Loreto en crisis: ¿qué motiva el ataque a las operaciones petroleras?

Para asegurar que sus demandas se escuchen, los activistas indígenas se movilizaron también hacia el lote 95 (Petrotal), forzando la paralización del yacimiento y de toda la actividad petrolera en Loreto.

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Puesto en la estacada, el Gobierno procedió a desempolvar el Plan de Cierre de Brechas (para las cinco provincias loretanas con actividad petrolera) anunciando su relanzamiento con un llamativo presupuesto de S/600 millones (28 de agosto).

Sin embargo, el anuncio no satisfizo a las federaciones indígenas de las cuencas petroleras. Un mes después, grupos armados volvieron a tomar por la fuerza la Estación 5, denunciando incumplimiento en los acuerdos asumidos. ¿Por qué los pueblos indígenas siguen en pie de lucha? ¿Los motivan intereses subalternos o legítimas demandas?

ABANDONO DEL ESTADO

Desde Lima, muchos observadores han visto la serie de levantamientos en Loreto como un capricho o una estrategia para sacar dinero a las empresas y el Gobierno.

Carlos Paredes, ex presidente de Petro-Perú, no está de acuerdo. En su opinión, los loretanos tienen demandas que son justas, pero se enfrentan con una realidad objetiva, y es que el Estado está ausente en Loreto.

“Durante décadas, el Estado ha sido incapaz de proveer los bienes y servicios básicos que la población loretana reclama. Entonces ¿cómo se hacen notar? Lo único es tomando acciones contra las empresas petroleras, ya sea que se trate de Petro-Perú o de privados”, explica.

El blanco escogido no es gratuito. Las organizaciones indígenas conocen muy bien que la producción de petróleo es la principal fuente de empleos, ingresos fiscales y movimiento económico de Loreto. De allí sus ataques contra la infraestructura petrolera, una estrategia “que deslegitima sus reclamos”, según Paredes.

Sin embargo, el Estado no ha actuado mejor. Frente al conflicto, su respuesta ha sido siempre la misma: ir a la selva, hacer promesas y luego desaparecer.

Un ejemplo es el Plan de Cierre Brechas, iniciativa lanzada por el premier Salvador del Solar en 2018, reiterada por el premier Vicente Zeballos en 2019 y relanzada por Walter Martos en 2020, sin resultados tangibles hasta la fecha.

“La consecuencia de esto es que el Estado no solo ha perdido presencia, sino también legitimidad. Entonces las comunidades se sienten engañadas con justa razón y eso exacerba los conflictos”, apunta Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH).

En este contexto, el COVID-19 llegó para recrudecer la sensación de desamparo de los loretanos y también la conflictividad social.

IDIOSINCRACIA Y CANON

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, Loreto registró en agosto pasado el mayor número de conflictos socioambientales de su historia reciente: 17.

Silvana Baldovino, especialista de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), anota que la pandemia ha evidenciado en su forma más cruda las carencias de salud y educación de la población loretana, así como la brecha cultural entre el mundo amazónico y el resto del país, lo que conduce a un “diálogo en condiciones de inequidad”.

“Considero que el poco entendimiento de la realidad o visión de los pueblos indígenas [por parte de Gobierno y empresas] genera que los conflictos se incrementen y no se encuentren salidas claras”, señala.

Liseth Manrique, directora de la consultora ambiental GEMA, apunta otra explicación. A su entender, la raíz del problema se encuentra en la atomización del canon petrolero en Loreto, que impide que este recurso llegue al grueso de la población.

Esto se debe a la particular manera en que el canon se reparte en la región selvática. Así, mientras regiones como Piura y Ucayali destinan el 70% del canon a los municipios donde se realiza la actividad petrolera, Loreto solo asigna el 40%.

Como consecuencia, hay poco dinero para distribuir. “En el caso de Puhinahua (sede del lote 95) el municipio destinó S/ 141 mil de los S/184 mil que recibieron por canon en 2020 a estudios de preinversión. Cabe preguntarse: ¿cómo se construirán las obras con tan pocos recursos?”, pregunta Manrique.

MODELO DE GESTIÓN

Las federaciones indígenas (Orpio y Aidesep) han dejado en claro que no permitirán que el Gobierno las siga ‘meciendo’. El plan de brechas de S/600 millones no los impresiona porque ignora su aspiración de participar en la ejecución de los proyectos.

“El D.S. 145-2020-PCM no recoge el espíritu de las organizaciones indígenas, quienes plantearon una institución como unidad ejecutora de carácter excepcional, que gestionaría la implementación del plan con participación directa [de las federaciones] en la toma de decisiones”, advierten.

Para Carlos Paredes, esta exigencia es inadmisible. “Los loretanos pueden tener un enorme rol en decidir qué se va a hacer dentro de un plan de brechas identificadas, pero no pueden imponer los proyectos. El dinero debe ser para obras de agua, desagüe, electricidad y salud, no para plazas de armas ni monumentos al tucán”, señala.

Frente a esta disyuntiva, la SPH propone implementar un modelo de gobernanza que garantice la ejecución de los proyectos de inversión en los plazos programados.

En su opinión, ese modelo debe ser el empleado en los Juegos Panamericanos. "Si eso se consigue - arenga Cantuarias - se enviará una señal clara a los indígenas loretanos de que, esta vez, sí se pasará de las promesas a la acción real.

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