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De forma discreta, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) publicó en su portal web el informe final de la comisión de alto nivel encargada de proponer reformas para el mejor desarrollo de la minería. Nos referimos a ese mismo informe que el país esperaba con expectación meses atrás, cuando el conflicto en torno a Tía María ocupaba todos los titulares.
Lamentablemente, las necesidades de la lucha contra el COVID-19 han disipado esa expectativa.
Sin embargo, la pandemia no explica la demora previa del Gobierno en publicar el esperado documento, pues este le fue entregado el 13 de febrero, cinco semanas antes de la declaratoria de emergencia nacional.
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Hablamos de un retraso de cuatro meses, precisa el economista Gonzalo Tamayo, miembro del grupo de trabajo.
Pero, ¿qué es lo que propone el informe?
DIAGNÓSTICO MINERO
Quienes han leído el frondoso documento –125 páginas – concuerdan en que es un ejercicio ambicioso, rico en información y confeccionado con mucho empeño.
En esencia, explica el geólogo Miguel Cardozo, el documento reconoce nuestra gran dependencia económica del sector minero, pero también la manera desastrosa en que los procesos vinculados a la minería son manejados por la administración pública.
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El presidente Martín Vizarra anunció en Perúmin 2019 (setiembre) la creación de la comisión de alto nivel para la reforma de la minería.
Según el Banco Central de Reserva del Perú, los procedimientos administrativos mineros se han multiplicado vertiginosamente, desde apenas 12 en 2001 a 265 en 2016, llevando al entrampamiento de muchos proyectos mineros.
Del mismo modo, el informe reconoce la necesidad de actualizar la Ley General de Minería, documento con casi 30 años de antigüedad, que ha quedado desfasado para los requerimientos de la minería moderna.
“Los planteamientos de la comisión coinciden en gran parte con las preocupaciones que hemos manifestano al Gobierno en la Mesa Ejecutiva Minero-energética”, apunta Pablo de La Flor, director ejecutivo de la SNMPE.
El análisis efectuado por la comisión de alto nivel, dicen los especialistas, es impecable. Pero otro sería el caso de sus propuestas.
¿UNA OPORTUNIDAD PERDIDA?
Marcial García, experto en tributación minera e internacional de EY, opina que se ha perdido una gran oportunidad de pulir la legislación tributaria.
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El arbitraje que Cerro Verde ha entablado al estado peruano se origina por una norma tributaria confusa. Un aspecto que la comisión de alto nivel para la reforma minera no habría abordado (Foto: SNMPE).
“Yo esperaba propuestas más concretas, considerando que las normas tributarias mineras tienen 30 años y que fueron diseñadas para una realidad muy distinta a la que vemos ahora”, señala.
A su entender, las recomendaciones de la comisión son muy generales y evitan entrar en precisiones, cuando lo cierto es que ‘el diablo está en los detalles’.
Prueba de ellos es la controversia entre la Sunat y Sociedad Minera Cerro Verde, originada por la oscuridad de una norma tributaria, que está llevando al país a un nuevo y costoso arbitraje.
De similar opinión es Epifanio Baca, consultor independiente del Grupo Propuesta Ciudadana.
El economista considera bastante útiles los aportes de la comisión y, de hecho, resalta que esta haya tomado en cuenta dos iniciativas de carácter tributario propuestas por la asociación civil: la adopción de medidas anti-elusión y el fortalecimiento de los sistemas de revisión (para evitar prácticas de subvaloración en el envío de concentrados).
No obstante, concuerda en que las recomendaciones del grupo de trabajo tienen un caracter muy general, un resultado que reflejaría la dificultad de consensuar los diferentes puntos de vista de sus integrantes.
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De acuerdo al geólogo Miguel Cardozo, las propuestas de la comisión de alto nivel no resuelven los problemas regulatorios que dificultan la exploración minera.
EXPLORACIÓN MINERA
Una prueba de esto, en opinión de Miguel Cardozo, es el acercamiento de la comisión al problema regulatorio en la exploración minera.
En este apartado, señala, el grupo de trabajo da un paso adelante al sugerir que la Ficha Técnica Ambiental (FTA) sea de aprobación automática, pero mantiene la consulta previa para los proyectos de exploración inicial y también el silencio administrativo negativo.
“Reconozco que el informe tiene una mirada muy integrada y balanceada respecto de la importancia de la minería y la necesidad de corregir las ineficiencias del estado, pero cuando entra a las propuestas concretas todo se relativiza”, anota el geólogo.
Como se recuerda, la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible estaba conformada por ocho profesionales de distintas esquinas ideológicas: Roxana Barrantes (presidente), Isabel Calle, Carlos Herrera Descalzi, Diego Macera, José Luis Escaffi, Iván Lanegra, Paulo Vilca y Gonzalo Tamayo.
Fue creada el 23 de setiembre del 2019 (Resolución Suprema N° 145-2019-PCM) tras los fuertes reclamos de los gobernadores regionales del sur, deseosos de reformar la Ley General de Minería.
Puede leer el informe de la comisión aquí.
