Renco, del multimillonario Ira Rennert, entabla dos nuevos arbitrajes contra el estado peruano | INFORME

Entonces (julio de 2016), el tribunal arbitral desestimó una demanda de la firma estadounidense por US$800 millones, en un laudo celebrado por casi todo el Perú. Sólo la empresa del multimillonario Ira Rennert se mantuvo impertérrita.

En su opinión, la decisión del tribunal arbitral representaba una “victoria insignificante para el Perú”, pues solo resolvía un tema técnico procesal, pero no las cuestiones de fondo.

Por tal motivo, anunció que volvería a presentar las mismas demandas, pero de tal manera que estas “remediaran el defecto técnico legal que sirvió de base para el rechazo [del Ciadi]”.

Tres años y once meses después de esa declaración (julio de 2016), Renco ha cumplido con revivir no uno sino dos arbitrajes, que hoy se resuelven en otro fuero internacional: la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), en La Haya (Holanda).

“Con esto, Renco Group ha hecho valer su derecho a continuar su reclamo ante la instancia arbitral internacional, cuyo laudo se encuentra pendiente de resolver [el laudo del Ciadi fue solo parcial]”, indica un ex funcionario de la estadounidense, que no quiso ser identificado. ¿En qué consisten esto nuevos arbitrajes?

LOS NIÑOS DE PLOMO

Ha pasado desapercibido en el Perú, pero la semana pasada tuvieron lugar las primeras audiencias públicas virtuales correspondientes a los dos arbitrajes iniciados por Renco.

El primero contra la República del Perú y Activos Mineros (Caso 2019-46) y el segundo contra la República del Perú (Caso 2019-47).

Según consta en la web de la CPA, el primer arbitraje (2019-46) está relacionado con las demandas de cientos de ciudadanos oroínos, que afirman haber sido contaminados por exposición al plomo durante el tiempo en que Renco, a través de Doe Run, operó la refinería de La Oroya.

“A esta fecha, el número de demandantes peruanos en la corte de St. Louis (Missouri) asciende a más de 1,900. Las demandas individuales combinadas exceden los US$50 millones”, detalla Renco.

Edgardo Mercado, representante de los abogados estadounidenses que asesoran a los nuevos demandantes(2.800), ofrece una cifra más precisa.

Según sus cálculos son 4.000 los denunciantes, todos ellos, nacidos en los años que median entre la compra de la refinería de La Oroya por Renco y su liquidación en Indecopi.

A entender de la estadounidense, las indemnizaciones resultantes deberían ser asumidas por el estado peruano, pues así habría quedado establecido en el contrato de transferencia del complejo de La Oroya, firmado en octubre de 1997.

De acuerdo a Renco, dicho documento deja bien en claro que Centromin (hoy Activos Mineros) es el responsable de remediar los pasivos ambientales “en y alrededor” del complejo de La Oroya.

DAÑOS Y PERJUICIOS

El otro arbitraje (Caso 2019-47) engloba las restantes demandas que Ciadi desestimó por “falta de jurisdicción”.

Esto es, una serie de indemnizaciones derivadas de la pérdida de control sobre la refinería de La Oroya, incluyendo una indemnización por los costos incurridos en los arbitrajes, otra por daño moral y otra por expropiación, en caso se proceda a la venta del complejo metalúrgico.

Todo ello en cumplimiento del Acuerdo para la Promoción Comercial entre Perú y Estados Unidos, que entró en vigencia en 2009.

“Renco persigue una compensación monetaria por estas violaciones al tratado (acuerdo). Renco estima sus daños y perjuicios en cerca de US$800 millones”, indicó la estadounidense en su notificación de intención de inicio de arbitraje, el 12 de agosto de 2016.

Ambas demandas fueron admitidas por la CPA el 23 de agosto de 2018 y 17 días después (10 de junio) fue constituido el tribunal arbitral.

Lo conforman tres juristas: el alemán Bruno Simma (presidente), el argentino Horacio Grigera (árbitro designado por Renco) y el canadiense Christopher Thomas QC (árbitro designado por el estado peruano).

¿AMENAZA A LA INVERSIÓN?

De acuerdo a especialistas consultados para este informe, los arbitrajes reiniciados por Renco vuelven a revivir también los miedos que ensombrecieron todos los procesos de venta de la refinería de La Oroya antes del 2016.

“En el terreno de la atracción de inversiones, los arbitrajes tienen el efecto de ahuyentarla. Entre 2012 y 2016 ahuyentó a cuatro mineras del centro del Peru y en el 2016 desalentaron el interés de la china Greenovo. Deduzco que en 2020 ese efecto persistirá”, advierte Juan Cangalaya, ex asesor de los acreedores laborales de Doe Run.

Carrizales, liquidador concursal de Doe Run, inició el pasado 11 de junio el proceso de dación en pago a los trabajadores y extrabajadores metalurgistas, con una firma simbólica transmitida por videoconferencia.

Para que la dación en pago tenga éxito, sin embargo, se requiere la firma de los 3.500 operarios y ex operarios del complejo metalúrgico.

Hasta la fecha, solo 1.400 habrían aceptado.

Carrizales ha señalado que el resultado de la recolección de firmas se conocerá en un mes. Si tiene éxito, los trabajadores se convertirían en propietarios de la refinería. Pero, ¿de dónde vendrá la inversión para reflotarla?

Desde hace meses, los acreedores laborales están en búsqueda de un socio inversionista. ¿Encontrarán uno en plena pandemia del COVID-19 y con dos arbitrajes perfilándose en el horizonte?