Carrizales es un despropósito legal debido a que no todos los trabajadores desean participar de una adjudicación recibiendo acciones y porque "el mismo valor de las acciones es bastante cuestionable”, explican.
Para reforzar su posición, los obreros metalúrgicos tomaron las instalaciones de la refinería hace dos semanas, en demanda de que se les adjudique directamente este activo.
Hoy, hicieron un llamamiento a todos los pobladores de La Oroya a continuar con este medida. En vista de ello, el administrador Carrizales ha anunciado medidas judiciales.
“Nos hemos visto en la obligación de formular la denuncia correspondiente ante la Fiscalía a fin de hacer responsables por sus actos a quienes están buscando la quiebra y cierre definitivo de CMLO, atentando así contra el derecho de toda la población de La Oroya a un futuro mejor”, señaló la empresa.