La próxima víctima, por Alek Brcic Bello

Primero fueron los peajes, luego el sistema privado de pensiones, hace unos días aprobaron por insistencia la ley que sanciona la especulación y el acaparamiento. Ahora, el Congreso ha decidido ir contra las moras e intereses del sistema financiero (y viendo la cantidad de iniciativas presentadas hasta el momento, después será el turno de los alquileres y las universidades).

La estrategia es la misma que en los casos anteriores: un bombardeo de proyectos de ley presentados por distintas bancadas que seguramente terminará en un texto sustitutorio aprobado de manera acelerada en el Pleno. Para los intereses bancarios, ya son más de 20 las propuestas presentadas.

MIRA: Malas relaciones: Desencuentros entre el Ejecutivo y el Congreso por leyes polémicas

¿Y qué busca el Legislativo? En líneas generales, los proyectos apuntan a que se condone el pago de intereses y moras cobrados por entidades financieras hasta varios meses después de que termine la emergencia sanitaria. Esto involucra a todo el abanico crediticio (préstamos personales, hipotecarios, créditos a pymes y un largo etcétera).

La intención de los parlamentarios probablemente sea buena. Finalmente, lo que se quiere es ayudar al bolsillo de las personas ante una coyuntura complicada. El problema, sin embargo, es que una vez más el Congreso está pensando en el corto plazo (no importan las consecuencias si se puede conseguir un aplauso rápido que aguante hasta las elecciones del próximo año). Eso, o los parlamentarios que apoyan estas iniciativas no tienen idea de cómo funciona el sistema al que quieren regular (porque no es que los intereses se traduzcan directamente en ganancias para las empresas financieras).

Un banco o una caja no es sostenible si solo cobra el capital que presta. Es en los intereses donde consigue el dinero para sus gastos (planillas, depósitos a plazo fijo, costos operativos). Son tan relevantes los intereses cobrados que, según Asbanc, representan el 81% de los ingresos para los bancos, el 96% para las cajas municipales y el 98% para las cajas rurales. Si el Congreso les corta la opción de cobrarlos, elimina la principal fuente de ingresos para este sector.

Esto, a su vez, tendría dos consecuencias. Por un lado, sin poder cobrar intereses, la lógica del negocio crediticio pierde sentido. Con esto, la oferta desaparece y sin créditos disponibles la reactivación económica se hace imposible.

Por otro, condonar los intereses por un tiempo prolongado llevaría a muchas de estas empresas a quebrar en pocos meses (y esto no es una exageración si se toma en cuenta que en algunos casos se elimina hasta el 98% del total de ingresos). Esto se traería abajo a muchísimas otras empresas en el camino como avalancha.

Ahora, no es tampoco que los bancos y entidades financieras sean indiferentes a la situación que atraviesa el país. Todo lo contrario. Por iniciativa propia, hasta inicios de junio estas empresas han reprogramado casi 9 millones de créditos (lo que equivale al 35% de la cartera total de créditos y por un monto superior a 17% del PBI del país).

Nuevamente el Congreso pone al Perú en una situación de riesgo por querer ayudar durante la pandemia. El problema es que el costo de esta buena voluntad terminará afectando a los 10 millones de usuarios del sistema financiero (entre los que se incluye, además, a los distintos niveles de gobierno). Todo esto, al final del día, solo hará mucho más difícil de solucionar una crisis económica ya de por sí bastante complicada.

TE PUEDE INTERESAR

• Reactiva Perú: ¿Cuáles son los nuevos montos y garantías para los créditos a las Mypes?
• El reto de transformar los bancos ante la crisis del COVID-19, según el BCG
• Ley sobre peajes en el TC: estos son los argumentos del Gobierno para señalar su inconstitucionalidad
• Exoneración de intereses: ¿Por qué los proyectos del Congreso perjudicarían a aquellos con cuentas de ahorro?
• Scotiabank: “Fondo mutuo de corto plazo tiene una rentabilidad anual de 2,88%”